Bogotá, septiembre 25 de 2023
La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, red nacional de organizaciones defensoras de derechos humanos expresa su preocupación y rechazo a los ataques graves y reiterados, perpetrados en las últimas dos semanas en contra la población civil en los departamentos de Cauca, Nariño, Valle, Sur de Córdoba, Sur de Bolívar, Urabá, Norte y Nordeste de Antioquia, que han causado graves afectaciones a la vida e integridad personal de varios pobladores de estas regiones, destruido viviendas, puestos de salud y otros bienes.
Resulta incomprensible que el 20 de septiembre un día después de la firma de cese al fuego por 10 meses con el Estado Mayor Central se haya presentado un ataque indiscriminado con carro bomba en el corregimiento de Timba – Buenos Aires (Cauca) en donde fueron asesinadas la profesora afrodescendiente Luz Stela Balanta y Ardany Álvarez y más de 6 civiles quedaron lesionados, entre ellos un menor de edad; también causaron graves daños a las infraestructuras del centro de salud, un colegio, y viviendas cercanas.
El Estado Mayor Central (EMC) – Farc mediante un comunicado reconoció los hechos y propuso como medida para “reducir” las afectaciones a la población civil” la suspensión de acciones ofensivas en contra las fuerzas armadas del Estado, sin embargo, no se advierte ningún compromiso de acatar las normas del derecho humanitario, que implican suspender cualquier ataque en contra de la población civil. Con posterioridad al comunicado, el 22 de septiembre, el EMC llevó a cabo otro ataque con explosivos en la vereda Potreritos, en Jamundí (Valle) causando lesiones a 10 personas y daños a vehículos particulares, la afectación a cinco viviendas y la institución educativa Alfonso López Pumarejo.
Por su parte, las acciones de terror de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en contra de la población civil en el sur de Bolívar, Urabá, Norte y Nordeste Antioqueño se han incrementado. El 19 de septiembre este grupo realizó una incursión armada en la vereda Bocas de Chicamoqué, municipio de Segovia, donde golpearon a campesinos, saquearon tiendas y pintaron con siglas de AGC, casas, negocios y motos, provocando desplazamientos de familias aterrorizadas. El 21 de septiembre, se presentó combates entre esta estructura contra el ELN y el cuarto frente de las Disidencias de las FARC – Estado Mayor Central, en la vereda del Pescado.
El día 22 de septiembre en una segunda incursión armada esta vez en la vereda Cañaveral Chicamoqué, asesinaron al firmante de paz Benicio Beltrán Borja, y en una muestra de sevicia prendieron fuego a su cuerpo e incendiaron una vivienda. Los enfrentamientos de las AGC con el ELN y las Disidencias de en esta región ocasionaron el desplazamiento de 100 personas y 20 niños hacia el ETCR de Carrizal. Adicionalmente, hasta Altos de Manila han llegado 63 personas, entre ellas 16 menores de edad. Los paramilitares anunciaron su intención de llegar hasta Mina Nueva y dijeron que tenían un listado para asesinar a varias personas.
En la región de Urabá, el 17 de septiembre paramilitares de las AGC incursionaron en la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo en la cuenca del rio Jiguamiandó. Al día siguiente, y con connivencia de fuerzas militares, tropas de este mismo grupo paramilitar incursionaron en el centro comunitario de San Josecito en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, intimidando a la población.
En el sur de Bolívar, especialmente en los municipios de San Pablo, Simití, Santa Rosa y Cantagallo la presencia paramilitar de las AGC es cada vez más intimidatoria. En los corregimientos Vallecito, San Joaquín, Paraíso, El Diamante, Aguas Lindas y La Unión (San Pablo), el copamiento paramilitar se presenta ante los ojos de la Fuerza Pública, al punto de tener base permanente de las AGC en el corregimiento de la Unión. En las últimas semanas los paramilitares han impedido llevar a cabo brigadas oficiales de salud y jornadas de sisbenización, en el corregimiento Vallecito y han impedido a pobladores portar dispositivos celulares y telefónicos, para impedir denuncias de los pobladores. A tal punto han llegado la connivencia de estos grupos con la Fuerza Pública que la vigilancia sobre las comunidades se lleva impunemente mediante uso de drones sobre las viviendas.
El pasado 16 de septiembre pistoleros de las AGC asesinaron en Santa Rosa al comerciante y líder social Norberto Marín García en la puerta de su negocio, y han sometido a la población a la prohibición estricta de formular denuncias por las atrocidades perpetradas.
En el Norte de Antioquia más de 80 personas se vieron obligadas a desplazarse desde las veredas La Cristina y Espíritu Santo en Briceño hacia el municipio de Valdivia por enfrentamientos entre AGC y Frente 36 del EMC. Situaciones semejantes se denunciaron el 18 de septiembre en el norte de Antioquia por enfrentamientos entre AGC y grupos del EMC en las Veredas la Georgia y el Bajo Inglés en el municipio de Ituango. En el Putumayo, los enfrentamientos entre grupos de disidencias de las ex FARC vienen causando terror en la última semana entre comunidades indígenas del pueblo Siona en los Resguardos Piñuna Blanco y Buenavista.
El 10 de septiembre, el Coordinador Nacional Agrario denunció agresión por parte de la policía en Codazzi (Cesar) que dejó varios heridos y desaparecidos entre campesinos en proceso de recuperación de tierras, acción de desalojo en la que la policía había actuado con 80 integrantes de una “Brigada de Ganaderos Solidarios”.
El país ha repudiado también el secuestro colectivo y sometimiento por más de 3 horas a vejámenes a cerca de 50 pobladores e indígenas de la Vereda Bocas del Manso en Tierralta Córdoba, incluida la agresión sexual a una indígena, por parte de un pelotón del Ejército que se disfrazaron de integrantes del V Frente de las Farc. Aunque varios militares fueron separados del cargo, las denuncias evidencian que estas acciones de suplantación y atropellos a las comunidades se han venido presentando de tiempo atrás, por lo que las investigaciones penales y disciplinarias deben llegar hasta los más altos mandos que han patrocinado estos crímenes así como las reiteradas denuncias de connivencia de la Brigada XI con paramilitares del Clan del Golfo en este departamento, y no quedarse en los 10 soldados sorprendidos en esta suplantación.
Todas estas acciones evidencian la persistencia y agudización de una crisis humanitaria en el país, que a pesar de los acercamientos y conversaciones que se llevan a cabo con grupos ilegales no se han traducido en detener los graves ataques llevados a cabo de manera reiterada contra la población civil, se constituyen crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles e inanmistiables, y que por lo mismo no pueden aspirar a ser condonados en futuras negociaciones de paz.
La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos apoya firmemente los esfuerzos por buscar salidas negociadas al conflicto armado con todos los actores ilegales en el marco de la apuesta de la Paz Total del Gobierno Nacional. Sin embargo, mientras se logra una cesación efectiva de afectaciones y ataques a la población civil, el Estado Colombiano está obligado a desplegar todas las medidas efectivas para garantizar la vida y los derechos de las comunidades y los liderazgos sociales, y a recuperar bajo el control del Estado la seguridad en los territorios. Debe igualmente, garantizar que las fuerzas de seguridad respeten los derechos humanos de las comunidades, acatar estrictamente los mandatos del Derecho Internacional Humanitario, y llevar a cabo de manera inmediata una reforma profunda de las instituciones militares y de su doctrina, así como, abandonar las prácticas que consideran a sectores de la población como enemigos internos.
Aún en medio del desarrollo de las hostilidades, todos los grupos en confrontación tienen la obligación primordial de acatar las normas humanitarias y garantizar la inmunidad de los civiles, absteniéndose de cualquier ataque contra su vida, libertad e integridad. Los acuerdos sobre cese al fuego y el inicio de conversaciones o diálogos de paz no pueden seguirse presentando en medio de asesinatos de civiles y ataques a la población civil.
El avance hacia la paz, debe incluir el cese de acciones ofensivas y hostilidades entre los distintos grupos ilegales, y entre estos y las fuerzas armadas estatales. Sin embargo, los imperativos humanitarios deben anteponer cesar, en todas las circunstancias, cualquier ataque o agresión a la población civil que se encuentre en las zonas afectadas por el conflicto.
Hacemos un llamado a todas las partes y, en especial, a las autoridades estales anteponer el cese inmediato de ataques a la población civil en el camino de alcanzar acuerdos o negociaciones para poner fin a la confrontación armada que degrada la convivencia, la consolidación de la democracia y la vigencia plena de derechos en nuestro país.
Mayor información: 310 7316690
Descarga en PDF: Comunicado CCEEU 25092023
