Desde la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos alertamos a la opinión pública nacional e internacional, al gobierno colombiano en cabeza del Presidente Iván Duque, a organizaciones de derechos humanos y a la comunidad en general sobre la grave crisis humanitaria en la región del Bajo Cauca por la presencia de grupos armados ilegales, que en los últimos días se ha agudizado con el secuestro de ocho (8) jóvenes, entre ellos varios menores de edad.
Se trata de Sebastián Pérez Gaviria, Darwin Javier Saenz Montoya, Mauricio Ramírez Osorio, José David Valencia Ramírez, Cristian Luna Valencia, Andrés Fernando Valencia, Cristian Daniel Rendón Cardona y Emmanuel Aguirre, oriundos del departamento de Caldas, quienes el pasado 26 de febrero salieron desde el municipio de Anserma con destino a la ciudad de Cartagena. En el trayecto, los jóvenes se comunicaron con sus familiares cuando llegaron a Puerto Valdivia, Antioquía, y en el último contacto que tuvieron con sus seres queridos, expresaron que habían sido retenidos por un grupo al margen de la ley en este municipio. Desde ese momento no se sabe de su paradero.
El día lunes 8 de marzo, se confirmó la liberación de Mauricio Ramírez, de 21 de años, quien relató que fue dejado en una finca en el municipio de Cáceres, pues su condición médica no le permitía hacer esfuerzo físico. El joven sostuvo que fueron detenidos en el corregimiento de Puerto Bélgica, Cáceres, Antioquía, donde les informaron que iban a trabajar con ‘Los Caparros’, grupo ilegal que tiene presencia en el Bajo Cauca. Supuestamente el trabajo sería en minería e iban a recibir una remuneración por la labor.
Hasta ahora no se ha reportado la liberación de los otros siete jóvenes secuestrados , lo cual preocupa no solo a los familiares de los jóvenes quienes temen por el posible fatal desenlace de la vida de sus seres queridos, sino también a la comunidad en general, pues la dinámica de violaciones reiteradas de derechos humanos en la zona rural y el incremento de la intensidad de las intimidaciones contra la población civil es causa de la crisis humanitaria en la que está inmersa esta región del país.
Aunado a lo anterior, esta zona se ha convertido en la región del departamento de Antioquia con mayor número de masacres. Durante el 2020, las Naciones Unidas reportaron 191 casos de violencia armada, 13 masacres, más de 20 desapariciones forzadas y, en general, numerosos actos de demostración de poder por parte de grupos armados ilegales en el Bajo Cauca.[1]
Por su parte, la Defensoría del Pueblo mediante Oficio de Consumación de Riesgos 045-2020 del 31 de agosto de 2020 expresó la preocupación por “la persistencia del reclutamiento forzado de jóvenes en el Bajo Cauca. Según conoció la Defensoría, en la vía que comunica a Medellín con la costa atlántica a la altura del corregimiento Puerto Bélgica en el municipio de Cáceres, presuntamente estarían reclutando a las personas que transitan por allí en calidad de polizones de vehículos de carga.” Como también ha insistido en la necesidad de planificar una estrategia que busque acabar con los grupos ilegales que se han fortalecido en el departamento.
Por lo anterior, solicitamos al Gobierno Nacional una respuesta efectiva para la atención del riesgo inminente en el que se encuentran los siete jóvenes desaparecidos. En este sentido, hacemos un llamado al Gobierno nacional para orientar sus esfuerzos en la implementación de acciones humanitarias con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja CICR para facilitar la pronta liberación de las víctimas, salvaguardando su integridad física.
Por último, instamos a los distintos actores armados que hacen presencia en el territorio al respeto de la vida y la integridad personal de la población civil. Especialmente, el no reclutamiento de niños, niñas y jóvenes.
[1] Fuente: https://analisisurbano.org/bajo-cauca-muchos-grupos-de-control-ninguno-legitimo/122978/
Comunicado Público. Desaparición 8 jóvenes en el Bajo Cauca
