Después de meses de documentación de más de cuarenta casos, y de preparativos del Comité de Impulso del Tribunal Permanente de los Pueblos Colombia 2021, este jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de marzo, sesionará en el país este Tribunal de Opinión de carácter internacional que juzgará al Estado colombiano por las conductas de Genocidio político, crímenes contra la paz e impunidad, a lo largo de un siglo de nuestra historia. El Tribunal sesionará en Colombia a solicitud de 176 organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos y de 200 personalidades.
Las audiencias de presentación de casos del Tribunal que se desarrollarán durante estas tres jornadas, tendrán una modalidad semipresencial. Por razones de la pandemia solo estará en el país uno de los jurados y los demás recibirán los testimonios vía Internet. Las personas que presentarán los casos estarán de manera presencial en recintos preparados para tal fin con medidas de bioseguridad, y podrán ver en todo momento al jurado. De esta forma, se realizarán las sesiones en recintos con aforo controlado.
El público puede seguir todas las audiencias por las redes del Tribunal:
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El jurado del Tribunal Permanente Colombia 2021 está integrado por destacadas figuras del derecho, los derechos humanos y la academia a nivel internacional como el jurista Luigi Ferrajoli; el relator de Naciones Unidas para defensores, Michel Forst; el filósofo especialista en estudios sobre el genocidio Daniel Feierstein, la catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y sobreviviente del campo de concentración clandestino que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), Garciela Daleo; o la defensora de derechos humanos Mireille Fanon Mendès-France presidenta de la Fundación Frantz Fanon, integrante del Grupo de Trabajo de expertos para afrodescendientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ver perfiles completos de los jueces.
Como fiscales del TPP actuarán la exfiscal Ángela María Buitrago y el exmagistrado Iván Velásquez, juristas colombianos de reconocida trayectoria que ya presentaron la acusación respectiva el pasado 26 de enero en la Sesión inaugural cuando el Tribunal Permanente de los Pueblos recibió el escrito y aceptó el juzgamiento al Estado colombiano por estas conductas.
Las audiencias de presentación de casos
Durante el primer día en Bucaramanga, el jueves 25, se presentarán 17 casos que ejemplifican el exilio como práctica social genocida, el genocidio contra el movimiento campesino, con ejemplos como ANUC-UR y CNA, San Vicente de Chucurí, Casanare y masacres paramilitares en Cajibío, Cauca. También el caso de las prácticas sociales genocidas contra el movimiento sindical como lo ocurrido con la USO, la CUT o Sinaltrainal, y contra partidos y movimientos políticos cómo la UNO y A luchar.
El día martes, 26 de marzo, la audiencia se llevará a cabo en Bogotá donde se presentarán ante el jurado 13 casos que constatan la sistematicidad del genocidio político como los históricos entre ellos la masacre de Las Bananeras y Santa Bárbara, así como los ataques contra las repúblicas independientes en los años 40. También se dará continuidad a la presentación de casos de prácticas genocidas contra movimientos políticos, los crímenes contra la paz cometidos contra organizaciones alzadas en armas que suscribieron Acuerdos de Paz, y otras prácticas genocidas transversales como la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
La tercera y última jornada, el sábado 27 de marzo en Medellín, se centrará en la presentación de 14 casos sobre genocidio contra pueblos indígenas y negros, la población LGBTI, el movimiento estudiantil, y la documentación del paramilitarismo como práctica social genocida.
La importancia del Tribunal Permanente de los Pueblos
El Tribunal Permanente de los Pueblos hace parte de los Tribunales Internacionales que surgieron después de la segunda guerra mundial, conformados por connotados intelectuales como el filósofo Bertrand Rusell y Jean Paul Sartré en 1960, cuando juzgó los crímenes de guerra cometidos en la guerra de Vietnam. En América Latina ha estado conformado por personalidades como el escritor y nobel colombiano Gabriel García Márquez y el argentino Julio Cortázar cuando se juzgaron las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras. A pesar de que no cuenta con carácter gubernamental o estatal, el Tribunal es un escenario para investigar y juzgar aquellas violaciones de derechos humanos individuales y colectivas, que han sido ignoradas por los Estados, por lo que se ha convertido en un referente universal para el avance de los derechos humanos.
En Colombia sesionó en 1991 y en 2008 cuando juzgó la impunidad de las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica, así como el papel de las multinacionales en estas graves violaciones, respectivamente. Sus fallos constituyen un inmenso referente ético, político y jurídico en la medida en que se basan en el derecho internacional y sus decisiones son adoptadas en marcos jurídicos nacionales e internacionales. También son momentos de conciencia y opinión pública frente a fenómenos no siempre visibles o evidentes para la sociedad.
Durante esta sesión el Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará el genocidio político contra amplios sectores de la oposición durante todo el siglo XX y lo corrido del siglo XXI en Colombia. Cabe señalar que la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio de 1948 sólo reconoció los genocidios étnicos o raciales, y excluyó la persecución política de esta categoría. No obstante, existen antecedentes históricos y desarrollos jurisprudenciales que permiten concluir la existencia de la práctica de genocidio político. En particular, en Colombia, las sucesivas prácticas de exterminio contra movimientos políticos como el Gaitanismo, A Luchar, Partido Comunista, Frente Unido, o la Unión Patriótica, pero también otros casos como el genocidio contra los pueblos étnicos, el movimiento campesino o sindical, casos que conocerá el jurado del TPP Colombia 2021, pueden ser considerados expresiones de este genocidio político.
En el mismo sentido, el Estado colombiano será juzgado ante el TPP por crímenes contra la paz, que van más allá de la violación de los armisticios e incluyen acciones de las partes que vulneran la validez o la implementación de los Acuerdos, como matar o desaparecer a los firmantes. 255 firmantes de paz asesinados y más de 1300 líderes asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las Farc-EP y el Estado colombiano, indican que estamos repitiendo ciclos de violencia. En tal sentido, también se espera un pronunciamiento del TPP sobre la impunidad que, si bien no es un delito en sí misma, es la negación de un derecho de las víctimas consagrado en instrumentos internacionales de derechos humanos.
La importancia que se reconozca como genocidio político las sucesivas e históricas violencias vividas en nuestro país consiste justamente en la comprensión adecuada del fenómeno, que el mismo sea reconocido por los mecanismos de justicia transicional –en particular la Justicia Especial para la Paz –JEP- y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV- en sus fallos e informes, y que su reconocimiento contribuya a la tipificación en el orden jurídico interno y al impulso de casos de graves violaciones a los derechos humanos que siguen en la impunidad, para que Colombia supere definitivamente estos ciclos de violencia y para que no se repitan nunca más.
