El Comité contra la Tortura, de las Naciones Unidas (CAT por sus siglas en inglés), publicó el 15 de mayo sus observaciones finales en el marco del 5º examen periódico de Colombia. Las conclusiones y recomendaciones del CAT, órgano encargado de monitorear la implementación por parte de los Estados parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (“la Convención”), reflejan la recurrencia del uso de la tortura y de los malos tratos en el país, así como la escasez de investigaciones sobre estos delitos.
En sus observaciones, el CAT recogió los planteamientos hechos por la Coalición Colombiana contra la Tortura –CCCT-[1], en particular los relacionados con la gravísima situación carcelaria (párrs. 17 al 20); la magnitud e invisibilidad de la violencia sexual contra las mujeres y los niños, niñas y adolescentes (párrs. 13 y 14); el uso excesivo de la fuerza contra quienes se manifiestan pacíficamente (párr. 16); la violencia por orientación sexual o identidad de género (párr. 27); y la preocupación por las torturas que ocurren en concurso con desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales (párrs. 9 y 10). El CAT también mostró su inquietud ante los proyectos de ley dirigidos a ampliar el alcance de la justicia penal militar (párr. 11).
Igualmente, el CAT manifestó su preocupación por las “deficiencias constatadas en el proceso especial de desmovilización de paramilitares”, e hizo énfasis en la impunidad que existe en los crímenes cometidos por estas estructuras y la preocupación por los “graves abusos perpetrados contra civiles por parte de los grupos armados surgidos tras la desmovilización de organizaciones paramilitares, y que incluyen desapariciones forzadas, asesinatos, violencia sexual, reclutamiento de menores, amenazas y desplazamiento forzado”, haciendo una referencia explícita a la situación del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca (párr. 12).
Desde la CCCT compartimos la preocupación del CAT por la insuficiente información brindada por el Estado sobre el fenómeno de la tortura en Colombia, en particular frente a la alarmante impunidad. El Comité lamenta que “el Estado parte no haya proporcionado datos precisos sobre el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas correspondientes a casos de tortura y malos tratos” (párr. 21) y que, pese a “la amplia gama de medidas de reparación introducidas por la Ley N° 1448”, el Estado colombiano no brindara información detallada sobre la ejecución de programas de reparación integral del daño que incluya una indemnización justa y adecuada y una rehabilitación completa. (párr. 22).
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