Bogotá, 9 de abril de 2026. Hoy, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del
Conflicto Armado, desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE),
insistimos en que no puede haber memoria sin el reconocimiento explícito del papel del Estado
en la comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos tanto por acción
como por omisión.
En un país definido por una historia de guerra y exclusión, la memoria no puede ser neutral.
Recordar implica tomar posición frente a lo ocurrido, reconocer responsabilidades y exigir
transformaciones que garanticen la no repetición.
El 9 de abril es una fecha que interpela al país no solo sobre su pasado de violencia y
desigualdades estructurales , sino sobre las formas en que se ha narrado, reconocido o negado
por el Estado colombiano.
Si bien esta conmemoración ha sido presentada como un avance en el reconocimiento de las
víctimas, no puede reducirse a un acto simbólico en escenarios que generalmente han sido
usados para la revictimización. Es, ante todo, un escenario de disputa política por la memoria, la
verdad y la responsabilidad.
Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) insistimos en que
no puede haber memoria sin el reconocimiento explícito del papel del Estado en la comisión de
graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos tanto por acción como por omisión.
Durante años se ha intentado imponer una narrativa que fragmenta los hechos, diluye
responsabilidades y presenta la violencia como una suma de hechos aislados e incluso, la ha
legitimado, justificado y reproducido. Esa narrativa ha sido funcional a la impunidad y a la
comisión de nuevos hechos sin sanciones sociales efectivas.
Las cifras son contundentes y revelan la dimensión de esta realidad. La Jurisdicción Especial para
la Paz ha reconocido al menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008,
una cifra que podría ser aún mayor. En materia de desaparición forzada, se registran más de
130.000 personas desaparecidas, mientras que el desplazamiento forzado ha afectado a más de 6
millones de personas en el país. A esto se suman miles de casos de tortura, detenciones
arbitrarias, asesinatos selectivos y masacres que configuran patrones sistemáticos de violaciones
a los derechos humanos.
Estos hechos no son aislados. Diversas fuentes oficiales han señalado la responsabilidad de
agentes estatales y su articulación con estructuras paramilitares en un alto porcentaje de estos
crímenes. Sin embargo, el país aún no conoce la verdad completa ni ha logrado sancionar a los
máximos responsables.
Esta impunidad no es un hecho excepcional: es estructural. Persisten obstáculos en el acceso a la
justicia, limitaciones en la investigación de crímenes como la desaparición forzada y prácticas de
encubrimiento que impiden esclarecer quiénes dieron las órdenes y con qué intereses.
A lo anterior se suma un elemento que no puede ser ignorado: lejos de haberse superado, varios
de estos patrones de violencia se han profundizado incluso después de la firma del Acuerdo de
Paz. Hoy continúan reproduciéndose hechos victimizantes y graves violaciones a los derechos
humanos, muchas de ellas en contextos donde persisten vacíos institucionales y limitaciones
jurídicas que dificultan una respuesta efectiva del Estado. Esta situación evidencia no solo la
continuidad de las violencias, sino también la ausencia de garantías reales de no repetición.
A más de una década de la implementación de la Ley de Víctimas, los avances institucionales
siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del daño causado. Se mantienen dificultades en
la reparación integral, en el reconocimiento pleno de las víctimas de crímenes de Estado y en la
garantía de sus derechos. A esto se suma la continuidad de la estigmatización, la violencia contra
liderazgos sociales y la falta de garantías efectivas de no repetición.
En este contexto, la memoria no puede ser utilizada para encubrir la impunidad ni para construir
relatos que evadan responsabilidades. Recordar implica también señalar. Implica exigir que la
justicia alcance a todos los niveles de responsabilidad, incluidos quienes diseñaron, ordenaron o
permitieron estas prácticas.
La solidaridad con las víctimas no puede quedarse en el discurso. Debe traducirse en decisiones
concretas: en el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, en el fortalecimiento real del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el desmonte efectivo del
paramilitarismo, en garantías para la participación política y en medidas reales de protección para
quienes defienden los derechos humanos. Todo ello exige, además, una voluntad real de
transformar las condiciones que han permitido la repetición de estas violencias.
Nombrar lo ocurrido es también disputar el sentido de la memoria. Es rechazar la impunidad y
afirmar que la dignidad de las víctimas no admite silencios ni negacionismo. En esa disputa
seguiremos sosteniendo la memoria de los y las nuestras, señalando responsabilidades y
exigiendo las transformaciones que el país aún debe, empezando por el reconocimiento pleno de
la responsabilidad del Estado colombiano como victimario.
#FueElEstado
Suscriben:
– Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
– Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
