La renuncia del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez lejos de ser una crisis institucional debe ser una oportunidad para que la sociedad colombiana, en ejercicio de su derecho a la participación, exija que quien ocupe este alto cargo reúna las condiciones de independencia e imparcialidad para que cumpla con las funciones que la Constitución y la Ley le otorgan y le exigen.
La verdadera crisis la están generando los reiterados ataques contra el proceso de paz y las entidades a cargo de su implementación, que se producen de manera permanente desde el Ejecutivo. Ello exacerba los sistemáticos ataques contra los líderes y lideresas sociales y las personas en proceso de reincorporación que creyeron en las garantías de seguridad del Acuerdo. Esto demanda medidas de urgencia desde el gobierno Duque.
La Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación deben garantizar la continuidad de las investigaciones que involucran al saliente Fiscal y los funcionarios de la fiscalía que hayan incurrido en conductas al margen de la ley y deben velar por el respeto a las decisiones de la JEP para evitar rupturas del orden Constitucional colombiano.
Las organizaciones de la sociedad civil colombianas articuladas en la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos -CCEEU-, La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines la Plataforma Colombiana de DDHH, Democracia y Desarrollo -PCDDD-, hacemos un llamado de urgencia en defensa del Estado Social de Derecho y exhortamos a que se respete la separación de poderes como principio estructural y transversal de la Constitución y se reafirme y proteja la independencia de la rama judicial frente a las indebidas presiones que, se han desplegado desde diversas orillas para que desconozca la palabra empeñada por el Estado colombiano en el Acuerdo suscrito con las Farc – EP.
Reiteramos nuestro compromiso con la Paz de Colombia y en ese sentido estaremos atentas al desarrollo de estos acontecimientos y ofrecemos nuestros buenos oficios para superar esta difícil situación.
Exhortamos a la comunidad internacional, de manera particular a los países garantes, a la Misión de Observación de las Naciones Unidas, a la Unión Europea y sus países miembros, a que acompañen y se pronuncien frente a estos preocupantes hechos que atentan contra nuestra democracia.
