12 de marzo de 2023
La Corporación Jurídica Libertad, La Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, El Proceso Social de Garantías y la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia, hacen un llamado urgente al gobierno nacional, para que se respete y garantice el derecho a la protesta social en el Bajo Cauca.
Desde el mes de febrero, comunidades dedicadas a la minería no formalizada, en esta subregión comenzaron a programar un paro minero para la primera semana de marzo; el 2 de marzo se dio inicio a las manifestaciones en los municipios de esta subregión del departamento, entre sus exigencias están frenar operativos de quema de maquinaria amarilla y cumplir con los acuerdos a los que ha llegado el Estado con las comunidades históricamente; por su parte el gobierno ha sostenido que los operativos que se han desarrollado han sido solo contra las grandes dragas ilegales y que no se ha quemado maquinaria amarilla.
Una vez inició el paro el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, sostuvo públicamente que lo que acontecía en el Bajo Cauca era “un falso paro” ya que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC estarían presionando las manifestaciones (El Colombiano, 2023). Este tipo de señalamientos generalizados afecta a quienes están protestando de manera libre y voluntaria, los cuales son mineros que, están dedicados a la actividad no formalizada, por la necesidad de subsistir y porque no han obtenido una respuesta integral del Estado. Estigmatizarlos pone en riesgo sus vidas, ya que en una región como el Bajo Cauca no solo opera las AGC, sino también estructuras como las Disidencias de la FARC- Estado Mayor Central y el ELN, quienes podrían tomar represalias contra las y los manifestantes.
Como ha sido de conocimiento público en este paro hay comunidades que han sido obligadas a salir a las calles por parte de las AGC bajo la amenaza de ser asesinados. En este sentido reiteramos la urgencia de que el gobierno nacional resguarde la vida e integridad de la sociedad civil que está en las calles, a partir, de su deber constitucional de protección. En este contexto resulta imprescindible el Cese Bilateral al Fuego, que ya algunos actores armados han pactado en el marco de la Política de Paz Total, el cual busca “suspender la afectación humanitaria de la población en general y en particular de las comunidades étnico – territoriales y campesinas y a la Nación, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC” (Decreto 2658, 2022). El gobierno nacional no puede pretender solucionar por la fuerza lo que acontece hoy en el Bajo Cauca y las AGC no debe instrumentalizar las luchas sociales de las comunidades en beneficio de su poder con miras a buscar ser reconocido como un actor político en el actual contexto de la Ley de Paz Total.
Tras 10 días de protestas sociales, el comportamiento de la Policía Nacional ha provocado graves violaciones a los derechos humanos, al emplear el uso de la fuerza de manera desproporcionada contra quienes se manifiestan, dejando personas heridas, entre ellas un menor de edad. Además, se ha podido conocer de un caso de tortura y de la afectación de un refugio humanitario en el Bagre por los gases lacrimógenos que fueron lanzados contra quienes estaban en las calles manifestándose (10 de marzo) y luego por un ataque directo a la sede (11 de marzo).
Militarizar el territorio como respuesta a la protesta siempre ha sido una práctica de represión del Estado, esta medida nunca ha contribuido a solucionar el problema de conflictividad que se presenta en las manifestaciones (entre quienes protestan y la fuerza pública), por el contrario, esta acción se convierte en un factor de riesgo y de provocación. El actuar del gobierno nacional ante protestas sociales que tienen legitimas exigencias debe ser la efectiva respuesta integral, primando el dialogo, y no la represión; y cumpliendo con los acuerdos a los que se llegan con las comunidades.
Es necesario que el derecho a la protesta de las comunidades y el deber de protección y paz del Estado a la sociedad civil sea garantizado. En este sentido reiteramos el llamado al gobierno nacional de que las iniciativas de paz no sean solo con los grupos armados ilegales, sino que sirva como instrumento para solucionar los conflictos económicos, ambientales, sociales y culturales que se han
presentado por décadas en esta subregión, la cual se encuentra subsumida en la pobreza y el conflicto armado.
Debe ser de especial atención y reconocimiento por parte del gobierno nacional, regional y local la actual crisis socioambiental que genera la minería legal e ilegal en los territorios del Bajo Cauca, en especial porque hay comunidades afectadas por esta actividad, y en virtud de esto, también deben ser escuchadas y sus derechos garantizados. En este sentido se propone que sean incluidas sus voces en las eventuales Mesas de diálogo y de negociación.
Finalmente exigimos al gobierno y las AGC que detengan cualquier acción que ponga en riesgo a la población civil en el marco de las protestas sociales.
Por lo anterior, como organizaciones de derechos humanos y de paz, exigimos:
● Al gobierno nacional, regional y local respetar y garantizar el derecho a la protesta social. Ello incluye no estigmatizar a las comunidades que se movilizan.
● A las AGC detener las amenazas, cesar inmediatamente los hostigamientos y el constreñimiento a la población civil en el marco de las movilizaciones.
● Detener la militarización del territorio.
● Al Alto Comisionado para la Paz exigir a las AGC detener cualquier acción que ponga en riesgo la vida de las comunidades en cumplimiento del Cese Bilateral al Fuego pactado en diciembre de 2022.
● Hacer públicos los protocolos que permitan verificar el cumplimiento del Cese al Fuego con las AGC y demás grupos armados,
● Investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública.
● Continuar con la Mesa de Diálogo que se ha instalado para hablar con los voceros de la protesta y ampliar la representación de las comunidades en este espacio.
● Es fundamental que se desarrollen acciones humanitarias urgentes que permitan que las poblaciones donde se llevan a cabo las protestas puedan tener acceso a los alimentos y otros servicios fundamentales.
● El gobierno nacional debe enfrentar la actual crisis socioambiental a causa de la minería legal e ilegal, con propuestas sostenibles y con la participación de las comunidades.
Hacemos un llamado a que prevalezca el diálogo y la concertación, por encima de las acciones de violencia.
Aquí puedes descargar el comunicado: Comunicado
