El informe Ellos sabían ¿Dieron la orden? presentado a la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad, Determinación de los Hechos y Conductas -SRVR- de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- por 10 organizaciones de derechos humanos: Asociación Para la Promoción Social Alternativa -MINGA-, Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda, Comisión Colombiana de Juristas -CCJ-, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR-, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP-, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Jurídica Yira Castro y Humanidad Vigente Corporación Jurídica; se centra en analizar la presunta responsabilidad en la práctica de ejecuciones extrajudiciales en diferentes territorios del país, de quienes durante los años 2006 a 2008 ejercieron la comandancia de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional, así como de funcionarios públicos que ejercieron altos cargos estatales y, como se documenta, tuvieron conocimiento temprano sobre dicha práctica.
El periodo del informe fue priorizado en atención al alto número de ejecuciones registradas en estos tres años. Como es sabido, tras un ejercicio de contrastación en las versiones de comparecientes, expedientes y/o informes de Fiscalía, Procuraduría, Sistema Penal Acusatorio, Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica así como de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) -donde confluimos organizaciones que presentamos el presente informe-; la JEP encontró que en el periodo de 2002 al 2008 al menos 6.402 personas fueron presentadas en el país como guerrilleros dados de baja en combate aunque no lo eran. De estos, entre el 2006 y 2008 fueron cometidos 2.401 ejecuciones extrajudiciales tan solo en 10 de los 32 departamentos donde se han registrado este tipo de crímenes: Antioquia: 721, Meta: 223, Caquetá: 205, César: 168, Norte de Santander: 204, Tolima: 202, Huila: 225, Casanare: 163, La Guajira: 133 y Cauca: 158.1.
En este informe, se documenta el conocimiento que tuvo el alto estamento militar y civiles que ostentaban altos cargos dentro de la institucionalidad sobre el incremento de la práctica de las ejecuciones extrajudiciales desde sus tempranas etapas, y recopila documentos que prueban que existieron denuncias formales por esas graves violaciones por lo menos desde el año 2004, así como al menos 42 reuniones, oficios y comités de trabajo de los que participaron o tuvieron conocimiento funcionarios de la Vicepresidencia de la República, el Programa presidencial para los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Dirección de la Justicia Penal Militar, la Inspección General de las Fuerzas Militares, la Inspección General del Ejército, la Comandancia del Ejército, Comandancias de División, entre otras entidades que oficiaron o recibieron oficios, o bien participaron en dichas reuniones donde se trató el tema de la comisión e incremento de esa práctica criminal…
R.E-ELLOS-DIERON-LA-ORDEN
