El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y las 46 organizaciones nacionales, 26 organizaciones internacionales, y 3 personalidades abajo firmantes, denunciamos y rechazamos las amenazas, realizadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC, a la vida de Josefa Gaviria, Pavel Santodomingo, Aida Avella, Jahel Quiroga, Gabriel Becerra, Felipe Santos, Pablo Arenales, Nixon Padilla, Ivanovich Jiménez y Andrés Álvarez todos ellos parte del Comité Ejecutivo de la UP.
Hechos
El 12 de octubre, alrededor de las 3:50pm llegó un presunto mensajero a la sede de la Unión Patriótica indicando que necesitaba entregar una carta de manera personal. Ante las sospechas, dado que el sobre no tenía ningún remitente, fue llamada la Policía que se encargó de abrir la correspondencia, y al percatarse del contenido detuvieron al hombre que la portaba.
En el panfleto con fecha del 13 de octubre, que hicieron llegar a las instalaciones de la UP – firmado y con logos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -, se declara “objetivo militar a la organización criminal de la Unión Patriótica”. Además, presionan a 10 miembros de la UP a no participar de las próximas elecciones y a renunciar a sus cargos dentro de la siguiente semana.
Luego de listar a las personas les dan plazo hasta la media noche del 21 de octubre para “salir del país o afiliarse a una funeraria”. Finalmente, extienden las graves amenazas a líderes de izquierda y defensores de derechos humanos asegurando que “vamos por ellos”. Todo el discurso, justificado desde sus objetivos de “erradicar de Colombia cualquier vestigio de izquierda”.
Antecedentes
La Unión Patriótica fue víctima de un genocidio, alrededor de 5 mil líderes/as fueron asesinados, de manera selectiva y sistemática, desaparecidas y torturadas. Ante la gravedad de los crímenes de Estado, este caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 1997. Recientemente, en el Congreso de la República se instaló una placa conmemorativa a los hechos, lo que ratificó la responsabilidad del Estado aceptada años atrás.
Muchas de las personas sobrevivientes a este genocidio, tuvieron que exiliarse por su seguridad y la de sus familias. Cabe destacar que, debido a las dificultades de seguridad, Josefa Gaviria, Aída Avella, Jahel Quiroga, Gabriel Becerra y Felipe Santos cuentan con esquemas de seguridad en este momento.
Estas amenazas se dan en el marco del debate de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, llevado a cabo ayer, en donde se propone que las víctimas puedan tener unas curules especiales en algunos territorios de paz. Y la amenaza claramente busca impedir la participación de la UP en elecciones. Esto luego de señalamientos de la derecha sobre su preocupación frente a los espacios que podría ganar la izquierda en participación de los diferentes mecanismos que establece el Sistema Integral para la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición (SIVJRNR).
Exigimos a las autoridades
1. A la Fiscalía General de la Nación, que investigue los recientes hechos y establezca la responsabilidad material e intelectual de estas amenazas.
2. A la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se encargue de establecer las políticas públicas para desmontar toda clase de organizaciones criminales que continúan atentando contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales y movimientos políticos que trabajan en la construcción de paz.
3. A la sociedad colombiana en su conjunto, a las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas, que acompañemos de manera solidaria a Unión Patriótica y a sus integrantes.
4. A la comunidad internacional, para que realice un monitoreo a la grave situación de derechos humanos y la persistencia de la intimidación a las personas que políticamente son de izquierda y a defensores/as de derechos humanos.
Estas amenazas no son de carácter exclusivo para la UP, sino que hacen parte de otras acciones que buscan generar miedo entre la sociedad. Además, las amenazas se extienden a las personas defensoras de Derechos Humanos, quienes han sufrido de persecuciones y asesinatos derivadas de su labor. De acuerdo al último informe de Somos Defensores, la impunidad es del 87% en los 458 crímenes perpetrados contra defensores de DD.HH entre 2009 y 2016.
¡Que la paz no nos cueste la vida!
Mira el comunicado completo aquí: DENUNCIA PÚBLICA Amenazas contra UP
