Washington, D.C. – Hoy, un grupo de organizaciones de la sociedad civil de los Estados Unidos y Colombia publicó un informe titulado Protejan la paz en Colombia que insta al Gobierno de los Estados Unidos a adoptar la plena implementación de los acuerdos de paz como su mensaje diplomático primordial para Colombia. Han pasado casi cuatro años desde la firma del histórico acuerdo de paz que puso fin al conflicto más antiguo del hemisferio occidental, el cual le cobró la vida a más de 261,000 personas y desplazó a casi ocho millones de colombianos. Desde entonces, más de 500 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados por dedicar sus vidas a la protección de la frágil paz colombiana. Con la crisis venezolana sucediendo al lado, Colombia no será capaz de ofrecer refugio a los venezolanos si los acuerdos de paz se desmoronan.
Esta iniciativa conjunta entre organizaciones de sociedad civil estadounidenses y colombianas aboga por la cooperación de Estados Unidos y una diplomacia más fuerte para pedirle al gobierno colombiano que implemente el capítulo étnico y las disposiciones de género del acuerdo de paz, garantice la justicia para las víctimas del conflicto armado, proteja a los defensores de los derechos humanos, promueva una política de drogas sostenible y reformas rurales para alcanzar a los campesinos y las comunidades afrocolombianas e indígenas de Colombia, ponga fin a los abusos de las fuerzas armadas colombianas y desmantele las redes sucesoras de los paramilitares. Los esfuerzos diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos en Colombia ayudaron a allanar el camino hacia la paz y esta sabia inversión no debe desperdiciarse. Estados Unidos debe alentar audazmente el pleno cumplimiento de los acuerdos de paz antes de que sea demasiado tarde.
“A pesar de la gran cantidad de acciones ciudadanas de los colombianos, incluidas muchas de las víctimas del conflicto, para lograr hacer realidad el acuerdo de paz, las acciones del Gobierno han sido insuficientes y no han protegido a las personas que arriesgaron sus vidas por la paz”, señaló Lisa Haugaard, co-directora del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG). “Necesitamos que el Gobierno colombiano renueve su compromiso con la paz—y que el próximo Gobierno de los Estados Unidos le dé prioridad a la paz en Colombia».
“La falta de un mensaje fuerte del Gobierno de los Estados Unidos sobre la necesidad de desmontar el paramilitarismo y romper los vínculos de la Fuerzas Armadas con esas agrupaciones ha hecho creer a diversos sectores en el Gobierno de Colombia y en sectores poderosos de la sociedad, que el empleo de paramilitares en el conflicto interno sigue siendo útil y por eso no han permitido que Comisión de Garantías de Seguridad haya implementado el Plan de desmantelamiento de estos grupos, después de tres años de haber sido creada. Un mensaje claro del Gobierno de EE.UU. reclamando el cumplimiento del compromiso de desmantelar estas agrupaciones abriría paso a la consolidación de la paz y a resultados tangibles en la protección de los líderes sociales”, indicó Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU).
“La pandemia global y las protestas de George Floyd han puesto de manifiesto la necesidad de abordar las desigualdades raciales y sociales de larga data en la región. Con el acuerdo de paz, Colombia tiene una herramienta que si se implementa correctamente aplicando el Capítulo Étnico puede hacer una gran contribución hacia la construcción de una sociedad inclusiva y más democrática e igualitaria”, dijo Gimena Sánchez-Garzoli, directora de los andes, Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
“El Capítulo Étnico de Paz se encuentra paralizado en un 7% de implementación. Como consecuencia, en los territorios afrocolombianos e indígenas el conflicto armado crece y la presencia del Estado es débil”, señaló Ariel Palacios, representante del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA).
“La implementación del punto uno del Acuerdo de Paz, ‘Reforma Rural Integral’, es crucial para la paz en Colombia. Los campesinos han luchado por muchos años por lograr esas reformas”, dijeron organizaciones colombianas-americanas, incluyendo Cristina Espinel and Julio Idrobo, Colombia Human Rights Committee, Washington, DC; Angel Patiño, Colombia Grassroots Support, New Jersey; Julio Bedoya, Movimiento por la Paz en Colombia, New York; y Elizabeth Castañeda, Arraigo, New York.
Lea el informe completo en inglés y español aquí.
