Marzo 4 de 2026. En el marco de los trigésimo aniversario de la CCEEU, nos reunimos en Bogotá los días 25, 26 y 27 de febrero de 2026 delegadas y delegados de 100 organizaciones de derechos humanos y sociales que representan los nodos de las 5 regiones del país, quienes nos articulamos en defensa de los derechos humanos, la construcción de la paz, la protección del Estado Social de Derecho y la lucha contra la impunidad.
Cómo Asamblea, rendimos homenaje a las personas y organizaciones pioneras que cimentaron este proceso colectivo, recordamos y reivindicamos las luchas de mujeres y hombres que fueron asesinados en este camino por su compromiso por la dignidad, recordando especialmente al defensor Jesús María Valle asesinado hace 28 años, después de denunciar la connivencia entre la Gobernación de Antioquia y estructuras paramilitares en el norte del departamento. Asimismo, rendimos un homenaje a la memoria de personas fallecidas en el último periodo como Yanette Bautista.
Por otra parte, la Asamblea Nacional realizó un análisis del contexto nacional e internacional y evidenció amenazas internacionales que ponen en grave riesgo la soberanía, la paz y los derechos humanos de los pueblos de América Latina, el Caribe y el Sur Global. Entre ellas identificamos las siguientes:
- Violación de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos: nuevas formas de intervención militar, económica y política vulneran el derecho de los pueblos a decidir su destino. El genocidio en Gaza, el bloqueo contra Cuba y la intervención en Venezuela, constituyen crimenes contra toda la humanidad, agresiones a la soberanía nacional y al principio de no intervención.
- Reactivación de la lógica hemisférica de dominio: La estrategia de seguridad nacional de EEUU, que actualiza y profundiza políticas de dominación imperial del siglo XIX, pretende convertir la región en reserva de recursos estratégicos libremente susceptible de apropiación por intereses extranjeros
- Militarización global y guerra híbrida: Intensificación de la presencia militar extranjera, expansión de bases, operaciones regionales y uso instrumental de actores no estatales paramilitares y grupos criminales buscan desestabilizar procesos democráticos, imponer agendas políticas y someter comunidades empobrecidas a los riesgos de la guerra.
- Avanzada de las agendas de ultraderecha en el mundo: El avance de las agendas de ultraderecha a nivel global constituye una seria amenaza para los derechos humanos y los principios democráticos. Estas corrientes promueven el debilitamiento sistemático de las garantías fundamentales, restringiendo los derechos de grupos históricamente vulnerados, como las mujeres y la población LGBTIQ+, e impulsando políticas regresivas que ponen en riesgo el derecho a la vida, la igualdad y la dignidad. Frente a este escenario, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos, la justicia social y la construcción de sociedades más inclusivas y libres de discriminación.
- Prioridad del gasto militar sobre cooperación y derechos: El desplazamiento de recursos de cooperación para el desarrollo hacia inversión bélica; condicionalidades, sanciones y bloqueos que limitan la ayuda humanitaria, obstaculizan políticas sociales y vulneran derechos fundamentales.
- Reprimarización neocolonial y control de recursos: La estrategia geoeconómica centrada en la captura de litio, hidrocarburos, biodiversidad, reservorios de agua y rutas estratégicas de comercio, configurando infraestructuras extractivas que despojan territorios y condicionan la autonomía económica regional.
- Erosión del multilateralismo y desprotección jurídica: El debilitamiento de la ONU, el sistema Interamericano, la CPI y los marcos jurídicos internacionales de protección de los derechos humanos, así como la normalización de figuras extrajudiciales y prácticas que favorecen la impunidad y reducen las garantías de las víctimas.
- Obstaculización de las relaciones comerciales y de cooperación con países designados como rivales de los Estados Unidos: las rivalidades económicas entre EEUU China y Rusia convierten nuestra región en escenario de disputa geoestratégica que limitan nuestra autonomía para establecer relaciones de cooperación y comerciales, que buscan reafirmar a nuestros países en la condición de patio trasero y de control exclusivo de los Estados Unidos (Doctrina Donroe) y aumentan riesgos de confrontación indirecta.
- Guerra cognitiva y control del relato: las prácticas de manipulación informativa impulsada por los grandes magnates tecnológicos mediante algoritmos y plataformas que invisibilizan narrativas populares, deslegitiman luchas por los derechos humanos y la paz, socavando la deliberación democrática..
- Bloqueo a la integración regional medidas de aislamiento, sanciones y presiones que fragmentan la cooperación latinoamericana y caribeña, impidiendo respuestas solidarias frente a agresiones externas.
A nivel nacional, la coyuntura electoral se ha centrado en el resurgimiento de visiones militaristas sobre el conflicto colombiano en un contexto de balance crítico de la política de paz total del gobierno. El cambio en la configuración del conflicto exige lecturas actualizadas sobre la naturaleza e intereses de las organizaciones armadas, que reconozcan las dinámicas de la criminalidad organizada a nivel global, sin olvidar la histórica responsabilidad del Estado y sus agentes en la expansión desbordada de grupos armados ilegales. Asimismo, la nueva doctrina de seguridad hemisférica tiene impactos concretos en el país, que deben afrontarse con urgencia: la reactivación de estrategias de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, la profundización del enfoque de persecución de objetivos de alto valor, la reactivación de los bombardeos, incluso en casos en que los menores puedan ser víctimas, y el aumento sostenido de la inversión militar, entre otras medidas preocupantes.
Reconocemos los avances del actual gobierno en política social y medidas de protección socioeconómica a poblaciones históricamente excluidas. Avances en la inclusión territorial y apertura de procesos de concertación en políticas de garantías a personas defensoras y derechos humanos, así como los esfuerzos de diálogo en ciertos territorios y pasos en la implementación de compromisos del Acuerdo Final de Paz. Sin embargo, y en el marco de la próxima contienda electoral identificamos la persistencia de amenazas a los derechos humanos y la paz:
- Continuidad del asesinato de liderazgos sociales y defensores/as de derechos humanos: persecución, estigmatización, amenazas y homicidios y feminicidios dirigidos a quienes ejercen los liderazgos campesinos, indígenas, comunidad LGBTIQ+, afrodescendientes y ambientales que buscan obstaculizar el ejercicio del derecho a la protesta y los procesos de reivindicación territorial.
- Impunidad sistémica y falta de garantía a los derechos de las víctimas: debilidad en los mecanismos judiciales y falta de estrategias para la investigación integral y en clave de sistematicidad que permite identificar y sancionar a los máximos responsables de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que reproduce la desconfianza en entidades del Estado.
- Persistencia del conflicto armado interno, presencia y articulación de actores armados ilegales y paramilitares: expansión y reconfiguración de grupos armados, principalmente del paramilitarismo,y economías ilícitas que profundizan el conflicto, genera control social y amenazan la gobernabilidad y la seguridad de comunidades.
- Militarización de los territorios: la respuesta exclusivamente armada a la conflictividad social sigue siendo una pauta de acción ante la implementación difusa de una política de paz que promueva soluciones a las causas estructurales de la violencia, rehabilite los derechos de las comunidades más afectadas por la guerra y el abandono.
- Deudas en la implementación del Acuerdo de Paz e incumplimiento de acuerdos alcanzados en mesa de negociación con el ELN: retrasos y falta de garantías territoriales que ponen en riesgo la transformación estructural y la no repetición, así como déficit en la implementación de varios puntos del acuerdo (capítulo étnico, avance en la reforma política, y escasos avances y en la política de desmantelamiento de estructuras criminales y falta de voluntad para avanzar en el cambio de modelo de protección al liderazgo social).
- Control territorial y criminalización de la protesta: Se evidencian propuestas de medidas represivas que buscan afectar el tejido social, profundizan la vulnerabilidad de poblaciones rurales y criminalizan a la movilización social. Se observa el incremento del reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, crecientes violencias contra las mujeres y personas LGBTIQ+, y la expansión de redes de informantes, expansión incontrolada de formas de vinculación de civiles a tareas de seguridad (frentes de seguridad, Guardias del Orden y Brigadas Ganaderas y la instrumentalización de los jóvenes en acciones de guerra). Todo esto ocurre en un contexto de nulos esfuerzos por replantear la doctrina militar, medidas de sometimiento para ilegales con respeto a los derechos de las víctimas y ausencia de voluntad para la desclasificación de archivos militares y policiales.
- Modelo extractivo, despojo territorial y agresión al ambiente: proyectos minero-energéticos y megaproyectos sin consulta previa que provocan conflictos, el aumento y disputa de recursos esenciales para la vida, mercantilización del agua y el oxígeno que vulneran derechos colectivos y amenazan la subsistencia de pueblos y bienes comunes.
- Violencia de género y ataques a población LGBTIQ+: persistencia de violencias que incrementan las desigualdades estructurales y la utilización de los cuerpos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ que continúan enfrentando alto niveles de impunidad y una respuestas insuficiente del Estado en materia de protección, prevención y atención.
- Reactivación de la Estrategia de Guerra contra las Drogas, bajo la dirección de los Estados Unidos y sus instancias militares, que presionan por profundizar tratamientos punitivos a los temas de cultivos, comercio o uso de sustancias declaradas ilícitas, presiones para concentrar esfuerzos militares conjuntos en las fronteras binacionales con Venezuela y Ecuador, e intenciones explícitas de abandonar la continuidad de esfuerzos de paz para encaminarse a estrategias de aniquilación de actores del conflicto armado con los que se había avanzado en propuestas de negociación política. De este modo se cierran los espacios para los procesos de paz y se abre la posibilidad de relanzar la consideración de enemigos incluso a amplios sectores de población vinculados de una u otra manera a los cultivos ilícitos, así como medio de chantaje para presionar gobiernos o alternativas políticas a quienes sin fundamento se les acusa de complicidad con el narcotráfico por no estar alineados con los intereses económicos del gobierno estadounidense.
Ante el contexto nacional e internacional la CCEEU se compromete a:
- Combatir y disputar el modelo global de seguridad que sustituye derechos por lógicas de control y dominación.
- Fortalecer alianzas políticas y económicas con el Sur Global y los movimientos de resistencia en el norte global como alternativa frente a la inoperancia del orden multilateral, priorizando el apoyo político, técnico y financiero entre movimientos sociales y de derechos humanos para defender la soberanía, enfrentar el intervencionismo y transformar las realidades sociales desde los territorios
- Articular redes internacionales contra la guerra y la militarización, denunciar el comercio internacional de armas y su papel en la reproducción del conflicto colombiano, y vincular la agenda de paz a la regulación del tráfico de armas y al desmantelamiento de estructuras criminales y economías ilícitas que financian la violencia
- Seguir trabajando para reformular la estrategia global sobre drogas, reconociendo el fracaso de los enfoques militaristas y securitarios. Esas políticas han provocado graves violaciones a los derechos humanos y profundizado la pobreza, la desigualdad y la criminalización sistemática de los pueblos latinoamericanos.
- Exigir marcos vinculantes de responsabilidad empresarial por violaciones de derechos humanos y visibilizar los impactos de las transnacionales en territorios.
- Incidir para que la cooperación internacional financie y respalde procesos de paz con enfoque territorial y de derechos.
- Dinamizar tribunales éticos y de los pueblos como espacios alternativos de justicia.
- Impulsar acciones de incidencia ante gobiernos, parlamentos y órganos interestatales para que prioricen los derechos humanos y la superación negociada del conflicto armado en sus relaciones con Colombia y desplacen las agendas militarizadas.
En correspondencia con los ejes de la CCEEU referidos al fortalecimiento del Estado Social de Derecho, la construcción de paz, la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento interno, la plataforma asume los siguientes compromisos estratégicos:
Fortalecimiento del Estado Social de Derecho:
- Defender un enfoque de seguridad centrado en los derechos humanos y centrado en la solución negociada del conflicto armado, sustituyendo el discurso de “seguridad nacional” por políticas de seguridad humana orientadas a la prevención de las causas estructurales de la violencia y la protección de la población.
- Garantizar la vida y protección efectiva de liderazgos sociales, firmantes de paz y las personas defensoras de derechos humanos, impulsar la implementación efectiva de la política pública de garantías al ejercicio de la defensa de derechos humanos con recursos efectivos, la aprobación de la ley estatutaria de garantías al ejercicio de la protesta social, el plan de acción en derechos humanos y las reformas al sector seguridad incluyendo las reformas al sector inteligencia.
- Promover una reforma de la administración de justicia que fortalezca la independencia judicial y la autonomía frente los intereses de los grandes poderes económicos y voceros de las élites políticas y proteja los contrapesos frente a cualquier intento de captura política.
- Impulsar los derechos a la consulta previa y garantizar la protección de bienes comunes, tierras y recursos mediante mecanismos vinculantes de participación y decisión territorial.
- Desmilitarizar la gestión de los conflictos: priorizar modelos de seguridad humana, prevención, atención integral y políticas públicas territoriales por encima de respuestas represivas.
- Impulsar políticas sociales y económicas redistributivas sostenidas que enfrenten la pobreza y las desigualdades estructurales, garantizando que la acción del Estado esté orientada a los derechos integrales s en los territorios.
- Fortalecer y cualificar los nodos territoriales acompañando la lucha por la defensa de los bienes comunes y la soberanía territorial, manteniendo la centralidad del enfoque de derechos humanos frente al discurso de seguridad que quiere imponer el Estado colombiano
Construcción de paz
- Fortalecer un movimiento social por la paz que persista en la solución política del conflicto armado interno y los procesos de sometimiento frente a otras violencias, promoviendo transformaciones territoriales que afronten las causas políticas, económicas y sociales del conflicto.
- Seguir impulsando la implementación plena y con recursos del Acuerdo de Paz, con enfoque territorial y participación comunitaria.
- Continuar con el impulso a las estrategias de construcción de paz territorial desde un enfoque integral y la solución política negociada al conflicto, buscando garantías para quienes ejercen el liderazgo social y la defensa de los derechos humanos
- Avanzar en la denuncia y documentación de la actuación de las estructuras paramilitares que han ampliado su accionar a un nivel transnacional, ligado a economías ilícitas, control de armas, despojo de tierras, cooptación de organizaciones y agresión a líderes/lideresas sociales por medio del control territorial.
- Impulsar de manera decidida la implementación de la política pública de desmantelamiento de estructuras criminales con un enfoque integral y de derechos humanos, articulación interestatal, recursos efectivos y participación efectiva de diseño y evaluación de las organizaciones sociales y de derechos humanos, que sea consecuente con los enfoques previstos en el Acuerdo Final de Paz.
Lucha contra la impunidad
- Impulsar la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, el establecimiento de máximos responsables políticos económicos y determinadores de los crímenes, garantizar recursos efectivos para garantizar los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición en el marco de la JEP, la justicia ordinaria y los marcos legales de sometimiento.
- Hacer seguimiento a las investigaciones por agresiones a personas defensoras de derechos humanos y fortalecer la Mesa Nacional y Territorial de Garantías y los subgrupos que la conforman.
- Combatir la impunidad estructural que sostiene la violencia política, el paramilitarismo, el despojo territorial y las economías ilegales, articulando la movilización social, el litigio estratégico y la labor de incidencia política.
- Garantizar que los casos de violencia oficial contra civiles y especialmente las muertes a civiles en desarrollo de operativos militares y policiales, ejecuciones extrajudiciales y agresiones a los civiles en el ejercicio del derechos a la protesta social sean excluidos de la Justicia Penal Militar y surtidos en todos los casos ante la Justicia Ordinaria. En la investigación de violaciones de derechos humanos y procesos en los que se investigue agresiones a defensores de derechos humanos o en los que estén estén siendo objeto de judicializaciones, garantizar que las labores de policía judicial sean llevados a cabo por personal técnico a cargo de civiles y no por parte de funcionarios policiales de la Sijin.
- Acompañar los esfuerzos de lucha contra la impunidad frente a los casos de feminicidios y violencias contra las personas LGBTIQ+ que reconozcan los efectos diferenciados de las violencias y conflictividades sociales diferenciadas.
Fortalecimiento interno
- Fortalecer nodos y la autonomía de procesos territoriales, transitar de la denuncia a planes de acción prácticos de prevención y autonomía y defensa de los derechos con un enfoque integral.
- Visibilizar y acompañar liderazgos específicos de mujeres buscadoras, liderazgos indígenas, afro y campesinos, población + LGBTIQ+ con rutas de protección y apoyo técnico.
- Fortalecer la lectura territorial situada sobre dinámicas de conflicto armado, violencia, riesgos y afectaciones asociadas a los fenómenos criminales priorizados. Identificación de patrones, prácticas y modalidades de las conductas criminales desde el conocimiento comunitario y organizativo y articular este análisis con el observatorio de nuestra plataforma
- Mantener el compromiso sistemático con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las personas LGBTIQ+ al interior de la plataforma y de las organizaciones que la integran.
- Fortalecer coordinación interorganizativa para acompañamiento territorial, documentación y respuesta rápida ante violaciones de derechos.
- Seguiremos avanzando en el cumplimiento de nuestro protocolo sobre prevención de violencias de género y prejuicio
- Demandar de parte del próximo gobierno y las autoridades públicas políticas explícitas para el fortalecimiento de los movimientos y organizaciones sociales, incluido el movimiento de víctimas y de derechos humanos, como pilares fundamentales del fortalecimiento de la democracia, el Estado Social de Derecho y el acompañamiento y orientación a las comunidades en el reclamo y fortalecimiento en el acceso a los derechos y la justicia.
Finalmente, al conmemorar tres décadas de persistencia y resistencia, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos reafirma que la unidad y solidaridad de nuestras organizaciones es el bastión más sólido para enfrentar las injusticias que nos atraviesan en la actualidad. Nos despedimos de esta Asamblea Nacional con la convicción renovada de que la paz solo es posible sobre la base del respeto absoluto a los derechos humanos y la dignidad de los pueblos. Con la memoria de las personas que ya no nos acompañan como guía y la fuerza de los procesos territoriales como motor, seguiremos articulando esperanzas y disputando el futuro, convencidos de que nuestro compromiso histórico por un país justo, soberano y en paz es, hoy más que nunca, una tarea irrenunciable.
Descargar el PDF: Declaracion Politica CCEEU 2026 .docx
