La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU), plataforma que aglutina a 285 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, denuncia ante la comunidad nacional e internacional los reiterados actos de inteligencia ilegal y espionaje de las que ha venido siendo objeto en los últimos meses la sede de la CCEEU, y en especial, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Alberto Yepes Palacio, por desconocidos, pero, al parecer, también por la propia Unidad Nacional de Protección, en adelante UNP.
Hechos
El día 30 de noviembre, entre las 11.00 y 11.10 de la mañana, un dispositivo de control remoto, tipo drone, se situó cerca de una ventana de la oficina de la CCEEU donde funciona el Observatorio de Derechos Humanos y dio varias vueltas alrededor de la sede. Luego de unos minutos el drone se alejó al detectar que estaba siendo filmado por uno de los escoltas que pudo observarlo y grabarlo con su celular desde el primer piso del edificio.
El 30 de septiembre, el defensor, Alberto Yepes y un escolta que lo acompañaba fueron sorprendidos por la presencia de un teléfono celular oculto en el vehículo de protección asignado por la UNP. El artefacto se detectó por el sonido de su timbre producto de una llamada entrante a las 8:40 am, la cual, inicialmente no pudo ser localizada. Posteriormente, se verificó que el teléfono estaba en un lugar oculto del vehículo y vinculado, mediante el bluetooth, al panel del radio en el cual aparecía un mensaje de llamada entrante, junto a un número de teléfono móvil, que al ser contestado se comprobó que correspondía a una llamada equivocada de una persona que averiguaba por una entidad para una convocatoria de un cargo laboral.
El dispositivo oculto, al parecer tiene la capacidad de registrar conversaciones, al operar como micrófono abierto desde el momento en que se enciende el vehículo, por lo que su instalación subrepticia y no autorizada, evidencia que vehículos, herramientas tecnológicas y funciones de protección a cargo de la UNP se estarían utilizando para facilitar el acceso ilegal a las comunicaciones y el monitoreo de todas las relaciones y actividades cotidianas de los beneficiarios, en este caso, del defensor Alberto Yepes, vulnerando el derecho a la privacidad, pero también constituye una grave violación de las garantías para el ejercicio de la defensa de los defensores de derechos humanos por parte de la UNP, entidad responsable de la protección de su vida e integridad personal.
El día 25 de octubre se hizo el descubrimiento de otro dispositivo de transmisión de datos nominado como GSM/PILLAR B con un Código QR, el cual estaba oculto en el vehículo de protección tras una tapa, en el lugar del copiloto, y junto a los pies, en el lugar donde habitualmente viaja el coordinador del Observatorio. Al realizar la consulta en internet, este aparato se asocia a un sistema de red pública terrestre móvil para la transmisión del servicio de GSM. Aunque la inspección de técnicos del CTI pudieron dictaminar que corresponde a un dispositivo de localización remota GPS y que es un aparato diferente al teléfono que funciona dentro del carro, cumple también funciones invasivas de la intimidad de las cuales el usuario protegido no había sido informado.
El día 27 de octubre pasado a las 10 am, cuando una funcionaria de la CCEEU llegó a la sede, observó que una mujer de cabello castaño y gafas oscuras tomaba fotos al edificio, dirigiendo intencionalmente la cámara hacia el piso tercero donde se ubica la oficina. A la 1 de la tarde de ese mismo día, un funcionario de una institución vecina observó también a un hombre de contextura gruesa y baja estatura que, igualmente estaba tomando fotografías desde la acera a la sede de la CCEEU. Para ese día se tenia programado la realización de una reunión de las organizaciones de la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales que tenia como objetivo preparar la reunión que se desarrollaría ese mismo día a las 5.00 pm con el Fiscal de la Corte Penal Internacional.
El 28 de octubre, 5 técnicos enviados por el CTI realizaron una inspección al vehículo constando que el dispositivo encontrado en el lugar del copiloto podría corresponder a un localizador GPS, y que además había un dispositivo telefónico que contenía una sim card que se comunica con dependencias de la concesionaria. Sin embargo, no se pudo confirmar si el dispositivo que permanece oculto y con el que se ha monitoreado las comunicaciones al interior del vehículo, es el mismo teléfono que la concesionaria confirmó en llamada a los técnicos que tiene habilitado dentro del vehículo, puesto que los técnicos no tenían la autorización para proceder a identificar la ubicación del dispositivo secreto. En todo caso, esta situación nunca fue informada y menos autorizada por el beneficiario del esquema de protección.
Todas estas actividades de espionaje, control e intimidación evidencian que las actividades de persecución y acoso contra el defensor Alberto Yepes, y que llevaron a que en el 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le otorgara medidas cautelares, no han cesado ni se han investigado, a pesar que la JEP también profirió medidas cautelares en favor del beneficiario y de otros 14 abogados/as y defensores de derechos humanos que participan en los casos que implican a mandos militares en el Caso 003 por ejecuciones extrajudiciales, para poner fin a las presuntas actividades ilegales de inteligencia, consistentes en actos de perforación, vigilancia, seguimientos, hostigamientos y revisión de información pública en redes sociales.
Ante los hechos denunciados, que evidencian un patrón persistente de conductas de espionaje, acoso e intimidación a la labor de la CCEEU y de Alberto Yepes, en su calidad de coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, solicitamos al presidente de la República, y a las autoridades y organismos de seguridad e inteligencia poner fin a las actividades clandestinas e ilegales denunciadas y solicitadas reiteradamente por la CIDH y por la Jurisdicción Especial para la Paz.
Pedimos a la fiscalía general de la Nación investigaciones prontas y eficaces de los responsables de ordenar y llevar a cabo estas prácticas ilegales. Pedimos también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Jurisdicción Especial para la Paz y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos acompañar la rendición de cuentas por los resultados de estas investigaciones y exigir al Estado colombiano información sobre el avance y efectividad de la mismas, sanciones a los responsables y medidas para poner fin a estas prácticas de persecución y espionaje, así como medidas concretas para garantizar la labor de defensa de los derechos humanos que realiza la CCEEU, su Observatorio de Derechos Humanos y garantías para la labor de su Coordinador.
Mesa Ejecutiva
COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS
Teléfono: 310 2688027
210112 CCEEU espionaje observatorio de DDHH y DIH
