C.C.E.E.U

La negación de los derechos políticos a la participación, a la organización autónoma de las comunidades, a las libertades de expresión, movilización y a incidir en los destinos políticos de la nación, de las comunidades y los territorios ha constituido uno de los principales factores que han motivado y han hecho que se mantenga y se reproduzca el conflicto armado por casi 5 décadas. Por esta razón, la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos (CCEEU) considera que las reformas políticas que permitan ampliar la democracia, profundizar y cualificar la participación política de la ciudadanía e integrar a los espacios de decisión política y de garantía eficaz de derechos a amplios sectores de la población vulnerable y excluida como sujetos y actores plenos de la democracia, constituyen condiciones no solo necesarias para cerrar la larga etapa de conflicto armado que ha propiciado una de las más largas crisis humanitarias y de derechos humanos en el mundo, sino también para sentar las bases para una paz estable y duradera.

En este propósito, la CCEEU reafirma y propone que en la consideración de condiciones para facilitar el cese del alzamiento armado de todas las organizaciones guerrilleras y facilitar el tránsito hacia la lucha política que ponga fin a la confrontación armada se consideren condiciones como las siguientes:

Las condiciones completas las puede leer dando clic aquí

En 24 de abril, ad portas del examen periódico Universal (EPU) sobre la situación de derechos humanos en Colombia, vergonzosamente el Consejo de Estado anuló la destitución del General Álvaro Velandia Hurtado como responsable de la desaparición forzada de Nydia Erika Bautista por razones de forma, al considerar que a la Procuraduría se le vencieron los términos legales para notificarle su destitución en 1995. El fallo condena a la Procuraduría a pagar al General todos los sueldos dejados de recibir desde 1995.

Esta decisión es un botón de muestra de la absoluta impunidad con la que son tratados los militares responsables de graves violaciones de derechos humanos en Colombia; así trata el Consejo de Estado los rímenes de lesa humanidad. Nefasto mensaje de burla a la justicia y a las víctimas el que envía el Consejo de Estado a la sociedad y a la comunidad internacional que hoy se reúne en Ginebra y que está recomendando garantías para que las víctimas del conflicto armado puedan acceder al derecho a la verdad y a la justicia.

Esta decisión irrespeta totalmente el fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU que condenó al Estado Colombiano por la desaparición forzada, tortura y muerte de la víctima, el Presidente Santos tiene ahora el deber de usar su poder discrecional para destituir al General Velandia, para hacer justicia, puesto que como víctimas ni siquiera tuvimos derecho a ser considerados parte en el proceso disciplinario que llevó a esta resolución, se le protege el debido proceso al General, mientras no hubo ninguna posibilidad para nosotros como familiares.

Nydia Erika Bautista militante del M-19 fue desaparecida en Bogotá el 30 de agosto de 1987 y hallada tres años después abandonada como N.N. (sin nombre) con signos de tortura y evidencias de ultraje sexual, torturada y ejecutada sumariamente. A nivel penal, el caso se encuentra en total impunidad. Ninguno de los responsables ha sido llevado a la cárcel y caminan libres sin que el peso de la justicia caiga sobre ellos, eso debe cambiar radicalmente pues constituye un pésimo ejemplo para una sociedad que busca la paz, donde deben prevalecer los derechos de las víctimas, por sobre los privilegios para los victimarios.

Fundación Nydia Erika Bautista

Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos

Entre 2002 y 2010 fueron ampliamente divulgados entre la opinión pública a nivel nacional e internacional varios miles de casos de falsas bajas de civiles reportados como si hubieran sido muertos en combate, y que en los medios y en la opinión pública fueron conocidos como “los falsos positivos”.

Estos no fueron hechos aislados ni accidentales o coincidencias sino casos masivos, que afectaron a más de 3.500 personas en ese período, cuya comisión ha sido reportada en 31 de los 32 departamentos del país, y en las que han estado involucradas la gran mayoría de las unidades de la Fuerza Pública, y especialmente del Ejército nacional. A pesar de que las bajas ficticias en combate se vienen presentando desde varios años antes, fue en el marco de la Política de Seguridad Democrática impulsada a partir del año 2002 cuando esta práctica adquirió una naturaleza masiva por su número de elevado de víctimas y generalizada en todas las regiones y departamentos del país. El análisis completo de esta situación la pueden encontrar dando clic aquí