C.C.E.E.U

Las dificultades del Gobierno de los Estados Unidos para salir de la crisis económica que arrastra desde el año 2008, han llevado a la búsqueda desesperada de nuevos mercados para su sector de manufacturas y servicios. Esta búsqueda de una salida de crisis por la vía de la expansión de sus exportaciones y de nuevas áreas para sus inversiones ha estado acompañada por nuevas presiones al Gobierno de ese país para acelerar la celebración de Tratados de Libre Comercio, particularmente con Corea del Sur, Panamá y Colombia. El Tratado Bilateral con Colombia, estuvo originalmente condicionado a una mejora sustancial en la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, considerando en especial, además del tema de los ataques a los sindicalistas, a el fin de las ejecuciones extrajudiciales y la superación de su impunidad, la cesación de la persecución a opositores políticos, periodistas, magistrados y defensores(as) de derechos humanos, cese del favorecimiento y de los vínculos con los grupos paramilitares y la protección efectiva a defensores(as) de derechos humanos, líderes campesinos, afrocolombianos e indígenas.

Además de implementar un Plan de Alivio a los afectados en EEUU por el tratado (TAA), el Gobierno de Obama exigió al Gobierno de Colombia la implementación de un Plan de Acción Laboral. Este Plan considera algunas mejoras parciales en ámbitos de la regulación laboral y la protección a los sindicalistas. Pero deja por fuera temas y sectores importantes gravemente afectados por vulneraciones a los derechos humanos. Este enfoque parcial, restringido y excluyente de varios temas y sectores antesconsiderados, ha mandado una mala señal a sectores comprometidos con la violaciones a los derechos humanos en Colombia que habrían tomado nota del mensaje, ha debilitado de la capacidad de contención de la política exterior de ese país sobre las conductas propicias a la vulneración de los derechos humanos y podría desde ya estar propiciando algunas prácticas y medidas que ponen mayores riesgos y vulneración de derechos de sectores y temas que ahora se leen como exentos de las anteriores preocupaciones. Sin haber entrado en vigencia el tratado, estas señales son indicativas que lo que podría acontecer una vez ya puesto en práctica. Lea más, en el Observando n°. 13, dando clic aquí

El 7 de agosto de 2010 se dio comienzo al nuevo Gobierno de Presidente Juan Manuel Santos, el cual ha estado marcado por cambios importantes en la agenda nacional de los dh. La presencia de Angelino Garzón como fórmula vicepresidencial de este Gobierno y el tono comedido y respuestuoso que en general los digntarios del nuevo Gobierno han utilizado en sus relaciones con las organizaciones sindicales, afrocolobiananas y otras expresiones del movimiento social, incluidos los defensores de dh, han despertado expectativas sobre la ocurrencia de cambio reales en la situación que afrontan los líderes sociales y los(as) defensores(as) de dh.

La voluntad de imponer cambios significativos con relación al tema de la restitución de tierras despojadas violentamente en los años anteriores y de reparar a las víctimas de la violencia, incluidas las víctimas de crímenes de Estado, plasmadas en iniciativas legislativas presentadas al nuevo Congreso, han despertado la ilusión en amplios sectores del país de que ahora puede ponerse fin al espantoso ciclo de violencia que se han llevado a cabo en los últimos tiempos y que culminó en la toma y captura del Estado por parte de la alianza de sectores mafiosos, paramilitares y latifundistas con las fuerzas políticas que llevaron al podero del presidente Álvaro Uribe en los 8 años anteriores.

No obstante estos anuncios bien recibidos, los hechos siguen demostrando que la crisis humanitaria en el país sigue vigente y los crímenes contra los derechos humanos siguen perpetrándose sin solución de continuidad contra los líderes sociales, defensores(as) de dh, miembros de las organizaciones sociales, de mujeres, indígenas, afrocolombianos y de líderes de la población desplazada reclamantes de tierras. Lea más dando clic en la imagen.

Estedocumento se dió a conocer en la CIDH, durante una audiencia sobre el tema de defensores y fue reseñado por varios medios de comunicación. A continuación los enlaces de algunos medios:

Los condicionamientos de la asistencia militar no han sido acatados, por el contrario hay un gran retroceso frente a algunos pasos del pasado. Las ejecuciones extrajudiciales se encuentran con murallas de impunidad levantadas desde las autoridades del Estado. El paramilitarismo continúa fortaleciéndose y ocupándose de la mayor parte de las víctimas de la represión política, los asesinatos selectivos y la “limpieza social” en las grandes ciudades; sus negocios y control del Estado se han fortalecido en el último año, como se hizo evidente en las elecciones para Congreso. Los defensores de derechos humanos siguen siendo sometidos a persecución por autoridades estatales o por paramilitares a los cuales el Estado no muestra voluntad en combatir. En regiones crecientes del país, los militares controlan la vida local e imponen políticas, preceptos y presupuestos, dando prioridad y protagonismo primordial a un orden militar que desconoce la democracia local, la participación ciudadana y el papel de los sociedad civil en una sociedad democrática. Por todo lo anterior, no hay ningún motivo ni base razonable para otorgar este año la certificación en derechos humanos al Estado Colombiano. Lea más en dando clic en la imagen.

"... con la denominada “política de seguridad democrática”, se consolida esa inversión de valores, hasta el punto de tener amplia aceptación social; un imaginario colectivo, que está haciendo prevalecer el autoritarismo sobre la dignidad humana, aunque ello implique la violación de derechos como la vida, la integridad, la libertad en todas sus manifestaciones, la intimidad, en definitiva seguridad individual y colectiva de los asociados". Lea más dando clic en la imagen.

En mayo de 2009, después de dos años de solicitudes, la Fiscalía entregó a la CCJ el listado de los 1.303 casos que estaba investigando para ese momento, y que según la primera se refieren a 1.546 víctimas que hacen parte de los procesos de investigación que esta institución está llevando a cabo sobre los crímenes contra sindicalistas en 28 fiscalías de nueve ciudades del país. Un importante dato que omitió la Fiscalía fue qué violación sufrió la víctima. Lea más dando clic en la imagen