Más de 5.800 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2000 y 2010 son la expresión de una política sistemática articulada desde altas instancias del Estado, en la cual no ha habido esfuerzos eficaces por parte del Estado Colombiano por esclarecer estos crímenes de sistema. Los más altos responsables no han sido individualizados ni vinculados a las investigaciones judiciales ni las estructuras criminales que los diseñaron, implementaron, y ordenaron su ejecución.

El año anterior, a raíz del proceso de negociación entre el Gobierno y la insurgencia adelantado en la Habana, caracterizamos la coyuntura en la cual se desenvolvía la situación de los derechos humanos en la región, como un momento particularmente especial en el cual el país y la región, tan azotada por la violencia, asistían a un conjunto de hechos indicativos de que se caminaba por el camino de la paz, perspectiva bastante plagada de obstáculos y de enemigos.

En octubre de 2007, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas declaró estar preocupado por la posibilidad de que el uso de las pistolas de choque eléctrico Taser X26 en Portugal pudiera haber constituido una forma de tortura. “Eso significa que la cosa es muy seria”, dijo Larry Cox, entonces director de Amnistía Internacional para los Estados Unidos, en un programa de la CBS. “Esta es gente que ha visto todos los tipos de tortura alrededor del mundo, así que ellos no usan la palabra a la ligera”.

Páginas