Balance de la situación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y garantías para las personas defensoras de derechos humanos en el año 2021
Antioquia sigue siendo uno de los departamentos donde el conflicto político, social y armado se desarrolla con gran intensidad. Los más de 6.500.000 habitantes (Gobernación de Antioquia, 2018) viven en territorios con una fuerte militarización de la vida social, no solo por parte de la fuerza pública—Ejército y Policía—, sino también, de grupos paramilitares que se encuentran en los 125 municipios que conforman la región.
En el 90% del departamento hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia — AGC— que continúa ampliando sus zonas de influencia a través de sus diferentes estructuras. Por su parte, el ELN tiene influencia en municipios de las subregiones del Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Suroeste, Urabá y Occidente, y las disidencias de las FARC siguen extendiendo su accionar hacia municipios del Nordeste, Norte, Occidente, Bajo Cauca y Magdalena Medio.
Durante el año 2021 Antioquia continuó presentado un alto número de masacres, homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y agresiones, contra la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Pese a que las organizaciones sociales, campesinas, comunitarias y de derechos humanos denunciaron lo que acontecía en sus territorios e interlocutaron con la institucionalidad, la violencia no se detuvo. Es preocupante el aumento de las agresiones contra las mujeres lideresas sociales. La baja efectividad del Estado local, departamental y nacional para proteger y prevenir a las comunidades, ha provocado un alto nivel de victimización. A esto se suma la negativa del actual gobierno nacional, en cabeza de Iván Duque, de implementar integralmente el Acuerdo de Paz, lo que ha provocado que subregiones como Bajo Cauca, Suroeste y Nordeste, así como en municipios del Occidente y Urabá estén atravesando una grave crisis humanitaria.
Todos los grupos armados, tanto legales como ilegales están poniendo en riesgo la vida de las poblaciones especialmente rurales al: 1) no respetar el Derecho Internacional Humanitario —DIH—, 2) al no reconocer ni respetar las autoridades étnicas y los liderazgos sociales, 3) al realizar empadronamientos, señalamientos y estigmatizaciones, 4) al establecer estrategias de vigilancia, confinamiento, control y militarización sobre las comunidades,
5) al realizar visitas o enviar mensajes a los líderes y lideresas sociales para que estos dejen de denunciar lo que pasa en la comunidades, 6) al buscar expandir sus ejércitos vía reclutamiento—reclutamiento forzado— , entre otros. Tal situación requiere insistir en la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz de manera integral que permitan avanzar hacia la construcción de la paz territorial y la democracia efectiva, emprender estrategias humanitarias que permitan desescalar el conflicto y aliviar la presión que tienen hoy las comunidades campesinas y étnicas, avanzar en las negociaciones de paz con la insurgencia,
desmontar el paramilitarismo y sus nexos con agentes estatales y lograr una política pública para garantizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos.
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Informe La Guerra No Para en Antioquia
