Bogotá, mayo 23 de 2022
Sin duda, el gobierno de Iván Duque pasará a la historia como la administración que reabrió las puertas a la violencia, los grupos armados ilegales, el narcotráfico, la corrupción y las crisis humanitarias, después de que se buscó cerrarles el paso a estos fenómenos con el Acuerdo de Paz de 2016. Pero también será recordado por haber rechazado todos los informes de Derechos Humanos publicados por los organismos internacionales responsables de la materia.
Ante el aumento de la violencia, las violaciones a los DD.HH y el DIH, pero también frente a las reacciones represivas, autoritarias y desproporcionadas de la Fuerza Pública, los informes internacionales llamando la atención del gobierno nacional y Estado colombiano fueron frecuentes y contundentes en rechazar dichos comportamientos y exigir el cumplimiento de los distintos tratados internacionales firmados por Colombia.
Uno a uno, Iván Duque y su equipo de gobierno rechazaron y calificaron los informes como alejados de la realidad y sin fundamento. Desde la llegada a la Casa de Nariño, el actual gobierno desechó los informes anuales de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). En marzo de 2020 dijo que el Informe anual (2019) violaba la soberanía nacional por recomendar que la Policía Nacional debiera salir del fuero del Ministerio de Defensa y pasar al del Interior, y que otros apartes sobre pasaban los límites políticos que le correspondían a la ONU.
Simultáneamente, el gobierno nacional refutó el Informe del Relator Especial de Naciones Unidas para la situación de personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst. Según los funcionarios oficiales, desconocieron en general el Informe y rechazaron enfáticamente las cifras contempladas por el Relator, al considerar que no se ajustaban a la realidad y no había tenido en cuenta las estadísticas gubernamentales.
Situación similar aconteció con las Observaciones y Recomendaciones de la Visita de Trabajo a Colombia realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del Paro Nacional en junio del 2021. En esta oportunidad su reacción fue más airada y descalificó prácticamente todo el Informe y sus recomendaciones no fueron tenidas en cuenta, por el contrario, contradijo lo allí expresado por la CIDH, reformulando la Ley de seguridad ciudadana.
Igual comportamiento ha tenido ante Informes tan relevantes sobre el crecimiento exponencial de la violencia oficial, esto es, la represión desmedida de la Policía Nacional contra las protestas sociales, cuyos resultados en víctimas de la sociedad han llegado a extremos gravísimos para la comunidad internacional. Es el caso del Informe “El Paro Nacional 2021: lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho a la reunión pacífica en Colombia”, realizado por la OACNUDH. En este caso el gobierno no se midió en palabras descalificadoras como “vileza y villanía”, para referirse al mismo, dado que la Oficina documentó 46 muertes de personas civiles en manos de la Policía Nacional en el marco de las movilizaciones de mayo y junio.
Pero los ámbitos no fueron sólo los derechos civiles y políticos, también respondió al Programa de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y Programa Mundial de Alimentos (PMA), ante el llamado de alerta que estas agencias hicieron una alerta del aumento del hambre en Colombia a comienzos de este año. La reacción del gobierno fue de tal magnitud, que radicó una queja ante ONU por considerar que la alerta no tenía sustento y desconocía los esfuerzos hechos por el gobierno, en la materia.
Tampoco se salvó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de quien rechazó su análisis de abril de 2022, según el cual, en Colombia existen seis conflictos armados. Y para cerrar este periplo sistemático de rechazos y desprecio gubernamental de los informes, reportes, observaciones y recomendaciones de la comunidad internacional, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Jefferson Mena, no aceptó las afirmaciones de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) relacionadas con el aumento del desplazamiento forzado en Colombia y la realidad innegable, que hay territorios controlados por grupos ilegales.
Se recuerda que Colombia ha ratificado diversos instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos, los cuales han sido incorporados en nuestra Constitución Nacional en el Art. 93 , y través del bloque de constitucionalidad se reiteró que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen derechos humanos y derecho internacional humanitario, prevalecen en el orden interno, lo cual por supuesto incluye el respeto a los órganos creados en virtud de dichos tratados, puesto que estos tienen un rol fundamental en el apoyo y fortalecimiento de la protección de los derechos humanos en el plano nacional.
En consecuencia, el respeto a los órganos de protección no puede depender de la voluntad de un Gobierno, son obligaciones que el Estado Colombiano debe cumplir, al someterse al escrutinio internacional, quien examina si las medidas que adopta para la protección eficaz de los derechos humanos y el derecho humanitario son eficaces o no con sus obligaciones internacionales.
Ante este panorama, como plataforma de Derechos Humanos, identificamos en el gobierno de Iván Duque un gravísimo retroceso en esta materia y, sobre todo, en el buen relacionamiento del Estado colombiano con organismos internacionales que velan por la vigencia de los derechos en el mundo, y los cuales fueron creados justamente para apoyar técnica, política y financieramente a los Estados para la superación de las violaciones a todos los derechos.
Esperamos que el nuevo gobierno restablezca la vocación democrática de Colombia interna y externamente, y respete, acepte y materialice las recomendaciones realizadas por los diferentes organismos y mecanismos internacionales.
Mayor información: 315 9265808
