El presente plan de emergencia para la protección a líderes sociales y firmantes de paz es elaborado por las plataformas de derechos humanos (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Plataforma DESC), la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y el Programa Somos Defensores, en coordinación con congresistas del Pacto Histórico (Iván Cepeda Castro, Jahel Quiroga, Aida Avella, Aida Quilcue, Isabel Zuleta, Gloria Flórez, Pablo Catatumbo y Alirio Uribe), con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en consulta con la Misión de la ONU en Colombia. Igualmente, esta versión recoge los aportes recibidos por parte de organizaciones en los territorios, étnicas y de mujeres.
Colombia atraviesa una situación crítica en cuanto al incremento de la violencia y de las situaciones de riesgo a nivel territorial. Una de sus caras más visibles es el sostenido aumento de las agresiones contra liderazgos sociales, personas defensoras de derechos Humanos y firmantes del Acuerdo Final de Paz. Para tratar esta situación, el Estado debe avanzar en una política pública integral de garantías que brinde una respuesta estructural al problema y que parta de la discusión en distintas instancias de interlocución y articulación. Sin embargo, por dicho carácter y necesidad de participación, esta política pública no podrá ser formulada de manera inmediata y tampoco tendrá resultados ipso facto.
Para que dichas instancias de interlocución y articulación (aquellas derivadas del Acuerdo y otras concertadas con la sociedad civil) puedan discutir las transformaciones institucionales, normativas, sociales y demás necesarias, es imperativo implementar una primera fase en la que se puedan impulsar medidas concretas y operativas para generar las condiciones que permitan su funcionamiento. En ese sentido, este plan no reemplazará ninguna de dichas instancias de diálogo o coordinación, por el contrario, buscará crear tales condiciones para su puesta en marcha.
En consecuencia, se propone un plan que tendrá una periodicidad determinada y una priorización territorial, con un enfoque prioritario de prevención y protección urgente, de forma que será un plan de intervención rápida y oportuna en el que se articule el Estado, las organizaciones sociales y la comunidad internacional.
El presente plan establece seis (6) ejes de actuación aplicables a los municipios y regiones priorizadas a nivel nacional, buscando que la estrategia de las intervenciones del plan de emergencia se ajuste a las distintas realidades territoriales teniendo en cuenta entre otros, las dinámicas de la violencia, las distintas fuentes de riesgo, las distintas capacidades de respuesta de las organizaciones sociales, incluidas los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas, y las experiencias previas.
El presente plan de emergencia parte de cuatro (4) presupuestos básicos: i) La acción de prevención y protección inmediata; ii) la activación de los instrumentos previstos en materia de seguridad por el Acuerdo de Paz; iii) La priorización territorial como respuesta a contextos de alto riesgo; y iv) La activación de escenarios de interlocución, concertación y participación de las organizaciones sociales y representantes de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas.
El plan en su ejecución garantizará la inclusión y efectiva materialización de los enfoques de género, territorial, étnico, etario y demás necesarios. Para ello garantizará igualmente la participación efectiva de las personas delegadas de las distintas organizaciones sociales, étnicas y de derechos humanos y demás procesos correspondientes.
Ultima version. 02.09.22 Plan de emergencia de protección.
