LA PAZ NO PUEDE DETENERSE. EXIGIMOS GARANTÍAS
Reunidos en Bogotá los días 24 y 25 de julio, representantes de 285 organizaciones de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos reiteramos nuestro compromiso firme por defender los logros alcanzados en los procesos de negociación celebrados con la ex guerrilla de las FARC y el que avanza en Cuba con el ELN, aunque vemos con preocupación los retrocesos en la implementación de los acuerdos y los anuncios de decisiones que impedirían avanzar en la negociación con el ELN.
Ante el incremento de los asesinatos y agresiones a los líderes(as) sociales y defensores/as de derechos humanos, así como de los nuevos partidos de oposición y de desmovilizados de la anterior guerrilla de las FARC, demandamos del gobierno saliente y especialmente del entrante acciones urgentes y efectivas en materia de garantías para la defensa y protección de los derechos humanos, concertadas con los diferentes sectores del movimiento social, político y de derechos humanos. El nuevo Gobierno debe liderar con mayor decisión y convocar a la brevedad la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con el fin de implementar cabalmente sus mandatos y especialmente la definición y puesta en práctica de un plan definitivo para la el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y para convocar a toda la nación a un gran pacto político en contra de la violencia y del uso de las armas en la contienda política. En este mismo sentido, dado que es esencial a los procesos de paz el cambio de las condiciones para que la confrontación armada ceda el paso a la luchas políticas y sociales sin uso de las armas y con garantías plenas para la movilización social y reclamo de derechos, urgimos al Presidente Santos a promulgar el decreto de protocolo de garantías y de protección a la protesta social.
Tenemos esperanzas de que las nuevas instancias del Sistema Integral de VJRNR como la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz puedan cumplir a cabalidad sus funciones para consolidar la transición hacia una paz justa y estable centrada en los derechos de las víctimas, la búsqueda de la reconciliación, y en garantías eficaces de no repetición.
Instamos al Presidente Santos a que antes de terminar su mandato expida los decretos que doten de su estructura a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como las medidas para garantizar presupuestos suficientes y adecuados tanto para la Unidad de Búsqueda como para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y las medidas de reparación integral para la construcción de paz que incluyan una ley de victimas que garantice los derechos de las victimas, así como los demás compromisos por la implementación de la paz definidos dentro del Plan Marco de Implementación.
Lamentamos los retrocesos en el desarrollo legislativo y asimetrías para la rendición de cuentas de todos los que participaron directa e indirectamente en la violencia política y el conflicto armado ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Exhortamos a las distintas instancias del Estado a tomar las medidas para que los terceros, los servidores estatales no armados y los superiores jerárquicos de la Fuerza Pública comprometidos con crímenes contra los derechos humanos también comparezcan a rendir cuentas por sus acciones. La Fiscalía no puede seguir obstaculizando las investigaciones en estos casos y amparando la impunidad de los poderosos.
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamar en indagatoria a un ex presidente que hasta hoy parecía intocable y con nefastos antecedentes en materia de derechos humanos, demuestra que el Estado de Derecho puede funcionar sin discriminaciones y sin que nadie se considere por encima de la ley. Respaldamos firmemente a la Corte Suprema por esta decisión ajustada a derecho y esperamos que todas las instancias judiciales cumplan con sus obligaciones constitucionales e internacionales de investigar y sancionar a los máximos responsables por los graves hechos perpetrados en Colombia
El reto del próximo Gobierno en cabeza de Iván Duque debe estar centrado en poner fin a más de 5 décadas de violencia política y consolidar las condiciones para el acceso pleno y disfrute de todos los derechos y libertades de toda la población, especialmente a los sectores que históricamente han sido excluidos, y otorgar garantías para la participación y oposición política.
Urge Poner en marcha un cese al fuego bilateral y definitivo con el ELN y concretar los mecanismos y garantías para la participación social y territorial sin los cuales el proceso de paz no podrá ser perfeccionado, poniendo en enorme riesgo los logros alcanzados y defraudando el apoyo incondicional y la esperanza que los colombianos y colombianas, y la comunidad internacional han puesto hacia la paz. En esto no puede haber retrocesos.
Colombia no puede seguir siendo el país con mayor desigualdad en el continente. Para combatir la exclusión, la pobreza y la marginación de amplios sectores sociales debe ampliarse la democracia y la inclusión social y económica mediante un avance sostenido en materia de derechos sociales, participación política y lucha contra la corrupción. Se debe seguir avanzando en el reconocimiento de derechos y garantías de poblaciones históricamente discriminadas. Estas transformaciones son la esencia de la paz y las organizaciones de derechos humanos de la CCEEU desplegaremos los esfuerzos que sean necesarios para alcanzarlas.
Estamos comprometidos con la construcción de la paz, no estamos dispuestos a aceptar ningún retroceso en la construcción de la paz y los derechos humanos. Llamamos a la comunidad internacional para que nos acompañen en este propósito.
ASAMBLEA NACIONAL DE LA COORDINACIÓN COLOMBIA – EUROPA – ESTADOS UNIDOS
Bogotá, 25 de julio de 2018
