La institucionalidad nunca tuvo la intención de controlar el Corregimiento de Altavista, Corregimiento de San Antonio de Prado, la Comuna 7- Robledo, la Comuna 15- Guayabal, la Comuna 16- Belén y la Comuna 13 San Javier de Medellín.
El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes/as Sociales y Defensores/as de Derechos Humanos y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado- Capítulo Antioquia, manifestamos nuestra gran preocupación frente a la difícil situación que hoy vivimos en Medellín y que ya habíamos advertido en diversos informes, ruedas de prensa e interlocución con las autoridades locales.
El 25, 26 y 27 de abril de 2018, han sido días violentos en la ciudad, pero el problema no se refiere solo a estos tres días, ya que hemos registrado aumento desde el año 2015 de hechos como el homicidio, enfrentamientos, retenes, toques de queda impuestos por grupos paramilitares en por lo menos 12 barrios, paros armados urbanos- el más reciente ocurrió para las rutas integradas de Conducciones América y Floresta San Juan, situación que podría replicarse a otras comunas, como la 12 (barrios: La América, Floresta y Calazans)- además, se evidencia el interés de confrontación por el control de los Pesebreros, llamada por las autoridades Odín Robledo.
Estas situaciones demuestran el fracaso total de la cuestionada política de seguridad del Alcalde Federico Gutiérrez. Así lo pudo constatar el propio Alcalde al ser recibido con ráfagas de fusil el día de ayer 26 de abril en el barrio Juan XXIII de la comuna 13. De igual manera, mientras se dirigía a la comuna 13, en la carrera 82 con calle 50, fue incinerado un bus de la empresa Coonatra que demostrarían todo el control que tienen estos grupos paramilitares en la ciudad.
Las repuestas de militarización territorial y social de nuestras comunas y corregimientos, han demostrado ser un total fracaso sino están acompañadas de políticas integrales para la población, así fue demostrado en las intervenciones coordinadas entre paramilitares y Estado realizadas durante el año 2002 como la Operación Orión en la Comuna 13, que dejaron espacios favorables para las estructuras paramilitares, situación que se evidencia en el control que estas mantienen en toda la ciudad y el área metropolitana, incluso en comunas como la 10 (Centro, Candelaria) en la que los niveles de inversión en seguridad superan todos los precedentes pero que no tienen ningún efecto y no han permitido desmantelar las estructuras macrocriminales que ejercen control en la ciudad, por el contrario se benefician de las políticas públicas en materia de seguridad.
La lectura a estos fenómenos debe sobrepasar el show mediático generado a partir de la captura de integrantes de bajo rango de estas estructuras, que han permanecido en el tiempo en estos territorios bajo la permisividad del Estado. Hoy la realidad supera el discurso del Alcalde Federico Gutiérrez y por esto los análisis deben ser más profundos, los organismos de inteligencia del Estado no pueden seguir negando el grave conflicto urbano que hoy parece ser más evidente, no se le puede seguir escondiendo a la ciudadanía esta realidad. Los políticos no pueden seguir utilizando el miedo y la militarización para posibilitar el control social con fines electorales y deben recordar que la militarización ha dejado cientos de víctimas en estos territorios.
Urge la implementación del acuerdo de paz en lo que tiene que ver con una creación de una política de desmantelamiento o sometimiento de estas estructuras paramilitares, basada en el punto 3.4 del acuerdo final entre el gobierno nacional y las FARC acerca de las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres. De igual manera, urge una reforma de las Fuerzas Armadas que posibilite que el ejército y la policía sean depurados y sus estructuras actúan en favor y protección de la paz.
Como organizaciones de la sociedad civil insistimos en voluntades que estén acompañadas de unas políticas integrales y reales, que busquen garantías de no repetición de hechos violentos en la ciudad de Medellín, y respuestas efectivas y contundentes que prohíban crímenes de Estado contra la población como la connivencia de la fuerza pública con los criminales en los diferentes barrios.
¡Nos más militarización de los territorios!
