Las organizaciones de derechos humanos agrupadas en la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos hemos insistido en que la búsqueda de salidas integrales para todos los actores al conflicto armado que Colombia ha padecidó en lós últimós 50 añós, exigen rómper el “Pactó de Silenció” que hasta ahora han impedido que las más graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad perpetrados por servidores estatales y sus colaboradores sean esclarecidos y sus máximos responsables, determinadores y beneficiarios, sean individualizados, investigados y juzgados. Las iniciativas para la ampliación del Fuero Penal Militar refuerzan esta tendencia buscando poner un punto final de cierre anticipado a la criminalidad estatal con miras al post-conflicto. No nos mueve el ánimo de que las sanciones previstas sean largas condenas de privación de libertad, pero si la exigencia del desmonte completo y definitivo de las estructuras criminales que pusieron en práctica crímenes de sistema como las ejecuciones extrajudiciales, el exterminio de los líderes sociales y las desapariciones forzadas, y la implementación de reformas a las estructuras políticas, militares y judiciales que han propiciado y encubierto estos crímenes para que estos no vuelvan a repetirse.
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