El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para la Labor de las y los Defensores/as de Derechos Humanos, Líderes y Lideresas Sociales del Departamento nuevamente hacemos un llamado de urgencia al Gobierno nacional y regional, ante la grave situación de derechos humanos que atraviesan las subregiones del Norte y Bajo Cauca.
Durante 2018 se viene presentando desplazamientos masivos de comunidades indígenas y campesinas en estos dos territorios; en el Bajo Cauca, específicamente en Cáceres han tenido que dejar sus viviendas, alrededor de 1.500 personas. Por su parte en Tarazá este fenómeno se está presentando de manera silenciosa. Los desplazamientos se han dado a causa de las amenazas y de los enfrentamientos constantes entre las estructuras paramilitares de Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia- AGC y Los Caparrapos. En Ituango se registra más de 215 personas desplazadas durante 2017 y lo que va corrido de 2018, y existe una alerta de riesgo por el posible desplazamiento de 338 indígenas, este desarraigo, se debe a las disputas entre las disidencias de las FARC y las AGC. Es constante en Ituango encontrar el desplazamiento gota a gota, de diferentes veredas están siendo expulsadas familias, que por miedo no hacen las denuncias, presentándose un subregistro.
A esto se suma los confinamientos de la población y un control territorial que impide la libre movilidad de los habitantes, en especial en horas de la noche, ejemplo de esto, es la prohibición que impusieron los paramilitares en los territorios:
- Ituango: Corregimiento del Aro, Corregimiento de Santa Rita y Corregimiento la Granja.
- Tarazá: En los 5 corregimientos, con especial situación del Corregimiento de la Caucana, El Cinco, El Doce y Puerto Antioquia (Control de Fronteras)
- Valdivia: Puerto Valdivia
En los municipios de Tarazá y Valdivia se registran de manera constante combates entre AGC y Caparrapos, específicamente en el Cañón de Iglesias, La Caucana, El Doce, El Catorce y El Quince, estas estructuras paramilitares realizan patrullaje abierto y de acuerdo a las denuncias, se les puede ver uniformados y portando armas cortas y largas. Esto sucede pese a que existe presencia de la fuerza pública en la zona (Ejército y Policía).
Es de reiterar que las extorsiones realizadas por los grupos paramilitares se ha incrementado en las zonas de influencia de las AGC, es así como hoy se está obligando a los campesinos a pagar por hectárea de tierra y litro de leche, lo mismo sucede con los locales comerciales. También contratistas de obras estarían pagando a los paramilitares, quienes en ocasiones, han atentado contra trabajadores de empresas que se niegan a pagar la extorsión.
En este marco de graves violaciones a los derechos humanos, la labor de las y los defensores, también se encuentra en riesgo, muestra de ello es que en la zona del Norte y Bajo Cauca, durante 2017, se han presentado 4 homicidios contra líderes sociales. En lo que va corrido de 2018, estas dos subregiones registraron 11 ataques contra defensores y defensoras, entre ellas 2 homicidios, los cuales ocurrieron en Cáceres y Caucasia.
Las amenazas contra líderes pertenecientes a procesos organizativos (8 casos) muestran el alto nivel de vulnerabilidad que enfrentan las personas que se han organizado para exigir sus derechos y la defensa del territorio. A esto se suma que en Tarazá, Valdivia, Anori e Ituango, las AGC, han llamado a los líderes sociales y comunales para exigirles copias de actas de sus reuniones, realizar censos poblacionales y los obligan asistir a reuniones con sus mandos para dar a conocer “las nuevas reglas” que deben ser acatadas por todos los y las habitantes. Se han presentado seguimientos a líderes por parte de paramilitares en los municipios de Yarumal, Valdivia y Briceño.
Pese a que habíamos advertido, el riesgo inminente de estos territorios por la alta presencia paramilitar, por la continuidad de nexos entre estas estructuras y miembros de la fuerza pública y autoridades civiles, por los incumplimientos de los Acuerdos de Paz y por la negativa del gobierno de reconocer la sistematicidad de las agresiones contra las y los defensores, el Estado no ha mostrado una voluntad real para enfrentar todos las causas que generan estas graves violaciones a los derechos humanos.
Recalcamos que en los recientes informes emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo – Antioquia, los cuales son de conocimiento del gobierno nacional, también se da cuenta de estas graves violaciones a los derechos humanos y se ubican veredas que se encuentran en inminente riesgo; además recomiendan una serie de medidas de protección a las autoridades locales, departamentales y nacionales, para que se proteja a los habitantes de los territorios.
Desde el Nodo Antioquia y el Proceso Social de Garantías, expresamos nuestra preocupación por la zona de Urabá, la cual se encuentra en grave riesgo por la fuerte presencia paramilitar quien realiza control sobre las poblaciones e intimida y persigue los procesos organizativos. Las AGC han señalado en varias ocasiones que “no queremos saber nada de defensores y si nos toca, los vamos a matar”.
Como organizaciones de derechos humanos exigimos: 1) Que se brinden todas las garantías para proteger a las poblaciones. 2) Que se cumplan e implementen los Acuerdos de Paz, entre ellos el desmantelamiento de las estructuras paramilitares. 3) Que se proteja a las y los defensores de derechos humanos. 4) Que se investigue y sancione a los agentes del Estado que podrían tener nexos con los paramilitares, así como por conductas que por acción u omisión conlleven a graves violaciones a los derechos humanos.
¡Que la paz no nos cueste la vida!
