Introducción:
En esta entrega, el observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU), presenta un balance sobre las distintas afectaciones de carácter humanitario e infracciones a los Ceses al Fuego Bilateral y Temporal de Carácter Nacional (CFBTCN) que adelanta el Gobierno Nacional con los distintos grupos armados ilegales que hacen presencia en el país, o que han declarado unilateralmente su voluntad de cesar la violencia con miras a avanzar hacia procesos de negociación. Al momento, son estos los principales grupos ilegales que están en confrontación con las Fuerzas Militares de Colombia (FFMM) y que han firmado o declarado unilateralmente dichos compromisos: el Estado Mayor Central de las FARC-E.P. (EMC), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la Segunda Marquetalia de las FARC-E.P., las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que el periodo que abarca el presente boletín, es el comprendido entre los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2023.
Como lo hemos hecho en anteriores publicaciones, el informe hace parte de un ejercicio de veeduría social que cuenta con las observaciones y anotaciones de las organizaciones sociales y de DDHH que hacen parte de la plataforma, informes de otras organizaciones y notas de prensa en medios nacionales y locales. Hemos documentado y clasificado estas observaciones para dar cuenta de qué tanto se está dando cumplimiento a los acuerdos de CF, qué tan grave están siendo las afectaciones humanitarias a la población civil por la extensión de hostilidades entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública y, cómo se expresan estas acciones en avances, retrocesos y desafíos de la política de paz total promovida por el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro.
En tal sentido debemos advertir que, como Observatorio de DDHH, hemos clasificado los hechos documentados entre las categorías de “afectaciones humanitarias a población civil” y “hostilidades entre actores armados”. Entre las primeras, es decir, las afectaciones humanitarias a la población civil, incluimos todas aquellas conductas violentas perpetradas por los actores armados ilegales en mención y la Fuerza Pública, que pueden concretarse en desplazamientos forzados, confinamientos o cualquier tipo de constreñimiento a la libertad personal o colectiva, ejercicios de control mediante censos, empadronamiento, carnetización o imposición de “manuales de convivencia”, paros armados y reglamentación en el tránsito y la libre movilidad de las personas, retenes o puestos de control y vigilancia, extorsiones bajo el denominado “impuesto”, utilización de bienes civiles como escudos de guerra en las confrontaciones armadas, masacres, asesinatos, amenazas, destierros, patrullajes armados en cascos urbanos, toda vez que estos se han podido comprobar o han sido atribuidos a alguno de los actores.
De igual manera las “hostilidades entre grupos armados ilegales” y de estos con la Fuerza Pública, son todas aquellas que se presentan en diferentes partes del país y que se expresan con diversas acciones bélicas, hostigamientos, confrontaciones armadas, retenciones de combatientes, ataques a campamentos, puestos de control o avanzadas, operativos militares, tanto si se llevan a cabo entre los mismos actores armados ilegales por la disputa y control territorial o con Fuerzas Militares. Estas acciones pueden, en algún momento derivar también en afectaciones humanitarias contra población civil, que goza de protección por el DIH, por tanto, en los hechos documentados las hostilidades también han desencadenado en distintas ocasiones afectaciones de corte humanitario.
Con este boletín, la CCEEU pretende dar a conocer de qué manera la reconfiguración del conflicto luego de la firma del Acuerdo de Paz del 2016 con las FARC ha agravado la situación de crisis humanitaria en los territorios. De no darse un giro a esta tendencia, a pesar de anuncios y apertura de escenarios de diálogos con diferentes grupos, la consecución de acuerdos de paz con los actores armados que persisten, corre el riesgo de convertirse en un sueño a distancia, si no se pone en el centro de los diálogos la obligación verificable de cesar las afectaciones a comunidades y territorios, si no se toman medidas urgentes para condicionar el avance en los diálogos al cese de violencia contra la población, y si no se adoptan políticas para llevar a la acción la recién aprobada Política de Desmantelamiento de las Estructuras Criminales que persisten en la violencia contra liderazgos sociales, personas defensoras y firmantes de paz, como paso fundamental para conseguir el escenario que haga viable un efectivo cese de hostilidades, acuerdo negociado, sujeción a la ley y fin del conflicto.
