02 de septiembre de 2021. La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU), la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), presentan ante la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP el informe “LA CONTINUACIÓN DE LA POLÍTICA DEL HORROR: Oscar Enrique González Peña y 1.653 ejecuciones extrajudiciales en su sangrienta carrera militar”.
Este documento dará cuenta, de manera parcial, de los elementos que hacen constar la participación y responsabilidad del MG (r) Oscar Enrique González Peña, en casos de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de muertes simuladas o fraudulentas – falsos positivos- como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército (2003 – 2005); la Séptima División (2005 – 2006); el Comando Conjunto del Caribe No. 1 (2006 – 2008) y el Ejército Nacional (2008 – 2010), las cuales ponen en evidencia patrones de macro criminalidad generalizados y permanentes y la estrecha relación entre González Peña y Mario Montoya en la que presuntamente, el primero, actuó como su mano derecha y sucesor en cada comandancia de las diferentes unidades militares, dando continuidad a políticas que desembocaron en graves violaciones a los derechos humanos.
Por otra parte, se busca develar los elementos que evidencian la consolidación de un aparato criminal dentro de la estructura del Ejército Nacional, que respondía al objetivo de legitimar la política de seguridad democrática, presentando éxitos operacionales en términos de bajas “en combate”, que resultaron siendo de civiles en su mayoría, a través de un discurso del enemigo interno que legitimaba el accionar violento en contra de la población civil que no tomaba parte dentro de las hostilidades en el marco del conflicto armado interno, bajo la justificación de la lucha contrainsurgente.
Por ejemplo, a partir del año 2002 con el inicio de la llamada política de Defensa y Seguridad Democrática, se presentaron cambios en la estrategia gubernamental frente al conflicto armado interno y la coyuntura política, económica y social del país. Debido a la implementación de dicha política se evidenció un incremento alarmante en el número de casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles reportados como dados de baja en combate, en un período de ocho años, de forma masiva y permanente en 31 de los 32 departamentos del país.
Según la Fiscalía General de la Nación, el Departamento de Antioquia, cuyo territorio está bajo control militar principalmente a cargo de la IV Brigada, registró el mayor número de casos de posibles ejecuciones extrajudiciales en el país reportados por el Ejército Nacional como éxitos operacionales en la lucha contrainsurgente, en una escala de resultados de mejor unidad militar según cantidad de bajas, entendidas y priorizadas como muertos “en combate” destacándose siempre la Cuarta Brigada de la Primera División, como la unidad militar con más bajas en todo el territorio nacional.
La situación no fue diferente en Córdoba y Sucre con la Brigada 11, también de la Primera División, ni en la Costa Caribe, agravándose aún más, a partir de la creación del Comando
Conjunto del Caribe No. 1. En este período de tiempo comprendido entre los años 2002 2010 se destaca la figura del Mayor General (r) Óscar Enrique González Peña, quien en este periodo estuvo al frente de dichas unidades militares en las que fue ascendido hasta llegar a la comandancia del Ejército Nacional y en las que se registraron miles de casos de asesinatos de civiles presentados como bajas en combate, los cuales no corresponden a hechos aislados o errores operacionales sino que constituyen crímenes con evidentes patrones de masividad, permanencia en el tiempo, planeación y encubrimiento.
Por tanto, con el informe “LA CONTINUACIÓN DE LA POLÍTICA DEL HORROR: Oscar Enrique González Peña y 1.653 ejecuciones extrajudiciales en su sangrienta carrera militar”, se pretende que los hechos que serán presentados formen parte de la investigación que dirige la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del caso 003 denominado “Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado” y que las víctimas de estos hechos puedan acceder efectivamente a medidas de reparación integral, condena a los responsables de los crímenes, verdad completa y a tiempo, y garantías de no repetición en los territorios afectados.
