Boletín Especial No. 8 – PANDEMIA POR VIOLENCIA SEXUAL Y VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO POR AGENTES ESTATALES

En medio de graves denuncias por la avalancha de violaciones a los derechos humanos que se han perpetrado durante este Gobierno por integrantes de la Fuerza Pública y en especial, las denuncias conocidas durante la emergencia decretada a raíz de la pandemia, se han presentado un sinnúmero de casos de violencia sexual perpetrados tanto por miembros de la Policía, como del Ejército Nacional, e incluso por miembros de la Armada.

Son ya numerosos los casos de corrupción y violaciones graves de derechos humanos, entre los cuales están los casos de espionaje y persecución por parte de brigadas de inteligencia y contrainteligencia contra defensores/as de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, magistrados e incluso militares que han estado comprometidos con el proceso de paz; la nueva escalada de casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en las cuales están implicados miembros del Ejército; las decenas de campesinos heridos o asesinados en procesos de erradicación forzada de cultivos;  los bombardeos contra niños víctimas de reclutamiento forzado con remate a tiros de los sobrevivientes; los casos de connivencia con el paramilitarismo y su consolidación en distintas regiones del país, incluso en grandes ciudades; la venta de armas y salvoconductos a grupos paramilitares y narcotraficantes; y multimillonarios casos de defraudación presupuestal y corrupción que, sumados a los números casos de abusos y de violencia sexual, muestran una profunda crisis en la conducción de la tropa, fallas estructurales en los mecanismos de supervisión y control, deficiencias en los mecanismos de ascenso y nominación de los mandos, así como graves distorsiones en la política de seguridad y defensa, en el entrenamiento recibido y en la doctrina militar, que demandan replanteamientos y la necesidad de un debate profundo y una intervención ciudadana para reformar la estructura, las políticas, la doctrina y los mecanismos de ascenso y selección de mandos al interior de las Fuerzas Militares y de Policía.

Estos hechos no son casos aislados. Los medios han documentado un informe que está bajo estudio de la Jurisdicción Especial para la Paz en el que se denunciaron 206 casos de violencia sexual que comprometieron a miembros de las Fuerzas Armadas entre 1993 y 2016[1]. Según la información, se trata de 206 casos de violencia sexual que comprometen a miembros de las Fuerzas Armadas y que dejaron 234 víctimas. De estas víctimas, el 77 por ciento fueron mujeres, el 52 por ciento fueron menores de edad y el 10 por ciento fueron indígenas. En cuanto a los presuntos responsables, en 174 casos se señalaron como responsables a integrantes del Ejército y en 32 a miembros de las otras Fuerzas Militares o la Policía. El informe denuncia que, en muchos casos, el traslado de las militares dificultó y en algunos casos impidió a las autoridades identificar a los responsables, lo que podría calificarse como obstrucción a la justicia.

Según informes del gubernamental Centro Nacional de Memoria Histórica, la mayor responsabilidad en casos de violencia sexual en marco del conflicto armado en Colombia se radica en los grupos paramilitares con 4.837 casos[2]. La connivencia y tolerancia de la Fuerza Pública con estos grupos, cuya expansión siguen favoreciendo, genera una responsabilidad indirecta del Estado y de los mandos militares que tenían obligación de impedir estos crímenes y proteger a sus víctimas. A esto se suma que de manera directa los agentes del Estado tendrían la responsabilidad en 206 casos de violencia sexual,  sin contar el subregistro, es decir, aquellos casos que se presentan pero no se denuncian por temor, por evitar posibles represalias o porque, como en el caso de la niña nukak secuestrada y violada, los militares decidieron mantener ocultos los hechos.

La estrategia de seguridad del Gobierno Duque para la protección de las comunidades y regiones más afectadas centrada en la militarización de 42 municipios seleccionados como Zonas Estratégicas de Intervención Integral – ZEII, rebautizadas bajo el eufemismo de Zonas Futuro, tampoco ha implicado una mayor protección contra la violencia sexual. Precisamente, en uno de estos municipios seleccionados como Zona Futuro fue donde se presentaron los más atroces casos de violencia sexual conocidos, como el perpetrado contra una niña indígena Nukak en las propias instalaciones del Batallón Joaquín París en San José del Guaviare, y donde se han denunciado otro sinfín de actos de violencia sexual que se documentan en este mismo boletín y de los que el Ministerio de Defensa jamás ha informado, a pesar de que el presidente Duque había vendido la idea de las Zonas Futuro bajo la premisa de que la transparencia y la participación de la comunidad serían sus principales características. En otra de las Zonas Futuro, en el municipio de Tumaco, la periodista Tatiana Acevedo denunció que se ha alcanzado “la tasa más alta de violencia sexual en el país”[3]. Es claro que la protección de las comunidades a través de la militarización se ha convertido en realidad en un riesgo altísimo para la integridad sexual de las mujeres, niñas y adolescentes, y en especial para las indígenas y afros.

Entre los casos destacados por los medios en los últimos días relacionados con casos de violencia sexual encontramos los siguientes:

1. Secuestro y violación de una niña Emberá en Pueblo Rico, Risaralda. La Organización Nacional Indígena de Colombia informó que en el Resguardo Gito Dokabú – Emberá Katío (corregimiento de Santa Cecilia, Pueblo Rico, Risaralda) el día 22 de junio del 2020, la autoridad tradicional elevó la denuncia pública frente al aberrante hecho de violación en contra de una menor de edad de 13 años, la cual fue secuestrada y abusada sexualmente por un grupo indeterminado de soldados del Ejército Nacional de Colombia, pertenecientes al Batallón San Mateo, quienes acometieron el hecho aprovechando el aislamiento y la situación generada por la pandemia[4]. El crimen habría sido perpetrado por 8 soldados del  pelotón Buitre II del Batallón San Mateo de la Octava Brigada delEjército Nacional,única fuerza armada en la zona, quienes se llevaron a la niña y la retuvieron para violarla por espacio de al menos 15 horas.

El horroroso crimen cometido de manera colectiva por la tropa sobre la niña indefensa ha suscitado un intenso debate nacional por la imputación del crimen que hizo la Fiscalía a título de acceso carnal abusivo, que podría sugerir que medió consentimiento de la niña, y no de acceso carnal violento por haber sido perpetrado con el concurso de 8 militares armados, que además tenían la obligación de proteger su vida y su integridad. En este caso, tampoco se imputaron los agravantes del caso y tampoco se imputó el delito de secuestro, y peor aún, se envió a los victimarios a una guarnición militar. No se entiende por qué la defensa militar, que depende del Ministerio de Defensa, solicitó la reclusión de los implicados en guarnición militar, cuando el mando militar anunció que los soldados habían sido separados de las filas del Ejército[5].

La reclusión en guarnición militar ha sido tradicionalmente un mecanismo de impunidad en el cual los uniformados disfrutan de condiciones no compatibles con la gravedad de los crímenes cometidos (espacios resort), y donde los subordinados son condicionados y controlados frente a los procedimientos y declaraciones que deberán rendir ante las instancias judiciales, obstaculizando así el avance de las investigaciones judiciales y asegurándose que no impliquen a otros que tengan posición de mando o declaren otras verdades adicionales no convenientes. El argumento de que la violación había suscitado indignación en la sociedad y los perpetradores podrían sufrían represalias es falaz, pues es igualmente válido cuando los perpetradores son civiles ajenos a la Fuerza Pública.

Aunque el Presidente Duque anunció que iba a ocuparse personalmente del caso para “castigar ejemplarmente a estos miserables” para los que pidió que fuera el primer caso de aplicación de la cadena perpetua, lo cierto es que las responsabilidad van más allá de los 8 soldados que reconocieron su culpa en los hechos. Más allá de reacciones emocionales que califican de monstruos o miserables a los soldados implicados, es necesario examinar la responsabilidad institucional que cabe por estos hechos relacionada con el ambiente institucional, las prácticas de relacionamiento con las organizaciones y comunidades, y el deterioro de la cultura de respeto por los derechos humanos y la legalidad. Un ejemplo de esto es que un teniente coronel activo del Ejército, el TC. Giovanni Otaya Martínez, salió en defensa de la conducta de los soldados manifestando en las redes sociales que no hubo ninguna violación porque hubo consentimiento de la niña y que ella habría recibido dinero[6]. Más grave aún es que revictimizando la niña, haya decidido hacer pública, como si se tratara de ella, en su red social después de acusarla de que “cobraba por tener relación con los soldados”[7]. Por grado del TC. Otaya Martínez podría tener responsabilidades de comandante de batallón o de director de escuela de formación o entrenamiento. Por eso es grave que conciba como normal que sus soldados pueden pagar dinero a niñas de 13 años para tener relaciones sexuales y exprese públicamente que esta conducta no es violación. De hecho, El TC. Giovanni Otaya Martínez asumió las funciones de comandante del Batallón Especial Energético y Vial No.13 Independencia de Cundinamarca BAEEV13, que tiene como sede el municipio de Ubalá, Cundinamarca, informa el diario del Sur[8]

2. Secuestro, violación y esclavitud sexual de niña indígena del pueblo Nukak Makú. Según una denuncia en la Revista Semana, una niña de 15 años fue secuestrada por 2 soldados del Batallón de Infantería No. 19 General José Joaquín París en la Vereda Charras, a 3 horas del casco urbano de San José del Guaviare, y mantenida en contra de su voluntad en las instalaciones del Batallón desde el día domingo 8 de septiembre de 2019 hasta el día viernes 13 del mismo mes, en que pudo escaparse desnuda y pudo ser acogida para su evaluación. Durante estos estos 6 días, fue repetidamente violada por los dos militares que la mantuvieron secuestrada y sin darle de comer ni de beber en una habitación de esa guarnición militar, que tiene sede en San José del Guaviare. El caso configura una situación de secuestro, tormentos, esclavitud sexual y violación.

Desde el primer día, la comunidad Nukak denunció la desaparición de la niña y los hechos fueron conocidos por la denuncia que se interpuso ante la Policía (SIJIN), la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y hasta Naciones Unidas[9]. Sin embargo, ninguna de las investigaciones avanzó en el establecimiento de los hechos ni en la captura y sanción de los responsables. La negligencia de la Fiscalía en investigar los hechos raya con la connivencia, dado que desde el inicio la investigación fue dejada en manos de un fiscal local (la Fiscalía 2da de San José del Guaviare) donde no ha habido ninguna actividad concreta al caso ni señalamiento a presuntos responsables de la violación de la niña nukak.

Ello a pesar de que los presuntos responsables de los hechos están plenamente individualizados, pues en declaraciones del General Antonio María Beltrán, comandante de la Cuarta División del Ejército, declaró que dos de los suboficiales implicados fueron asignados en labores administrativas mientras que los soldados ya no hacen parte de la institución pero gozan de su libertad. Sin embargo, el Ejército mantuvo ocultos los hechos. El general Beltrán dice que “desconoce por que la institución no dio a conocer a la opinión pública la violación de la niña indígena en el departamento del Guaviare pues no se encontraba en el cargo cuando sucedieron los deplorables hechos en septiembre del 2019”[10]. Sin embargo, conociéndose desde un inicio quiénes fueron los implicados, ninguno de ellos ha sido judicializado ni llamado a juicio penal ni a disciplinario por la Procuraduría. El Ejército le informó al Ministerio Público desde el mes de enero que había abierto investigación disciplinaria contra los implicados en este caso: un sargento, un cabo y seis soldados por la denuncia de abuso[11]. Sin embargo, también la negligencia de la Procuraduría ha sido enorme, 6 meses después aún sigue esperando el traslado del expediente para poder iniciar las investigaciones en ejercicio de su poder preferente, lo que muestra su escaso interés por investigar y sancionar a los responsables. Según declaraciones de mandos del Ejército a la revista Semana, la indagación disciplinaria comenzada por el Ejército fue verificada por la Procuraduría Regional del Guaviare a comienzos del presente año y en ejercicio de poder preferente solicitó el expediente, pero 6 meses después todavía se encontraba “en trámite de entrega el proceso por la unidad”[12]. El expediente engavetado, pero la Procuraduría parece haber ejercido el derecho preferente… a no molestar al mando militar.

3. Otros casos de violencia sexual en el Guaviare por parte del Ejército Nacional.

Además del crimen contra la niña nukak Angélica, se conoció que hay por lo menos otros 4 casos de violaciones que fueron puestos en evidencia luego de una visita de la Defensoría del Pueblo a tres veredas de San José del Guaviare[13].

El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló,  luego de haberse conocido este caso, haber recibido denuncias creíbles de otros casos de violencia sexual contra niñas indígenas que involucrarían a soldados del Ejército en Guaviare y que los casos no son aislados[14]. Las denuncias reportadas por el director de HRW indican que la comunidad informó de 3 casos de abuso sexual contra menores presuntamente cometidos por soldados. Una de estas denuncias señala que la comunidad indígena Nukak Makú —una de las más vulnerables del país— informó que a mediados de 2018 dos soldados abusaron sexualmente de dos niñas. Según Vivanco, la comunidad denuncia que algunos soldados acosan a las niñas y mujeres de forma constante, y que la situación es tan grave que muchos hombres salen a trabajar con sus mujeres para no dejarlas solas. Otras denuncias indican que en varias comunidades algunos soldados les dan marihuana a las niñas a cambio de sexo. Una denuncia adicional reportada por Vivanco indica que en otra comunidad alegan que algunos soldados del Ejército les ofrecen dinero, dulces y gaseosas a menores de edad a cambio de sexo. Informaron sobre 4 casos de abuso sexual contra niñas presuntamente cometidos por soldados. Por todas estas denuncias, Vivanco solicitó al Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo “iniciar investigaciones prontas, creíbles y ejemplares”, pues esta conducta es aborrecible y debe ser condenada con el mayor rigor.

4. Presuntos casos de prostitución infantil en Batallón de la Armada. A través de denuncias del activista de derechos humanos del Chocó, Luis Ernesto Olave, se conoció de presuntos casos de prostitución infantil de niñas afros en el Batallón de la Armada en Bajo Baudó Pizarro, Chocó. Según esta denuncia, » en la entrada del batallón de la Armada, los días de permiso de “soldados foráneos” se hace una fila de niñas afro de aproximadamente 13 a 16 años, que las prostituyen los mismos infantes de Marina»[15]. La Armada Nacional confirmó el inicio de una investigación disciplinaria para indagar los graves señalamientos que hizo el líder social Luis Ernesto Olave, sobre prostitución infantil, según la institución naval, hasta el momento, no existe información alguna relacionada con la denuncia que hizo el activista social. Sin embargo, además de las investigaciones disciplinarias que puedan realizarse por las propias tropas, es necesario que estas investigaciones sean adelantadas por los organismos de control civil, independientes del mando y de los intereses de los propios uniformados.

5. Violencia y acoso a trabajadoras sexuales trans en Bogotá. El pasado 21 de junio, la Red Comunitaria Trans denunció ante los medios una agresión masiva contra las trabajadoras sexuales trans por un alto número de agentes de la policía[16]. Según la denuncia a través de las redes sociales, en la madrugada del 21 de junio «A las 3:50 a. m., en la calle 22 con Caracas, la Policía de Bogotá llegó a gritarles a las trabajadoras. Les dieron con el bolillo, les pegaron disparos y las acorralaron por varias cuadras tirándoles las motos y las patrullas». En el video que acompaña la denuncia, las mujeres trans aseguraron que «no estaban haciendo nada» al momento de ser atacadas. Además, el video muestra que hay personas heridas por disparos de balas de gomas y/o pequeños balines con los cuales la policía les dispara a los glúteos causándoles heridas que generan infecciones que ponen en peligro su vida y, de fondo, suenan sirenas de patrullas que corretean a las mujeres trans. El ataque fue perpetrado por ocho motos y unas tres patrullas, que llegaron mientras las mujeres trans estaban trabajando “cuando de repente llegaron, se bajaron y las empezaron a insultar y a correr. Con los bolillos les golpearon las piernas y los glúteos. También les dispararon con una especie de balas que, creemos, son de goma. Lo más grave es que este no es un hecho aislado. La Policía tiene un modus operandi que es agredirlas en sus implantes de silicón, donde se generan traumas severos»[17], denuncio Juliana Salamanca, vocera de esta Red.

Asegura la denuncia que, además, las tres mujeres heridas no pudieron acceder a atención médica pues «trataron de contactar una ambulancia, pero nunca llegó”. Las mujeres trans del barrio Santa Fe en el centro de Bogotá aseguran que el ataque policial del 21 de junio no fue el primero, sino uno más en una cadena de extorsión y transfobia que caracteriza el comportamiento de la Policía hacia ellas. Adicionalmente, manifestó la preocupación de la Red por otros casos de maltrato: «A la medianoche pasan, les tiran las motos, las extorsionan, les piden favores sexuales para no ser trasladadas”[18] y les cobran extorsiones. Si no entregan el dinero, los policías se cobran robándoles sus teléfonos celulares, denunciaron ante el noticiero CM&[19].

Luego de las denuncias a los medios, la Policía publicó un comunicado en el cual insinuaba que la agresión estuvo justificada porque “el cumplimiento de la normatividad vigente referente a la pandemia de la COVID-19 es de carácter obligatorio”[20]. Después de esto, se presentaron intimidaciones mediante visita de agentes de la Policía a la casa de una de las agredidas, y merodeos constantes de la Policía en la Sede de la Red Comunitaria Trans, lo que perciben como una intimidación.

Según la vocera Juliana Salazar estos atropellos casi nunca se denuncian por temor y porque deben hacerlo “con la misma institución que las violenta a diario». Todo este patrón cotidiano de agresiones que caracterizan el accionar de la policía constituye, a juicio de la Red Comunitaria Trans, una evidente muestra de transfobia institucional, por el carácter sistemático de estos ataques. La impunidad con que se presentan estos ataques y las omisiones de los organismos judiciales y entes de control para poner freno a estos abusos son constantes al punto que, según la vocera Juli Salamanca, “Estamos cansadas de pasar todos los testimonios y que no pase nada con los casos de violencia policial. Ya no más reuniones».

La discriminación contra las personas trans por parte de las autoridades se puso de presente ante el hecho de la muerte de la trabajadora trans Alejandra Monocuco, quien murió ahogada ante la negligencia de la Secretaria de Salud que le negó la atención para ser trasladada a un Centro de Salud cuando se enteraron que tenía VIH. La situación de marginación y negación de derechos de las trabajadoras trans las ha llevado a que, ante las restricciones por cuarentena, muchas deben salir a ejercer el trabajo sexual porque «las ayudas humanitarias no están llegando» según insistió Juliana Salamanca.

Poco después, la noche del 28 de junio, justo el día que se conmemora el orgullo y la lucha por los derechos de las personas LGBT, otra mujer trans fue violentamente agredida por varios policías en la localidad de Tunjuelito. Según la denuncia de la Red Comunitaria Trans y como se puede apreciar en el video de una cámara de seguridad del lugar, dos agentes de la Policía que se movilizaban en una moto golpearon a una mujer trans que caminaba por la carrera 57 con calle 56 sur, la tiraron al piso y le dieron varias patadas hasta que al parecer quedó inconsciente. Minutos después llegó una patrulla, entre varios agentes arrastraron a la mujer trans y la subieron a la patrulla, que después se fue del lugar. Hasta el 1 de julio, día de la denuncia de la Red Comunitaria Trans, no se conocía el paradero de la mujer trans agredida.[21]

6. Violación de otra niña con discapacidad cognitiva en una Patrulla en Bogotá. Otro caso de violación de una menor de edad denunciado en medios habría sido perpetrado por el Patrullero Ángel Enrique Estrada Álvarez adscrito al CAI de Juan Rey en la localidad San Cristóbal Sur en Bogotá el pasado 8 de mayo. La víctima fue una menor de 17 años, pero que presenta “un leve retraso cognitivo, y su mentalidad es como de una niña de 12 años”[22]. La niña fue montada en una patrulla, una camioneta Renault Duster, y el policía la llevó más o menos 6 o 10 kilómetros hacia la salida de Bogotá, donde ocurrió la violación. Según el noticiero CM&, la niña fue violada dentro de la propia patrulla[23] y, de acuerdo con la defensa de la niña, “El caso lo tiene la Fiscalía 367 seccional de delitos sexuales y la oficina de control disciplinario de la estación de Policía en San Cristóbal”, pero ni en la Policía ni en la Fiscalía les han permitido participar como víctimas ya que quienes deberían investigar “no le han dado la importancia”, mientras que el patrullero sigue cumpliendo sus funciones.

7. Otros casos de violencia sexual por parte de la Policía. En anteriores boletines, la CCEEU ya se había referido a otros casos de violencia sexual perpetrados por unidades de la Policía Nacional, entre estos, el pasado 28 de marzo una mujer en la localidad de Bosa, Bogotá, denunció haber sido víctima de violencia sexual por parte de un policía en un bus de la institución y el robo de todo su dinero[24]. Otro caso de violencia sexual se habría presentado en el CAI de Laureles por parte de policías en la localidad de Bosa, Bogotá, y otros más en la ciudad de Cali[25]. Finalmente, el 19 de abril, una mujer denunció haber sido víctima de violación en la Estación de Policía en Ciudad Jardín en Cali, luego de haber sido detenida por violar la cuarentena, mientras esperaba que su esposo se desplazara al cajero para pagar la extorsión que los policías le exigían para no imponerle el comparendo[26].

8. Tocamientos y agresiones sexuales a mujeres que protestaban por el maltrato a otras mujeres manifestantes. La violencia sexual y de género se ha presentado también en el marco de acciones de protesta social. El pasado 15 de junio, la Corporación Jurídica Libertad convocó una conferencia de prensa en la cual se denunciaron los abusos sexuales, manoseos y tocamientos a la estudiante Katherine Acosta, además de otros maltratos como golpizas, descargas de Taser y robo de su teléfono personal por parte de agentes de la policía en el CAI de la Minorista, luego de ser detenida y maltratada como retaliación por haberse expresado desde la ventana del bus en que viajaba, en contra de las agresiones a otra mujer que estaba siendo rociada con aerosol por varios policías que perseguían a quienes habían salido a manifestarse en la movilización nacional convocada para el 15 de junio. Ella, al igual que activistas que habían sido heridos por la violencia policial, fueron remitidas a la URI de la Fiscalía para ser judicializadas, de nuevo como un intento de “lavar” o convalidar las agresiones o como escarmiento para quienes con más apasionamiento se expresan en contra de las agresiones a quienes ejercen su derecho a la protesta social. A pesar de haber sido puestos en libertad por falta de mérito para el intento de judicialización, las agresiones sexuales y el manoseo por parte de los agentes no fueron investigados[27].

Conclusión: problemas de conducción, ambiente institucional y fallas en la doctrina. Aunque la mayor parte de los casos de violencia sexual que se denuncian y que involucran a agentes estatales suelen quedar en la impunidad, por ejemplo, los ya mencionados 206 casos enviados a la JEP y los 4.837 casos de violencia perpetrados por estructuras paramilitares que históricamente han actuado bajo la sombra y complicidad de fuerzas militares, la Fiscalía y los órganos de justicia suelen anunciar investigaciones exhaustivas y aplicación rigurosa de la ley, solo cuando se presentan escándalos de connotación nacional como en los casos de la niña emberá o el de la niña nukak que estuvo más de 8 meses engavetado, y que al igual que los casos de los niños bombardeados y los de las chuzadas y perfilamientos de periodistas y defensores/as de derechos humanos se habían mantenido ocultos, y solo comenzaron a investigarse cuando los medios los sacaron a la luz pública.

Los controles disciplinarios en estos casos han sido laxos o inexistentes. En muchos casos no se investigan o cuando lo hacen se dejan en manos de sus propios pares en las oficinas de control interno de la Policía y el Ejército. Como sucede con las investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría solo se asume el control preferente cuando se trata de casos que generan escándalos graves, pero aún en casos como el de la niña nukak, el poder preferente se asume con desidia al punto que luego de 6 meses el expediente no ha sido trasladado sin que esto haya generado ninguna consecuencia. Los casos de violencia sexual, de torturas, agresiones a la protesta social, lo mismo que los casos que implican muerte de civiles o denuncias de desapariciones forzadas deberían siempre ser priorizadas y asumidas directamente por la Procuraduría y por la Fiscalía y no dejar su competencia en manos de pares militares en las dependencias de control disciplinario o las penales en la Justicia Penal Militar.

Pero más allá de los controles disciplinarios y judiciales que deberían conducir a la sanción de los responsables directos y a la reparación a las víctimas de todos los hechos denunciados, es necesario, como lo indica la Defensoría del Pueblo,  “que el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa hagan una investigación exhaustiva para determinar las condiciones institucionales que permitieron que aconteciera este grave hecho[28], investigación que debería hacerse con participación del Congreso, de la academia, y de los organismos judiciales y de defensa de los derechos humanos. No puede ser una investigación de la que se anuncian grandes cambios mientras dura el escándalo, pero que después cae en el olvido, tal y como aconteció con la famosa Comisión Presidencial de Excelencia Militar que se había comprometido a presentar su informe final sobre la revisión de las normas operacionales de las fuerzas militares en noviembre de 2019, pero de la que no volvió a saberse nada.

Dentro de esas condiciones institucionales, es claro que la proliferación de abusos, actos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos que se han multiplicado en el actual gobierno evidencia graves problemas en la conducción y en las políticas de seguridad y defensa, que bajo este gobierno se han apartado sensiblemente de estándares mínimos de acatamiento de la legalidad, de respeto a los derechos humanos y de implementación de buena fe de los compromisos del Acuerdo Final Paz y de la búsqueda negociada de una salida a la confrontación armada interna.

Los problemas de conducción se evidencian desde que el presidente Duque hizo caso omiso en el proceso de ascensos a las advertencias fidedignas sobre antecedentes de vulneraciones a los derechos humanos, incluidas las de ejecuciones extrajudiciales y vínculos con la ilegalidad por estructuras bajo su mando. Duque es responsable también por haber puesto en las primeras líneas de mando en unidades militares estratégicas a oficiales con este tipo de cuestionamientos, incluidos algunos que tienen compromisos de rendir cuentas por estos hechos ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Estas decisiones permitieron y/o reforzaron la cooptación de parte del mando militar, incluidos los servicios de inteligencia, por parte del uribismo y la coalición de Gobierno, a quien han terminado sirviendo como se evidencia en la captación y el destino criminal de los informes ilegales a que se dedicaron los servicios de inteligencia. La política de ascensos y la selección y ubicación de los mandos puso fin al proceso de renovación y modernización que se había iniciado con la vinculación de un contingente importante de mandos militares al proceso de paz y con el proceso de depuración del mando que se había llevado a cabo con la Operación Bastón para alcanzar los estándares de sujeción a la legalidad exigidos para la articulación a la OTAN. La cúpula impuesta por Duque bajo el mando de Nicasio Martínez arrasó con estos esfuerzos y, de hecho, parte de quienes fueron objeto de persecución y espionaje desde los organismos de inteligencia fueron, según se informa, mandos que estuvieron comprometidos con responsabilidades en la negociación y/o implementación de procesos de paz o que tuvieron responsabilidad en el proceso de depuración de la Operación Bastón.

En cuanto al ambiente institucional, es claro que más allá de las responsabilidad de los perpetradores directos de los casos de violencia sexual de los casos aquí denunciados, y de otros por los que deben responder penalmente, no se van a superar estos problemas señalando como monstruos o miserables a los soldados implicados, como lo hace el presidente de la República, pidiendo que “todo el peso de la ley les caiga sin contemplación alguna”, incluso solicitando que sean ellos los primeros a los que se aplique la cadena perpetua[29]. Con estas respuestas desconoce que la política de seguridad y defensa ha creado un ambiente institucional en donde los logros de la paz se han ido desmontando de manera intencional, aunque se simule cumplir con los acuerdos. Mientras persista el ambiente institucional en donde el secretismo es la fórmula para perseguir y espiar a los opositores políticos, donde se ocultan graves vulneraciones a los derechos humanos (como el asesinato e intento de desaparición de Dimar Torres, los bombardeos a los niños o las violaciones de niñas indígenas), donde la connivencia con el paramilitarismo y con los traficantes de drogas no se sancionan mientras sean útiles para los intereses de la coalición de gobierno, mientras altos mandos implicados en casos de corrupción son mantenidos en sus cargos o incluso ascendidos, y mientras desde la cúpula se ingenian medios todos los días para blindar a los mandos y para obstaculizar la rendición de cuentas ante la justicia, es claro que la responsabilidad por los desafueros y crímenes no puede recaer solamente en los soldados que cometen estas infracciones.

También subsisten graves problemas con la Doctrina Militar. El tratamiento represivo a la protesta social y la crueldad con la que se ataca a los manifestantes en las ciudades o a los campesinos en las campañas de erradicación, evidencian la persistencia de una concepción de enemigo interno que se aplica a todos los que no encajan en el modelo de desarrollo o en la gestión autoritaria de los problemas ciudadanos. El repudio a la desclasificación de los archivos de inteligencia ilegalmente obtenidos sobre líderes, lideresas, defensores, defensoras  y opositores políticos, la resistencia a la publicación de manuales que han habilitado métodos de operaciones encubiertas para favorecer actuaciones con paramilitares o prácticas de amenazas, torturas, desapariciones o incluso eliminación física de opositores, parecen evidenciar que estas visiones continúan vigentes. La construcción de refinados aparatos de preceptos y directrices, no siempre públicos, aglutinados bajo el concepto de derecho operacional que se –consideran  compatibles con el derecho humanitario, pero que en realidad promueven y legalizan una visión del derecho a matar en amplias circunstancias, hacen parte de una doctrina que no ha sido realmente cuestionara por las rimbombantes comisiones que se estructuran para estudiar su compatibilidad con los derechos humanos. Y, sobre todo, el secretismo de directivas y órdenes de comando que han reactivado prácticas como las ejecuciones extrajudiciales, espionaje a magistrados, opositores, periodistas y personas que defienden los derechos humanos y cooperación con actividades y estructuras ilegales en la actuación anti-insurgente, evidencian la negación a discutir con la sociedad las necesarias modificaciones a esta doctrina y la resistencia a cambios necesarios para hacerla compatible con la visión de los derechos humanos y la solución negociada de los conflictos.

Por último, es necesario combatir los estereotipos de género y los prejuicios hacia las orientaciones sexuales e identidades de género diversas que son estructurales en las Fuerzas Militares y la Policía. Aunque estos factores son independientes a la Doctrina Militar y a la política de seguridad y defensa, han sido funcionales para el desarrollo de las mismas. Esto es evidente en el perfilamiento sistemático que hace la Policía de las mujeres trans por considerarlas peligrosas simplemente por su identidad de género, lo que ha promovido la aplicación injustificada y desproporcionada de procedimientos policiales sobre ellas y la comisión de múltiples violaciones de derechos humanos, incluyendo golpizas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a lo largo de los últimos años. También es evidente en el uso de la violencia sexual contra mujeres y niñas como estrategia de control militar de las poblaciones y los territorios con mayor presencia de la Fuerza Pública. En este sentido, la aplicación de la Doctrina Militar y de la política de seguridad y defensa a partir de estereotipos y prejuicios de género, orientación sexual e identidad de género ha conllevado impactos específicos y desproporcionados en las vidas de las niñas, mujeres y personas trans que habitan en los territorios altamente militarizados, tanto de las ciudades como del campo. De no atender estos factores, que también son estructurales, una eventual reforma a la Fuerza Pública quedaría incompleta y no acabaría con las múltiples formas de violencias basadas en género y violencia sexual, perpetradas por sus integrantes.

En estas circunstancias, es claro que la superación de estos lamentables comportamientos requiere una transformación profunda de las Fuerzas Militares y de Policía para depurarla de miembros comprometidos con prácticas y visiones que niegan los derechos humanos, y para eliminar los prejuicios estructurales que han determinado históricamente su comportamiento hacia las niñas, mujeres y personas LGBT. La conformación de una Fuerza Pública para el afianzamiento del respeto a los derechos humanos y para la paz requiere también un debate público sobre los cambios necesarios en la doctrina militar y de policía, y sobre todo el distanciamiento de sus mandos con élites y agrupaciones políticas comprometidas con prácticas de ilegalidad y que se lucran con la continuidad de la guerra. En este deslinde con la ilegalidad es necesario también que, con exigencias firmes de la comunidad internacional, se emprenda de una vez la ejecución del plan para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y demás organizaciones que se han empeñado en impedir la consolidación de los anhelos de paz de la sociedad colombiana.

Se puede consultar el boletín completo en formato PDF en el siguiente enlace -> CCEEU BOLETÍN ESPECIAL No. 8 Pandemia de violencia sexual y violencias de género.docx

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[1] CM& (24 junio 2020). Últimas dos décadas del conflicto denunciaron 206 violaciones que implican a militares. https://noticias.canal1.com.co/nacional/ultimas-dos-decadas-conflicto-denunciaron-violaciones-militares/?fbclid=IwAR20_-BrgOCavI6bCQDy0vsgfFnU9KLjU5N63f2ICb1eour2X8v9Rz3x-OI

[2] Centro Nacional de Memoria Histórica (2019). Cuerpos que Persisten. Huellas y Testimonios de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual en la Guerra. Página 84. Disponible en: http://museodememoria.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/catalogo-cuerpos-que-persisten-4.pdf

[3] Acevedo Guerrero, Tatiana (29 de marzo de 2020). Desde el Balcón. https://www.elespectador.com/opinion/desde-el-balcon-columna-911808

[4] Organización Nacional Indígena de Colombia (24 de junio de 2020). #NuestrosCuerposSeRespetan Rechazo e indignación frente al hecho de violación sexual a niña Indígena Emberá por parte de miembros del Ejército Nacional. https://www.onic.org.co/noticias/3941-nuestroscuerposserespetan-rechazo-e-indignacion-frente-al-hecho-de-violacion-sexual-a-nina-indigena-embera-por-parte-de-miembros-del-ejercito-nacional?fbclid=IwAR0rjWP1AnfpPbKsFuuV6jljrYhZ_g6iDo2UL68jpfQ9liQNvaaCVnRVMwI

[5] Semana (28 de junio de 2020). ¡Qué dolor!. https://www.semana.com/nacion/articulo/violacion-de-nina-embera-la-historia-del-crimen-y-habla-comandante-que-denuncio/682623

[6] Estas declaraciones de este alto oficial están documentadas por el influencer Beto Coral en su página de Twitter (https://twitter.com/Betocoralg/status/1277713107721355271) publicadas el día 29 de junio de 2020.

[7] https://twitter.com/Betocoralg/status/1277696233721802755

[8] Diario del Sur (11 julio de 2019). El nuevo comandante del Batallón Especial del Ejército en Ubalá, Cundinamarca. https://diariodelsur.com.co/noticias/local/el-nuevo-comandante-del-batallon-especial-del-ejercito-en-ub-542121

[9] Semana (30 de junio de 2020). Militares habrían abusado sexualmente de cinco niñas nukak en el Guaviare. https://www.semana.com/semana-tv/el-poder/articulo/militares-habrian-abusado-sexualmente-de-cinco-ninas-nukak-en-el-guaviare/683037

[10] Las2Orillas (junio 30 de 2020). Suboficiales que violaron niña en Guaviare fueron puestos en cargos administrativos.

https://www.las2orillas.co/suboficiales-que-violaron-nina-en-guaviare-fueron-puestos-en-cargos-administrativos/

[11] Semana (29 junio de 2020).Fiscalía recibió hace ocho meses denuncia de niña indígena abusada en Guaviare. https://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-recibio-hace-ocho-meses-denuncia-de-nina-indigena-abusada-en-guaviare/682870

[12] Semana (29 de junio de 2020). Menor indígena habría sido violada por militares en Guaviare. https://www.semana.com/nacion/articulo/menor-indigena-habria-sido-violada-por-militares-en-guaviare/682833?fbclid=iwar0gp1wkpez_lfsusecregnrswqlwecyjitgfuwbh02xi7egtvipp4tdewk

[13] Semana (30 de junio de 2020). Militares habrían abusado sexualmente de cinco niñas nukak en el Guaviare. https://www.semana.com/semana-tv/el-poder/articulo/militares-habrian-abusado-sexualmente-de-cinco-ninas-nukak-en-el-guaviare/683037

[14] Jose Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW). https://twitter.com/JMVivancoHRW/status/1278009888216690694

[15] Agencia de Periodismo Investigativo (27 junio 2020). Inicia investigación en batallón de Chocó por presunta prostitución infantil. https://www.agenciapi.co/noticia/inicia-investigacion-en-batallon-de-choco-por-presunta-prostitucion-infantil

[16] El tiempo (21 de junio de 2020). Trabajadoras sexuales trans denuncian violencia policial en Bogotá. https://www.eltiempo.com/bogota/trabajadoras-sexuales-trans-denuncian-violencia-de-la-policia-en-el-centro-de-bogota-509300?fbclid=IwAR2HO2JGuKIt3k0MO8NDuSKZKOKk0xN0eZmAfknivw81c5so3jdaLAkaoyI

[17] Ibíd.

[18] Ibíd.

[19] CM& (21 de junio de 2020). Personas trans de barrio Santa Fe, en Bogotá, denuncian crueldad y ataques policiales. https://www.noticiasuno.com/politica/personas-trans-de-barrio-santa-fe-en-bogota-denuncian-crueldad-y-ataques-policiales/

[20] Ibíd.

[21] Denuncia pública de la Red Comunitaria Trans, 1 de julio de 2020.

[22] Pulzo (26 junio 2020). Atroz caso de menor que habría sido violada por policía dentro de una patrulla, en Bogotá. https://www.pulzo.com/nacion/denuncian-que-policia-violo-menor-patrulla-bogota-PP924448

[23] Noticiero CM& (26 junio de 2020). El caso de una menor de 17 años que habría sido violada por un policía dentro de una patrulla. https://noticias.canal1.com.co/bogota/nina-habria-sido-abusada-sexualmente-patrullero-bogota/

[24] Pulzo. “Joven dice que fue abusada y robada por policías que la detuvieron por «violar cuarentena», 30 de marzo de 2020. En: https://www.pulzo.com/nacion/mujer-dice-que-policias-abusaron-robaron-cuarentena-bogota-PP871588

[25] Contagio Radio. “En cuarentena mujeres temen ser víctimas de violación por parte de la Policía”. 4 de abril de 2020. En: https://www.contagioradio.com/en-medio-de-cuarentena-mujeres-temen-ser-victimas-de-violacion-por-parte-de-la-policia/

[26] Pulzo. “2 policías habrían violado a joven detenida en un CAI por no acatar cuarentena”. 21 abril 2020. En: https://www.pulzo.com/nacion/denuncian-que-policias-violaron-mujer-cai-cali-PP884468

[27] Corporación Jurídica Libertad. Rueda de Prensa: Abuso por parte de la Fuerza Pública en el marco de la movilización del 15 de Junio.https://www.facebook.com/comunicacionescjl/videos/3319729981372699/?v=3319729981372699

[28] Defensoría del Pueblo. Comunicado de Prensa. 25 de junio de 2020. https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9400/Comunicado-de-prensa-ante-violación-de-niña-ind%C3%ADgena-en-Risaralda-niña-ind%C3%ADgena-Defensor%C3%ADa-violación.htm

[29] Semana (24 de junio de 2020). Hay que castigar conducta de estos miserables: Duque sobre caso de niña indígena. https://www.semana.com/nacion/articulo/duque-le-exigio-al-icbf-su-acompanamiento-en-caso-de-abuso-a-nina-indigena/681909