Historia

En febrero de 1995, tuvo lugar en el Parlamento Europeo la Conferencia Europea sobre derechos humanos en Colombia, a solicitud de varias organizaciones no gubernamentales colombianas, algunas instituciones europeas que formaban parte del “Acuerdo de Londres” pusieron en marcha la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco), con sede en Bruselas, para fortalecer el cabildeo ante la Unión Europea y las Naciones Unidas sobre el tema de los derechos humanos en Colombia.

En abril de 1995, se consideró necesario, tanto por parte del Acuerdo de Londres, como por Oidhaco, contar con un interlocutor en el movimiento de derechos humanos, debido al creciente número de organizaciones de derechos humanos colombianas. De esta manera, surgió la oficina de la Coordinación Colombia – Europa, en Bogotá, con el propósito de responder al trabajo internacional.

En el año 1996 debido al impacto de la política de los Estados Unidos en Colombia, la CCEEU encontró eco en los Estados Unidos, abriéndose una oficina de coordinación con Colombia en Washington: la Oficina de Asuntos Colombianos en Estados Unidos (USOC, en inglés). Esta oficina realiza labores similares a Oidhaco, pero se centra en sus acciones de incidencia en el Gobierno y el Congreso estadounidenses; A partir de la incorporación del trabajo de incidencia en los Estados Unidos, el nombre se amplió a Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos – CCEEU.

En el inicio, el mandato de la CCEEU estaba limitado a la incidencia internacional dirigida principalmente a la Comisión de DDHH de las Naciones Unidas, a través de la realización del seguimiento al cumplimiento, por parte del Estado y del Gobierno colombiano, de las recomendaciones del informe que sobre la situación de DDHH en Colombia.

En el año de 2003 con ocasión del incremento en las violaciones a los DDHH, las infracciones del DIH y de un análisis del proceso conjunto adelantado desde el espacio en lo político, económico y organizativo, se da inicio a una nueva etapa de la CCEEU caracterizada por ajustes relacionados con:

  • La ampliación de su mandato en cuanto se reconoce como: “Un actor colectivo de incidencia internacional y nacional, que mediante una agenda política de trabajo busca contribuir a la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos con énfasis en derechos civiles y políticos, la lucha contra la impunidad, la vigencia del Estado social de Derecho y la búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado.
  • La consolidación de su estructura operativa y de sus mecanismos para la toma de decisiones y,
  • El acuerdo político para el impulso del proceso posteriormente denominado “Techo Común” como espacio para la articulación estratégica de las redes y plataformas sociales y de DDHH para el trabajo de incidencia nacional e internacional.