La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular como instancias que articulan más de 500 organizaciones sociales en todo el territorio nacional, manifiestan su apoyo a las manifestaciones pacíficas que se han desarrollado durante estos días por parte de un amplio movimiento ciudadano y las diferentes expresiones sociales y políticas en respaldo al Acuerdo de Paz y su implementación integral, el rechazo a la guerra, al asesinato de líderes sociales, a la violación de los derechos humanos, sociales, ambientales y económicos por parte del actual gobierno de Iván Duque, reclamando un proceso de diálogo amplio que permitan avanzar en las transformaciones que demanda el país.
El paro cívico nacional es un mandato histórico por su envergadura. Millones de voces se sumaron contra la corrupción, las políticas que golpean los derechos económicos como la reforma tributaria en trámite, la destrucción de ecosistemas a partir del modelo extractivista, el abandono de la educación pública por parte del Gobierno, la defensa de la vida animal, el respeto a los territorios y a la autonomía de los pueblos y las comunidades raizales, étnicas y campesinas, contra la violencia machista y por los derechos de la comunidad Lgbti.
Rechazamos el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas, la violación de los derechos humanos y la criminalización de la protesta social que han dejado como saldo la muerte de manifestantes y la afectación de la integridad física de miles de personas que se movilizan como forma de participación legítima en el marco del Estado social de Derecho. Igualmente rechazamos los hechos vandálicos ejecutados para crear zozobra y miedo en la población, sin que hasta el momento se vean acciones contundentes por parte de la Fuerza Pública para neutralizarlos.
La violencia y las medidas de excepción, como el toque de queda decretado en varias ciudades del país, no pueden ser el medio para tramitar los conflictos que se presentan debido a las políticas adoptadas por el actual Gobierno.
Solicitamos a la comunidad internacional hacer seguimiento a la grave situación de vulneración de derechos humanos que se viene presentando por parte del Estado. Reclamamos al Gobierno nacional el respeto al derecho a la protesta, cesar las acciones represivas y convocar de inmediato un espacio de diálogo con los convocantes del paro y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos para definir una agenda concreta que nos permita avanzar en los cambios que la gente reclama.
Bogotá D.C. 23 de noviembre de 2019
