El día viernes 17 de abril se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP rechazó la solicitud de la Unidad de Víctimas de declarar la nulidad de todos los trámites del expediente de las medidas cautelares solicitadas por el Movice.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice, la Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada- MTDF y las organizaciones vinculadas al trámite de Medidas Cautelares para la protección de 17 lugares, donde se presume están inhumadas víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, expresamos nuestro desconcierto y absoluto rechazo a la solicitud de nulidad presentada por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.
Esta solicitud es una acción temeraria que pretende negar los derechos de las víctimas de desaparición forzada en Colombia impulsada por la institución encargada de proteger dichos derechos, lo cual no solo es contrario a la Ley, sino carente de toda ética y respeto por las víctimas que están obligadas a proteger.
Para el Movice es inaudito que la Unidad de Víctimas solicite que la JEP decrete la nulidad de todas las actuaciones procesales en el expediente 2019340161400009E, relacionado con las solicitud de Medidas Cautelares requeridas por el Movice y la revocatoria de los Autos 009 de 2018, AT 058 del 8 de octubre de 2019, Auto AT-078 de 2019 del 8 de noviembre, el Auto AI-011 del 20 de noviembre de 2019, relacionados con medidas de reparación para las víctimas de desaparición forzada del municipio de San Onofre, Sucre.
La solicitud de Medidas Cautelares hacen parte de la lucha del Movice y la Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada por contrarrestar el olvido, la ausencia de justicia y el ocultamiento de la verdad en los crímenes de desaparición forzada que siguen siendo negados por el Estado. Es por esto que una vez más hacemos un llamado para que los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, y sobretodo, a encontrar a nuestros seres queridos, no se pongan en tela de juicio.
Como se ha evidenciado en las audiencias realizadas por la JEP sobre las desapariciones forzadas en Comuna 13 (Medellín), la zona afectada por Hidroituango y el municipio de San Onofre (Sucre), las Medidas Cautelares son un escenario necesario para garantizar la participación de las víctimas, reconociéndolas como sujetos fundamentales para el proceso de búsqueda.
Para las víctimas de crímenes de Estado estos espacios han sido la oportunidad de encontrar parte de las respuestas que por años las entidades les han negado, así como evidenciar en la opinión pública nacional e internacional las acciones u omisiones conscientes de la institucionalidad en la búsqueda de las más de 120.000 personas desaparecidas en Colombia.
Como bien lo señala la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento y Verdad -SARV de la JEP, la reparación es uno de los componentes fundamentales de los derechos de las víctimas consagrado en el Acuerdo de Paz que deja en cabeza de la UARIV la tarea de avanzar en la adecuación y fortalecimiento de la política de atención y reparación integral a las víctimas.
Es inaudito que la UARIV entienda como una “condena” la solicitud de reparación colectiva, cuando por ley hace parte del cumplimiento de sus deberes, pues corresponde al acatamiento del ordenamiento jurídico propio de su labor.
La Unidad de Víctimas hace parte del SIVJRNR, y por lo mismo, no puede actuar de forma aislada y menos en contravía de los demás componentes de dicho sistema. No es posible que amparados en una supuesta violación del debido proceso se pretenda afectar el avance que se ha logrado en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, particularmente el derecho fundamental a buscar y localizar a las víctimas de desaparición forzada.
Sea este el momento de recordar que pese a que la Ley 1448 de 2011 está próxima a cumplir nueve años, los avances en el reconocimiento de los derechos a las víctimas son lamentables. La mayoría de víctimas de crímenes de Estado, entre ellas de desaparición forzada, no se encuentran en el Registro Único de Víctimas. Los Planes Integrales de Reparación Colectiva son una expectativa con pocos avances y poco presupuesto, incluso aquellos que ya están formulados, por lo que resulta una paradoja que se señale que la solicitud de la JEP a la UARIV afecta el desarrollo de dichos Planes.
Por el contrario, en reiteradas ocasiones las organizaciones de familiares y de derechos humanos hemos cuestionado la poca disponibilidad de la Unidad para atender y satisfacer los derechos de las víctimas como se desprende del hecho de que hasta el momento no cuentan con ninguna ruta o propuesta para apoyar la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, que es la principal medida de reparación para los familiares.
Esperamos que ahora que la SARV de la JEP ha decidido vincular a la UARIV al trámite de las Medidas Cautelares sea una oportunidad para avanzar en medidas de reparación integral y una verdadera atención a los familiares que buscan a sus seres queridos, y que no conviertan esta decisión en una oportunidad para obstaculizar los avances en la protección de los lugares y búsqueda y localización de las víctimas, afectando los derechos de las víctimas como ya viene pasando en otras instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica.
En esta coyuntura de crisis humanitaria generada por el COVID-19, la Unidad de Víctimas en cambio de atacar la solicitud de medidas cautelares, debe enfocar sus esfuerzos en acciones afirmativas para garantizar los derechos de las víctimas, entre ellas, buscar recursos para que el Gobierno Nacional agilice los pagos de la reparación administrativa a que tienen derecho más de 7 millones de víctimas, acelerar la restitución y formalización de tierras, garantizar un ingreso mínimo vital o renta básica para las víctimas más afectadas, el acceso a la salud y seguridad alimentaria de las víctimas.
Reiteramos nuestro rechazo a cualquier acción que vaya en perjuicio de los derechos de las víctimas y hacemos un llamado a las instituciones a actuar de manera coordinada para fortalecer los mecanismos ya existentes en materia de reparación, así como en su deber de garantizar los derechos a la verdad y a la memoria, respetando la participación efectiva de las víctimas.
NO VAMOS A RETROCEDER EN LA BÚSQUEDA DE NUESTROS DESAPARECIDOS
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice
Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada – MTDF
