La independencia judicial es un elemento fundamental para toda democracia, como presupuesto de la división de poderes, garantía fundamental para impedir la consolidación de poderes absolutos que pongan en riesgo el Estado de derecho. Es también una condición esencial para que el Poder Judicial pueda administrar justicia sin injerencias que obstruyan su funcionamiento.
Lo anterior garantiza que nadie esté por encima de la ley -independientemente de los niveles de poder que pueda ostentar-, así como proteger los derechos fundamentales y brindar la certeza a la ciudadanía de que, en caso de concurrir al sistema judicial, podrá contar con un juicio justo según las normas y procedimientos establecidos en el marco jurídico del Estado social de derecho.
De la evidencia y análisis sobre cuatro de los más relevantes problemas de la independencia judicial en Colombia preocupa cómo, más allá de los défi cits institucionales históricamente acumulados, ha tomado fuerza un proyecto político de corte autoritario del cual hace parte el presidente Iván Duque, que desprecia la independencia judicial, coopta políticamente las instancias judiciales desde sus más altos niveles jerárquicos -así como las de los organismos de control-, desacata, irrespeta y sucesivamente intenta eliminar instancias judiciales que regulan su poder o se contraponen a su ambición política
En este informe se han recopilado algunos de los problemas más importantes generados por la politización de la elección y selección de los funcionarios judiciales, que ha conllevado la expansión de un Gobierno sin contrapesos que ha aplicado una política antimeritocrática; la práctica de amedrentamiento y persecución, que ha buscado arrinconar a los funcionarios para dominar sus decisiones; el desacato e irrespeto por las decisiones judiciales que son despreciadas e incumplidas por el Gobierno, especialmente cuando implican limitar su poder. Con esto, el escenario es de una justicia precarizada y con baja autonomía de funcionamiento, sometida no solo a una presión externa del Gobierno sino a serios problemas que desde adentro de la rama obstaculizan la función judicial a través de prácticas sostenidas de corrupción, clientelismo e impunidad.
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