Las delegadas ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad por las plataformas de derechos humanos y las invitadas permanentes de las plataformas de mujeres y expertas, expresamos nuestra preocupación por la falta de voluntad política del Gobierno Nacional para convocar a este escenario de implementación y seguimiento de la política pública de desmantelamiento y su evidente falta de compromiso para profundizar la toma de decisiones integrales y participativas en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales.
Bogotá D.C., Agosto 6 del 2025. El pasado jueves 31 de julio fue cancelada a último minuto la sesión plenaria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, después de varios aplazamientos previos y después de casi un año sin reunirse desde la última sesión plenaria, realizada el 22 de agosto de 2024. Esta cancelación no sólo desconoce la orden de la JEP del 11 de mayo, que ordenó convocar la Comisión en el plazo de un mes, sino que también contraviene el mandato legal que establece la convocatoria a sus reuniones con una periodicidad mensual, como mínimo.
Este hecho refleja un patrón de desdén institucional, tanto del Gobierno Nacional como entes de control e investigación presentes en este escenario de alto nivel, que han ignorado reiteradamente el carácter estratégico de la CNGS como espacio clave para decisiones integrales en materia de seguridad y persecución criminal, coordinación interinstitucional con visión de largo plazo y focalización de la inversión social en los territorios más afectados por el accionar de las organizaciones criminales, en particular estructuras paramilitares.
Temas fundamentales para la construcción de paz continúan excluidos tanto del debate público como del análisis de la CNGS, entre ellos: el marco jurídico para el sometimiento de grupos armado, la evaluación de los espacios de negociación para la paz total, el diseño de estrategias de investigación macrocriminal para analizar la responsabilidad de servidores públicos y actores económicos legales en el funcionamiento de la criminalidad organizada, así como la transformación de las instituciones encargadas de la seguridad para prevenir riesgos de cooptación y relacionamiento con estructuras armadas de corte paramilitar. La ausencia de estos temas en la agenda pública y en el análisis de la Comisión compromete las posibilidades de avanzar efectivamente en el desmantelamiento de las estructuras objeto de su mandato.
Asimismo, las estrategia de territorialización de la política de desmantelamiento presenta deficiencias estructurales que comprometen seriamente su eficacia. La responsabilidad de las entidades territoriales no está debidamente articulada, no se han definido presupuestos concretos para financiar aspectos esenciales como inversión social, la investigación integral se ha centrado en fortalecer la infraestructura y equipos de vigilancia, y persiste una insuficiente formación adecuada de las capacidades humanas y técnicas para investigar los vínculos políticos y económicos que sostienen las estructuras criminales.
Expresamos nuestra profunda preocupación por el limitado alcance que el Gobierno Nacional le ha otorgado tanto a la CNGS como a la implementación de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. La Misión de Verificación de la ONU indicó en su último informe sobre la desactivación preocupante de este espacio, lo que evidencia la actitud de todas las autoridades allí involucradas de relegarlos a una instancia de socialización de acciones de gobierno sin impactos reales en la vida, seguridad y permanencia de las comunidades en los territorios y la reducción de ataques contra la población civil.
Exigimos del Gobierno Nacional, de la Fiscalía General, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo priorizar la CNGS como eje central en la formulación de políticas, planes y programas que articulen la acción institucional para la construcción de paz con garantías de no repetición. Es fundamental diseñar estrategias que reduzcan la presencia de grupos armados ilegales, actualmente activos en más de la mitad del territorio nacional, y se fortalezca el acceso de las poblaciones, en especial de las mujeres, a planes de sustitución de economías ilícitas, prevención del reclutamiento forzado y procesos de desmovilización y reintegración efectiva. Además, se requiere un compromiso claro para rediseñar las instituciones y prevenir los vínculos entre organizaciones y conductas criminales con servidores públicos o actores económicos, así como investigar de manera exhaustiva dichas relaciones.
Mientras el Gobierno retoma sus responsabilidades en esta instancia de gran importancia para la búsqueda de la paz negociada, interpondremos las acciones jurídicas necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento de este espacio vital para la paz en los territorios.
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20250804 Comunicado público CNGS.
