Plataformas de defensa de los derechos humanos como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos expresaron su preocupación por la decisión del Estado colombiano de entregar el control de las cifras sobre ataques armados contra gestores comunitarios a la Fiscalía.
Consideran que uno de los grandes avances de los últimos años era la importancia de la labor de la Defensoría del Pueblo en ese campo y de forma independiente, que indican se ve lacerada por el predominio que tendrá la Fiscalía en el seguimiento de los índices, cuando su reporte de cifras es mucho menor a las de ese ente humanitario.
«Hoy lo que tenemos es una crítica enorme a la Fiscalía por tener un registro recortado, el menor de los que existe en Colombia y eso que la Fiscalía sí ha tenido acceso a los registros de la Defensoría y las organizaciones sociales. La Fiscalía está reportando sobre cifras que son deficitarias, cifras que están ocultando cerca del 50%«, indicó Franklin Castañeda, representante de las plataformas denunciantes.
Es más, expresan que el fin de esa estrategia será mostrar una realidad maquillada de la situación humanitaria en el país ante el mundo.
«La propuesta del Gobierno Nacional posee la intencionalidad de mostrar menores cifras de homicidios ante la comunidad pública e internacional como sinónimo de una mejor gestión, aún cuando la violencia en los departamentos continúe recrudeciéndose», señala el pronunciamiento de los defensores.
Adicionalmente, señalaron que no confían en los anuncios del fiscal Francisco Barbosa, quien durante el evento donde se hizo el lanzamiento de esa metodología, adujo esclarecimientos superiores al 60% en las muertes de defensores de derechos humanos, por parte del ente investigador.
«…para la Fiscalía la sola apertura de la noticia criminal o la vinculación de un presunto autor son esclarecimiento. El trabajo investigativo de la Fiscalía se ha caracterizado por judicializar a los autores materiales de los hechos, sin llegar a los autores intelectuales de las agresiones y mucho menos al desmantelamiento de las estructuras armadas detrás de ellas», denunciaron.
De acuerdo con las organizaciones, el Gobierno debe respetar la separación de poderes.
