Bogotá, 30 de enero de 2019
• Cerca de 300 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos de todo el país, junto con congresistas de la bancada alternativa hemos conformado la Liga por la Democracia
• Hacemos nuestro el compromiso con la protección y defensa de la democracia, los mecanismos de participación ciudadana, consulta y consentimiento previo, consultas populares y la protesta social.
• Rechazamos el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y exigimos protección inmediata.
• Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y demandamos que se mantenga la búsqueda de la salida negociada al conflicto como único camino.
Cerca de 300 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos de todo el país, junto con congresistas de la bancada alternativa queremos hacer público nuestro compromiso con la protección y defensa de la democracia, los mecanismos de participación ciudadana y la protesta social, y por ello nos hemos constituido en la Liga por la Democracia.
Organizaciones sindicales, ambientalistas, de mujeres, de organizaciones campesinas y comunitarias, pueblos indígenas y negros, estudiantiles, comunales, del movimiento de paz y de derechos humanos hemos reconocido los efectos nocivos que para los territorios y las comunidades generan los intentos de restricción de nuestra participación y posibilidad de decisión sobre nuestro desarrollo, el cuidado del agua y el ambiente.
La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos étnicos, consagrado no sólo en la Constitución colombiana, sino en tratados internacionales reconocidos por el Estado. A pesar de las luchas de indígenas, negros y Rrom, es sistemáticamente violentado por los funcionarios del gobierno y por las empresas que buscan la explotación de nuestros territorios y nuestros pueblos. Rechazamos cualquier iniciativa de reglamentación, que han impulsado desde el ejecutivo nacional, desde el legislativo y desde los partidos políticos, que van en contra de los principios de la consulta previa y de nuestros planes de vida y etnodesarrollo, desconocen nuestros gobiernos propios, y la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Exigimos que se cumpla el derecho al consentimiento y la consulta previa libre e informada como plantea al Convenio 169 de la OIT, la Constitución nacional y reafirman
las sentencias de la Corte Constitucional en la materia.
Las consultas populares mostraron ser un mecanismo de participación ciudadana capaz de poner la voluntad de las comunidades de preservar el agua, el territorio y la vida por encima de intereses privados. Los intentos de detenerlas han sido muchos. Sin embargo, diferentes movimientos ciudadanos han mostrado su legitimidad, así como la firme decisión de organizaciones y comunidades de ejercer su derecho a la participación, y por ello estamos dispuestos a utilizar todo lo aprendido para generar mejores y más eficientes mecanismos de participación que nos permitan defender nuestros territorios de la devastación.
El derecho a la protesta al ser un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, es un fundamento de toda la estructura democrática que ha demostrado ser un mecanismo eficiente para que los gobernantes escuchen el clamor de la ciudadanía, modifiquen sus políticas públicas, reversen medidas que atentan contra el bien común e incrementen la inversión.
Por ello consideramos que todas las medidas que se adopten para su reglamentación deben ir encaminadas al respeto, garantía y protección de todas las personas, organizaciones y movimientos sociales que lo ejercen. Es nuestra decisión seguir en la lucha por el ejercicio de este derecho, y lo utilizaremos para la defensa del agua, de los territorios, del ambiente, de la salud, de la educación, para el logro de la equidad, para la defensa de la paz, para seguir demandando la ampliación de la democracia y para lograr la efectiva protección del Estado frente al creciente número de homicidios y amenazas de líderes y lideresas sociales. Concluimos igualmente que es necesario seguir exigiendo el desmonte del ESMAD como una de las garantías del derecho a la protesta consagrado en la Constitución Política Colombiana.
Queremos además hacer un llamado a la sociedad colombiana para que aunemos esfuerzos para lograr la modificación de la actual política minero energética y ambiental del país, de forma que se pueda iniciar el cambio hacia una transición energética justa, democrática, que garantice la participación de las comunidades y los individuos no solo en las tomas de decisiones sino en la propia generación de energía.
La transición debe romper la dependencia de las energías fósiles y de grandes proyectos hidroeléctricos por energías más limpias, descentralizadas de pequeña y mediana escala, apoyada en la soberanía alimentaria y la justicia hídrica. El gobierno nacional y la empresa colombiana Ecopetrol deben contribuir a liderar la transición, por tanto nos oponemos a su privatización.
Rechazamos el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y exigimos protección inmediata, abogamos por una solución política negociada al conflicto colombiano, de tal manera exhortamos al gobierno nacional a reestablecer la mesa de diálogo con el ELN y dar cabal cumplimiento al acuerdo firmado con FARC. Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y demandamos que se mantenga la búsqueda de la salida negociada al conflicto como único camino.
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