Este 19 y 20 de abril, sesionará el Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas y evaluará el caso de Colombia frente al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención Internacional de protección contra las Desapariciones Forzadas y las recomendaciones señaladas por dicho Órgano en el año 2016. Para ello tendrá en cuenta el Informe presentado por el Gobierno Nacional y los Informes alternos presentados por las organizaciones que integran la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada. El 5 de mayo el Comité entregará un nuevo Informe que analizará la situación del crimen de desaparición forzada en el país y hará recomendaciones al Estado colombiano teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas por las organizaciones de familiares y de derechos humanos.
En el Informe Alterno presentado por las víctimas y organizaciones de derechos humanos que integran la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia se analiza la la preocupante situación que vive el país en materia de desapariciones forzadas y la respuesta del Gobierno Nacional e instituciones públicas en materia de prevención, búsqueda y localización de las víctimas e investigación de los responsables. Las principales preocupaciones se resumen en las siguientes:
- La persistencia del crimen de desaparición forzada. Los casos de desaparición forzada se siguen presentando en todo el territorio nacional y en varias regiones están aumentando y se han generalizado como práctica de represión y control social. Los casos afectan no solo a la población colombiana sino a los migrantes en las zonas de frontera, además de afrodescendientes, campesinos, indígenas y firmantes de paz.
- El Estado colombiano sigue estando en deuda con los derechos de las víctimas, no sólo en cuanto a la búsqueda, localización e identificación de las víctimas, sino en materia de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables. Existen muy pocos avances en la prevención del delito, la búsqueda con vida de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos. Adicionalmente, los organismos competentes del tema no han sido eficientes en su labor, ni han logrado procesos de articulación.
- Es preocupante que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no esté exigiendo a los altos mandos del ejército, que están compareciendo en dicho Tribunal, que entreguen información sobre hechos de desaparición forzada en los cuales está comprometida su responsabilidad, pese a que familiares y organizaciones de víctimas y de dd.hh. han exigido que el régimen de condicionalidad esté supeditado a que reconozcan responsabilidad, se comprometan con la verdad y aporten información para la localización de las víctimas. Se mantiene un pacto de silencio y una política negacionista y justificatoria por parte de los militares. A ello se suma que la JEP no ha abierto y/o priorizado el caso de desaparición forzada.
Esta sesión y el trabajo que realiza el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas es fundamental porque constituye un apoyo a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas -UBPD creada por el Decreto 589 de 2017 en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. El Comité ha manifestado su interés de apoyar y asesorar las labores que debe adelantar la UBPD para cumplir con su mandato.
Las víctimas y las organizaciones esperan que tras esta sesión del Comité el gobierno colombiano adopte medidas reales y urgentes para tratar esta problemática y trabajar en contra de la impunidad.
Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada
