- En una tercera comunicación, el senador Iván Cepeda junto con organizaciones sociales y civiles, informaron a la Corte Penal Internacional de 1088 víctimas desde el 7 de junio hasta la fecha. En total, se ha informado a la CPI de la ocurrencia de 630 hechos que han dejado 3.954 víctimas de crímenes de lesa humanidad.
- Indican que no existe disposición por parte de las autoridades judiciales de Colombia en investigar los crímenes cometidos en el marco de las jornadas de protesta social en Colombia, particularmente a los máximos responsables.
Bogotá, 28 de septiembre de 2021.- El senador Iván Cepeda y las organizaciones Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Temblores ONG y la Red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes, entregaron este martes un tercer informe sobre la situación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Colombia en medio de las manifestaciones que se han desarrollado desde el 28 de abril.
El informe da cuenta de al menos 3.954 víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre el 28 de abril y el 28 de septiembre. Informa sobre nuevos 136 hechos violentos del 7 de junio a la fecha, que hacen referencia a 1088 nuevas víctimas, de las cuales se aporta la identidad de 513. Detalla cifras recientes y nuevos casos de: asesinatos; violación y violencia sexual; tortura y otros actos inhumanos; encarcelación u otra privación grave de la libertad física; desaparición forzada, entre otros.
Este último informe, señalan sus autores, se le entregó a la CPI, en el marco de la invitación que hizo la Fiscalía de este organismo para recibir observaciones y comentarios sobre puntos de referencia de la situación de Colombia en el marco del examen preliminar que se adelanta sobre el país. En esta ocasión, los autores de la comunicación señalan que existe una demora injustificada en la investigación de la gran mayoría de los casos. En el informe detallan como en los pocos casos en los que existe un avance procesal, se ha podido determinar que no existe independencia e imparcialidad por parte de los órganos judiciales, pues buena parte de las investigaciones se están adelantando por la Justicia Penal Militar, y en otras, la Fiscalía ha decidido investigar únicamente a los autores materiales de las conductas, obviando la responsabilidad de superiores jerárquicos.
Frente a los homicidios, los denunciantes advierten que la Justicia Penal Militar está conociendo actualmente de 13 casos, pese a tratarse de violaciones a los derechos humanos y no ser un tribunal competente e independiente para conocer de estas conductas. Además, señalan que en la Fiscalía General de la Nación hay una estrategia de ocultamiento y falsa justicia, pues pese a que el organismo le reportó a la CIDH que había esclarecido 13 homicidios relacionados con las protestas sociales, lo cierto es que hasta el momento solo hay un caso en etapa de juicio y en ninguno se ha proferido condena. Además, señalan que estos procesos están deliberadamente dirigidos contra autores marginales o de bajo nivel, a pesar de existir indicios de la presunta responsabilidad de los superiores jerárquicos.
De igual forma critican que no exista ninguna línea de investigación de la Fiscalía de Colombia por hechos de tortura, pese a la abrumadora evidencia que muestra que ésta fue una práctica sistemática contra los manifestantes, y en particular las personas detenidas, como fue el caso del músico Álvaro Herrera Melo. Por el contrario, critican los autores de la comunicación, que únicamente se investigue por tortura cuando las víctimas son agentes de la Policía Nacional.
Agregan con preocupación la situación de intimidación a víctimas y testigos como estrategia de silenciamiento e impunidad. En ese sentido, se destaca el caso de Esteban Mosquera, un reconocido líder del Paro y quien había perdido su ojo en 2018 tras recibir un impacto con un proyectil lacrimógeno lanzado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios en una protesta en Popayán. Los autores denuncian que el asesinato de Esteban, el pasado 23 de agosto, se suma a una serie de amenazas, atentados y estigmatizaciones de las que han sido víctimas algunos jóvenes y líderes del Paro Nacional, así como estudiantes y profesores de universidades del país, lo que ha llevado a varios de ellos al exilio.
El informe a la CPI concluye pidiendo al nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, que en su próxima visita a Colombia se reúna con organizaciones de derechos humanos y solicite a la Fiscalía General de la Nación, a la Jurisdicción Penal Militar y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes información sobre el estado de las investigaciones y el accionar frente a los presuntos máximos responsables. De igual forma, le solicitan que, de cara a la posible decisión de solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar una investigación formal en la Corte Penal Internacional sobre la situación de Colombia, incluya estos hechos en un nuevo examen preliminar de cara a los crímenes referenciados en contexto de la protesta social.
