Nos afirmamos por la vida, la paz y la permanencia en el territorio
Una caravana de diversas plataformas de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicatos, medios alternativos de prensa y organismos internacionales, que partió desde Bogotá, visitó los municipios de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, y constató la grave situación de derechos humanos que viven los pobladores y las vulneraciones al derecho internacional humanitario que compromete a los distintos actores armados que hacen presencia en la región.
Durante los días 24 y 25 de marzo hemos realizado este foro en un contexto de la situación nacional caracterizado por la crisis humanitaria que azota a diversas regiones del país como Chocó, el Catatumbo, Cauca, Caquetá y el Magdalena Medio, entre otras; un monumental fraude en la contienda electoral y los acercamientos del gobierno norteamericano con el gobierno legítimo de Venezuela, para una posible distensión en la relaciones de los dos países.
Para lo único que el gobierno mira a Arauca, es para el saqueo de sus riquezas energéticas. Las empresas Sierracol Energy (de origen estadounidense), Ecopetrol, PAREX (canadiense) han sido protagonistas de los más recientes conflictos con la oblación araucana por aspectos laborales, ambientales y de inversión social; a esto se suma que la mayor parte de la zona del piedemonte se encuentra en proceso de licenciamiento para la exploración sísmica. Las proyecciones económicas incluyen planes minero–energéticos y agroforestales en Arauca, la Orinoquía y la Amazonía, además del arco minero del Orinoco, cuya mayor extensión se ubica en territorio venezolano.
El gobierno ha puesto en marcha una política de “seguridad y defensa” para regiones como Arauca, encubierta en las llamadas “Zonas futuro”, que busca implantar formas de intervención territorial a través de la gestión público–militar y cívico–militar, en una especie de gobernanza castrense del territorio. Llama la atención la puesta en escena de los recursos naturales del país como principal valor de cuidado militar, que en forma contraria busca beneficiar el proceso de concentración y privatización de las principales riquezas naturales de la nación.
Adicionalmente, el Gobierno Colombiano atendiendo las políticas expansionistas norteamericanas tiene como estrategia afirmar el territorio Araucano como teatro de guerra para continuar las provocaciones y la injerencia contra el Estado Venezolano. Para ello necesita controlar el territorio y destruir las organizaciones sociales. De esta estrategia dan cuenta las 7 bases militares norteamericanas que operan en Colombia, y una mayor presencia de militares estadounidenses en el Arauca.
La degradación del conflicto armado, la grave crisis humanitaria y la persistente violación a los derechos humanos se ha incrementado en Arauca. Desde el mes de enero la población vive la agudización del conflicto armado, que tiene como telón de fondo la enorme militarización impuesta de tiempo atrás y los operativos contrainsurgentes de “alta letalidad” con bombardeos que incrementan el terror, el desplazamiento forzado, las amenazas a la vida, desatando agresiones contra la población civil, causando el asesinato de civiles, el grave atentado del 19 de enero contra la sede de las organizaciones sociales en Saravena; desplazamientos, planes como el denominado “jóvenes a lo bien” que la policía implementa en los municipios de espalda a las propias autoridades civiles, para involucrar a los jóvenes en el conflicto; se conocen denuncias de que algunos de estos hechos son acciones encubiertas del ejército a través del uso de mercenarios; todo lo cual viene creando un clima de terror en la región. Al mismo tiempo grupos armados protagonizan asesinatos, secuestros, confinamiento de comunidades enteras, amenazas y el reclutamiento forzado de menores de edad.
Esta escalada violenta en lo que va corrido del año, ha dejado más de cien víctimas de homicidio (de los cuales 5 líderes sociales y un firmante del acuerdo de paz); 5 organizaciones sociales y 56 de sus integrantes víctimas de atentado terroristamediante carro bomba, de los cuales resultaron 6 heridos; 2.378 personas desplazadas (725 familias), entre las cuales 52 personas firmantes del acuerdo de paz FARC–Gobierno y 25 profesores amenazados.
La única respuesta del Estado son consejos de seguridad, de los cuales solo salen nuevas estrategias militares que agravan más las condiciones de vida de la población y no resuelven las necesidades sociales de la región.
El gobierno colombiano es el único responsable de la grave situación de violencia y abandono estatal por la que atraviesa el pueblo araucano; hay una absoluta carencia de recursos y políticas públicas de salud, vivienda, educación y demás necesidades básicas de toda la población y de las víctimas del conflicto, soluciones que tendrán éxito si se concibe y concreta su ejecución con las comunidades y sus organizaciones, en la perspectiva de resolver los problemas estructurales e históricos de la región.
Estos problemas acumulados y agravados no tienen solución por la vía militar ni represiva.
También afecta a la región el incumplimiento de los Acuerdo de Paz y el bloqueo a la salida negociada del conflicto armado con el ELN y otras insurgencias. La fracasada “Política de Paz con Legalidad”, ha desfinanciado, distorsionado y simulado ante la Comunidad Internacional el cumplimiento de las obligaciones suscritas para la implementación de una paz estable y duradera.
Hoy se requiere con urgencia manifiesta que la sociedad colombiana, la comunidad internacional, las Iglesias, el movimiento ecuménico y organizaciones de derechos humanos y del movimiento social sumen sus capacidades y voluntades en función de contribuir a detener la guerra en el departamento de Arauca y a resolver las causas
históricas y estructurales que la generan. La población lanza un SOS por los derechos esenciales a la vida, la paz y la permanencia en el territorio.
Este foro hace un llamado a articular esfuerzos sobre los siguientes objetivos: A los distintos actores armados regulares e irregulares, acatar en su plenitud el DIH, excluyendo de sus acciones bélicas a la población civil, organizaciones sociales y bienes civiles protegidos. A las organizaciones sociales y el movimiento de derechos humanos en Colombia a que declare la Emergencia Humanitaria para el Departamento de Arauca, que conlleve exigir los recursos y la atención en la población civil afectada, y no en la militarización del territorio; en esa perspectiva, convocar a organizaciones internacionales de derechos humanos la ONU y la MAP–OEA a que respalden esta iniciativa autónoma.
Solicitar al gobierno la Sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad punto 3.4. del Acuerdo de Paz, que permita, escuchando la problemática de la comunidad, desarrollar las acciones en favor de la comunidad y los liderazgos sociales.
Exigimos al Congreso de la República comprometerse con el territorio, con la participación de las comunidades y líderes/esas sociales en un plan de restablecimiento de los derechos colectivos de las y los Araucanos. Apoyar el establecimiento de mesas humanitarias, corredores humanitarios y otras formas dentro del Derecho Humanitario, para proteger la vida, la integridad personal, los derechos humanos y la no infracción del derecho internacional humanitario.
La historia de Arauca ha estado ligada a la relación con Venezuela, por lo cual se requiere el restablecimiento de relaciones diplomáticas, consulares, económicas y culturales con la República Bolivariana de Venezuela, diálogo y concertación entre los dos gobiernos para asumir los temas compartidos de frontera.
Fortalecer con personal idóneo, preferiblemente Araucanas y Araucanos, los equipos en terreno de la defensoría del pueblo y las personerías y secretarias de gobierno de
los siete municipios. Generar políticas que den cumplimiento a sus funciones constitucionales.
Atender a las comunidades que han sufrido desplazamiento, brindándoles acogida y condiciones dignas humanitarias y trabajar por su retorno con condiciones de seguridad.
Llamamos a la comunidad internacional a hacer seguimiento a la situación de derechos humanos en el Departamento de Arauca, acompañamiento a las organizaciones y poblaciones locales.
