8 de enero de 2025
Desde la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia, el Proceso Social de Garantías, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU y la Corporación Jurídica Libertad denunciamos y alertamos sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en el Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño, regiones que de años atrás sufren la agresión contra la población civil por parte de estructuras armadas legales e ilegales. Esta situación se ha intensificado desde junio de 2024 con la utilización de siembra de minas, restricciones a la movilidad, confinamientos y desplazamientos forzados de familias y amenazas a líderes y lideresas sociales.
Desde el pasado 28 de diciembre, el grupo paramilitar autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia -EGC- inició una avanzada hacia las veredas de El Socorro y Bocas de Chicamoqué del municipio de El Bagre y los límites con Segovia y Sur de Bolívar, donde entraron en confrontación con estructuras de otros grupos armados. La persistencia de los combates y el incremento de minado de varios lugares han ocasionado que desde el día 29 de diciembre familias se hayan visto forzadas a desplazarse hacia la vereda Mina Nueva como única forma de proteger sus vidas. Dicha situación se suma al desplazamiento forzado de alrededor de 90 núcleos familiares hacia el municipio de El Bagre, ocurrida el 7 de diciembre.
Lo más preocupante es que el ejército no ha garantizado la protección de las comunidades y pese a la alerta realizada el 29 de diciembre por comunidades y organizaciones de derechos humanos, se permitió la avanzada paramilitar y los enfrentamientos entre los grupos. De acuerdo con testimonios de las comunidades, el ejército sólo intervino el pasado 4 de enero de 2025; sin embargo, lo hicieron vulnerando la autonomía y neutralidad del territorio de la comunidad indígena. La autoridad étnica ha denunciado que el ejército realizó cuatro desembarcos de tropa dentro del territorio, generando un aumento en el nivel de riesgo de la población que allí habita. Cabe resaltar que el territorio se encuentra delimitado con banderas blancas y se han realizado diversos llamamientos al cumplimiento de mínimos humanitarios y el DIH, entre los cuales se encuentra el respeto del territorio y los bienes civiles.
Pese a las múltiples denuncias y alertas realizadas ante el gobierno nacional, los gobiernos locales, y el Ministerio Público, no se han tomado acciones efectivas para proteger la vida, seguridad e integridad de las comunidades y sus habitantes y, por el contrario, el nivel de riesgo de la población civil es cada vez más preocupante. No existen planes para prevenir esta situación y el grupo paramilitar de las EGC continúa avanzando poniendo en riesgo y sometiendo a la población, sin que haya una respuesta efectiva por parte de la institucionalidad para prevenir nuevas acciones contra la población en estos territorios. Desde el confinamiento de junio de 2024 en el Bagre, no ha habido estrategias para prevenir nuevas agresiones y atender la crisis humanitaria que se sigue agravando.
En tal sentido, exigimos a todas las instituciones del Estado atender de manera urgente e inmediata a la población víctima de desplazamiento forzado, garantizando alimentación, agua potable y adecuación para el uso de unidades sanitaria, así como generar de manera coordinada y articulada el despliegue institucional necesario para garantizar la permanencia en el territorio en condiciones de seguridad integral.
Hacemos un llamado al gobierno nacional para que se concerte e implemente la Zona Crítica y Humanitaria en el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, consignada en el Acuerdo número 13 pactado entre el Estado y el ELN. De igual manera, a que se exija en las diferentes Mesas de Negociación, diálogos socio jurídicos o acercamientos con las demás estructuras ilegales, a que se respeten los mínimos humanitarios como requisito previo a cualquier proceso de negociación.
Solicitamos que, de manera inmediata, una delegación del gobierno nacional se desplace al territorio para coordinar con las comunidades indígenas y campesinas, las acciones que sean necesarias para proteger la vida de las comunidades y la integralidad de los líderes y lideresas sociales que se encuentran en riesgo por el accionar de las estructuras paramilitares y guerrilleras en la región.
Descargue aquí el PDF: ALERTA HUMANITARIA 1.2025
