La Coordinación Colombia-Europa Estados Unidos hace un llamado a la Corte Constitucional para que tenga en cuenta los Amici Curiae de ASF-Canadá y de la Comisión Internacional de Juristas en la determinación de la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, específicamente de la Responsabilidad de Mando tal como aparece en el artículo 24 transitorio.
Por un lado, si bien las expectativas de las víctimas de violaciones graves pueden verse relativizadas en escenarios de justicia transicional al poderse adoptar tratamientos penales más beneficios que los establecidos por el derecho penal ordinario, y que resulten conducentes para el logro o mantenimiento de la paz o la democracia, ello no implica que cualquier medida de justicia penal sea válida. El Congreso, aun en situaciones de transición hacia la paz, no tiene la competencia para adoptar beneficios penales ilimitados para investigar, juzgar y sancionar a responsables de violaciones graves a los derechos humanos y al DIH, así sea de forma excepcional y transitoria. El Congreso se encuentra, por lo contrario, sometido a límites competenciales para hacer reformas a la Constitución, imponiéndole la obligación de salvaguardar la integridad de la Constitución, mediante la adopción de reformas que no tengan la capacidad de derogar, suprimir o reemplazar la identidad de la Constitución, así sea temporal y parcialmente, por otra integralmente diferente.
El artículo transitorio 24 del Acto Legislativo 01 de 2017, en tanto permite excluir de la acción de la justicia a jefes militares o policiales responsables de violaciones graves a los derechos humanos o el DIH, estructura un desconocimiento de las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar con la debida diligencia las graves violaciones al DIDH y el DIH, lo que quiebra el principio axial de la Constitución de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sustituyendo temporal y parcialmente la Constitución.
Por otro lado,
