Jueves 14 de agosto 2025. Las Plataformas de Derechos Humanos rechazamos y denunciamos públicamente la crítica situación humanitaria que atraviesa el departamento del Cauca, marcada por el recrudecimiento del conflicto armado, el fortalecimiento de estructuras ilegales, el alto riesgo para la vida e integridad de las comunidades y la ausencia de respuestas estatales integrales que garanticen sus derechos fundamentales.
En los últimos días, los enfrentamientos entre actores armados han derivado en asesinatos, desplazamientos forzados, confinamientos prolongados, reclutamiento forzado y la suspensión indefinida de clases. Esta situación impacta de manera directa a niñas, niños, adolescentes y firmantes del Acuerdo de Paz.
Actualmente, La subregión del Macizo Colombiano especialmente los municipios del norte y sur del Cauca— enfrenta un desbordamiento de la violencia, que se expresa en restricciones a la movilidad, confinamientos y graves afectaciones a la soberanía alimentaria. 42 municipios del Cauca se encuentran bajo alerta temprana por riesgo de desplazamiento forzado. Entre ellos se destacan Guapi y Argelia, donde se han reportado asesinatos; Lerma, con casos de reclutamiento forzado de menores de edad y jóvenes trans; Cajibío, con una delicada situación de orden público; y Almaguer, bajo intensa presión por parte de actores armados.
La Red Departamental de Mujeres del Cauca ha alertado sobre el exterminio físico y estructural de mayores y mayoras del pueblo Nasa, lo cual exige una protección colectiva con enfoque etnico, territorial y de género. Asimismo, la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos continúa siendo crítica, por lo que se requiere atención psicosocial urgente y garantías para el ejercicio de su labor.
De manera alarmante, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) en su Informe de Tendencias e Impacto Humanitario en 2025, reportó que entre enero – junio de 2025, más de 29.987 personas fueron confinadas en distintas zonas del Cauca, 2.529 fueron desplazadas forzosamente y otras miles permanecen bajo restricciones extremas de movilidad, sin contar con la reciente escalada de violencia ocurrida entre el 1 y el 12 de agosto, que incluye ataques armados a estaciones de policía, combates en zonas urbanas y rurales, masacres, asesinatos selectivos y afectaciones directas a estudiantes que presentaban las pruebas de Estado – SABER. Desde el 6 de julio, 501 personas (242 familias) están confinadas en los corregimientos Llacuanas, Altillo y Lomalargo bajo, Almaguer.
Esta crisis humanitaria se ve agravada ´por el impacto directo sobre el derecho a la educación: por ejemplo, en municipios como Corinto, más de 1.200 estudiantes, se han visto obligados a abandonar sus estudios debido a las amenazas y la inseguridad, quedando expuestos al reclutamiento forzado y otras formas de violencia.
Pese a la gravedad de esta situación, la respuesta del Estado ha sido insuficiente y fragmentada. La Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha atendido con la celeridad requerida las solicitudes de de protección de las comunidades y la Procuraduría General de la Nación no han asumido con contundencia su rol de garante de derechos, a pesar de las reiteradas alertas tempranas emitidas desde hace años. Es urgente que estas entidades reconozcan la magnitud de la crisis y cumplan los compromisos asumidos en espacios como la Mesa Nacional de Garantías, el Plan Integral de Garantías y la Mesa Departamental a Cauca.
Hacemos un llamado urgente a una intervención estructural, que aborde los problemas de fondo: desnutrición, desescolarización, desabastecimiento, confinamientos y falta de presencia institucional. Se requiere una respuesta , con enfoque étnico, diferencial, territorial y de derechos humanos. Es urgente implementar mecanismos como el Decreto 660, garantizar la atención integral a las comunidades y avanzar en una estrategia de protección colectiva y diferenciada para la vida de quienes defienden el territorio.
Exigimos al Gobierno Nacional, las gobernaciones y alcaldías acciones inmediatas y coordinadas para garantizar la seguridad, la vida, integridad y la dignidad de la población. De igual forma, exigimos a todos los grupos armados ilegales respetar y garantizar la protección de la población civil, acatando y cumpliendo el Derecho Internacional Humanitario, y reiteramos nuestro rechazo absoluto a su presencia y acciones.
La paz no puede seguir siendo un discurso abstracto mientras el Cauca se desangra.. El reclutamiento forzado de jóvenes, el exterminio de los mayores, la expansión de grupos armados y el abandono estatal profundizan la exclusión histórica que han enfrentado los pueblos del suroccidente colombiano.
Levantamos la voz por quienes han sido silenciados. Exigimos respuestas concretas, dignas y estructurales. La vida en el Cauca no puede seguir en pausa.
La Alianza De Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia.
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
