Los días 19 y 20 de abril del presente año, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas -CED, por su nombre en inglés- examinó los avances de Colombia en términos de prevención, atención, juzgamiento y derechos de las víctimas de este delito.
Este órgano de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo revisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y emitir observaciones y recomendaciones a los Estados, delegó como relatores para este examen a los expertos Juan José López y Carmen Rosa Villa, quienes dirigieron la revisión.
Por su parte, la delegación del Estado colombiano estuvo presidida por la Vicecanciller Adriana Mejía, quien estuvo acompañada por representantes de las diferentes instituciones públicas con responsabilidad en el tema de desaparición forzada: Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Instituto Nacional de Medicina Legal, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Unidad de Atención y Reparación a las Vïctimas, Ministerio de Defensa, INPEC y Centro Nacional de Memoria Histórica.
El Comité expresó preocupación por temas como: el universo de víctimas, la situación de los niños y niñas que se encuentran desaparecidos, la participación de los familiares y organizaciones en el proceso de búsqueda y la articulación interinstitucional que garantice una política pública para la búsqueda y localización de las víctimas. Los Relatores reiteraron al Estado que es urgente depurar y unificar las cifras de personas desaparecidas en Colombia, víctimas directas e indirectas, en el conflicto armado y fuera del mismo, como ya se había recomendado en el año 2016. Además insistieron en la necesidad de que las instituciones trabajen de manera coordinada y se haga la pedagogía pertinente para que las víctimas sepan a dónde deben acudir, lo que también facilitará los avances en términos de reparación a las víctimas.
También hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- para que los militares que están compareciendo ante este tribunal aborden el tema de las desapariciones forzadas ocurridas bajo su responsabilidad, y dar a conocer el estado de los procesos y los altos mandos vinculados con crímenes de ejecuciones extrajudiciales que también se constituyen en desapariciones forzadas. Además recordaron que los familiares y organizaciones de la sociedad civil han insistido en que los militares que los agentes estatales comparecientes que no cumplan con el régimen de condicionalidad determinado por la JEP, y en especial con la contribución con la verdad, deberán ser excluidos.
El Comité indagó sobre la responsabilidad de miembros de la fuerza pública en desapariciones forzadas, recordando que quienes estén implicados en este crimen no deben tener ascensos, deben ser investigados y no se debe injerir en las investigaciones o el derecho a la verdad, como es el caso del Plan 0028-11 del Estado Mayor del Ejército para llevar una versión coordinada ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-.
Así mismo, enfatizó en la importancia de que se presenten avances en las investigaciones de casos como los de las casas de pique en Buenaventura y prácticas de desaparición forzada similares en otros departamentos del país, así como el caso de la niña embera abusada sexualmente y desaparecida forzadamente por integrantes del ejército, en el que no se ha adelantado investigación ni juicio por el delito de desaparición forzada.
Sobre niños, niñas y adolescentes desaparecidos, el Comité fue enfático en resaltar la imprecisión en las cifras presentadas por el Estado colombiano y la falta de acción de la Fiscalía: mientras la JEP desde el Registro Nacional de Desaparecidos determina que son 44.490 las víctimas, la Fiscalía indica que tiene información de 10.499 niños, solo 530 asociados a reclutamiento forzado, y cerca de 9 mil siguen desaparecidos, sin precisar cuántos corresponden a desaparición forzada.
Por otra parte, el Comité pidió información, y el Estado no respondió, sobre las desapariciones, asesinatos y descuartizamientos ocurridos en varias cárceles del país, empezando por la cárcel Modelo; sobre la competencia y articulación entre las instituciones encargadas de la búsqueda en casos de desapariciones forzadas cometidas con ocasión o no del conflicto armado; y, sobre las medidas que se han tomado para incorporar los enfoques diferenciales (mujeres, étnico, NNA, LGBTI y personas en condición de discapacidad) en los registros nacionales de personas desaparecidas.
A pesar de los múltiples cuestionamientos realizados por el Comité, no hubo claridad en cuanto a las fosas encontradas por la población civil y que se han reportado a la Fiscalía. Sobre ello la institución respondió que no cuentan con los recursos para recuperar los restos.
En el mismo sentido, se cuestionó la disminución de la toma de muestras genéticas a familiares de víctimas y las medidas necesarias para poder realizarlas, particularmente en zonas rurales y durante la pandemia de Covid-19.
Tampoco hubo información estadística o respuestas sobre las acciones que adelanta el gobierno frente a las amenazas y ataques contra víctimas, familiares, personas defensoras, funcionarios, comunidades étnicas y representantes de víctimas de desaparición forzada.
En su mayoría, las respuestas de las diferentes instituciones estatales fueron poco claras y precisas, y dejaron ver una clara fragmentación. La delegación tuvo que comprometerse a entregar la información faltante por escrito para que el Comité pueda efectuar su evaluación y recomendaciones en los próximos días.
Las organizaciones que hacemos parte de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos destacamos y agradecemos la rigurosidad con la que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU preparó y adelantó su examen a Colombia, y resaltamos el llamado que le hizo al Estado colombiano sobre la importancia de contar con una política pública integral para la prevención de la desaparición forzada, que logre integrar los esfuerzos de las diferentes instituciones, con el firme propósito de hacer efectivo el derecho a la verdad que la sociedad colombiana tiene. Así mismo, se le reiteró la necesidad de reconocer la competencia del Comité para investigar casos individuales de desaparición forzada.
Dentro de un par de semanas, cuando el Comité haga públicas sus observaciones finales y sus recomendaciones a Colombia, se sabrá si el país aprobó o perdió este importante examen.
Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada
