Bogotá D.C, octubre 5 de 2016
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Señor Presidente,
Antes de iniciar la discusión del punto 5 de la agenda de negociaciones, su Gobierno y las FARC-EP adoptaron una “declaración de principios” que sirvió como brújula para asegurar la satisfacción integral de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
De igual manera comprometió su palabra ante el mundo al asegurar que las víctimas seríamos el centro del acuerdo. Por ello, se abrieron varios escenarios de participación que se tradujeron en cientos de testimonios y propuestas recibidas por los negociadores en foros, audiencias y visitas de delegaciones de víctimas a La Habana, algo que no sucedió, por ejemplo, cuando se diseñó e implementó la Ley 975 de 2005.
Este proceso de participación permitió que se acordara la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que recibió los aplausos y el respaldo del mundo. La Corte Penal Internacional, el sistema de Naciones Unidas, su Santidad el Papa Francisco I y decenas de gobiernos han reconocido que este acuerdo representa la posibilidad de garantizar los derechos de los millones de víctimas del conflicto y de la violencia política en nuestro país.
Los resultados del plebiscito, más allá de la alta abstención y de la corta diferencia con la que ganó el NO, también arrojaron que el acuerdo de paz fue respaldado en la mayoría de departamentos, en especial, en las poblaciones y comunidades más afectadas por los estragos de la guerra. Esta es una realidad que no puede desconocer, señor presidente. Quienes no han sufrido y padecido las graves y duras consecuencias de este conflicto armado, no pueden ser quienes definan la continuación del conflicto, ni nuestro sufrimiento individual, familiar y colectivo. Por ello desde la legitimidad que nos da ser víctimas, es decir, sujetos políticos activos y de derechos, le escribimos para hacer un llamado a no retroceder en los acuerdos alcanzados.
Horas antes de que desarrollen sus encuentros con los sectores contrarios a este acuerdo final, es menester manifestarle que las “correcciones” hasta ahora anunciadas por ellos, y con las que se pretende beneficiar a agentes del Estado o terceros responsables de graves violaciones a los derechos humanos, van en contravía de nuestro derecho a ser escuchadas, a acceder a la justicia y a la verdad. Pero, sobre todo, constituyen un salto al vacío que dejará a quienes beneficie, a las puertas de Tribunales Internacionales en un futuro cercano.
Una paz estable y duradera se construye con responsabilidad, con la inclusión de quienes hemos soportado los rigores de este conflicto, pero en especial, se forja con dignidad. La misma que hemos demostrado a lo largo de todos estos años y hasta el último momento, el pasado domingo 2 de octubre. Es por todo esto que renunciar a los logros alcanzados en materia de derechos de las víctimas, no es sólo retroceder, sino afectar seriamente la seguridad jurídica de este trascendental proceso para la sociedad colombiana.
De igual forma, los acuerdos alcanzados en beneficio de los campesinos pobres, para que tengan acceso a la propiedad sobre la tierra, con seguridad y desarrollo, y para que las comunidades desplazadas y despojadas puedan retornar a sus territorios, hacen de este acuerdo un referente tanto nacional como internacional, que sin duda será analizado por las próximas generaciones y por quienes en otros países quieran dar solución a sus conflictos.
Renunciar a tales políticas es en buena parte renunciar a los importantes avances plasmados en este acuerdo. La institucionalidad existente ha demostrado su incapacidad para mediar las disputas por la tierra. La posibilidad de contar con una jurisdicción agraria contribuirá en gran medida a resolver los conflictos existentes y prevenir que se repitan. Esto en ningún caso, supone un riesgo para l ainversión privada, como lo han asegurado algunos dirigentes políticos, sino que es garantía de seguridad, progreso y desarrollo del campo colombiano.
El anuncio de la terminación del cese bilateral de hostilidades para el próximo 31 de octubre desconoce además la voluntad de las comunidades afectadas por la guerra. Desde que se instaló el cese de hostilidades este país cambió y buena parte de él empezó a sentir, después de décadas, lo que era vivir sin violencia, dándole cabida a la esperanza y a la concreción de un acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Por todo ello, señor Presidente, hacemos un llamado urgente y decidido para que el proceso de paz, como bien supremo de los colombianos, sea el que prime, por encima de los intereses de aquellos que buscan beneficiar a ciertos grupos económicos que los acompañan y garantizar la impunidad de sectores de la Fuerza Pública y particulares, vinculados en graves violaciones a los derechos humanos.
Esperamos cumpla fielmente con su palabra. Nosotros no renunciamos a nuestros sueños. Millones de colombianos respaldamos y acompañamos este proceso con nuestro voto por el SÍ en el plebiscito. Y lo seguiremos haciendo con las víctimas como centro de los acuerdos, porque nosotras no aceptaremos menos verdad, menos justicia y menos reparación.
Atentamente,
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
