Víctimas y organizaciones de Derechos Humanos acompañantes manifiestan preocupaciones e inconformidad frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), especialmente en los casos de ejecuciones extrajudiciales.
Bogotá D.C, 03 de mayo de 2024. Las integrantes de la Asociación Madres de víctimas de falsos positivos (MAFAPO), organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil firmantes, expresamos preocupación e incertidumbre frente a la actual situación en la JEP de los casos de ejecuciones extrajudiciales, debido a que los pocos avances que este estamento ha presentado ante la opinión pública han sido realizados a costa de los derechos de las víctimas y sin garantizar su participación. Sus opiniones y expectativas son pasadas por alto y se desconoce la travesía que recorren hacia la reconciliación con la expectativa de reclamar un futuro de dignidad y paz.
En principio, ha transcurrido más de un año desde que la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz tuvo conocimiento de la Resolución de Conclusiones 01 de 2022, en la que se vincularon 11 máximos responsables en el marco del Subcaso Norte de Santander del macro caso No. 03 “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”, y aún no se conoce ninguna decisión frente al análisis de correspondencia, que definirá la situación jurídica y sanciones de estos comparecientes.
De igual manera, genera preocupación que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y las Conductas (SRVR) con esta resolución de conclusiones no continúe las investigaciones en la región del Catatumbo en otros periodos de tiempo, desconociendo otras estructuras militares vinculadas a hechos de ejecuciones extrajudiciales, las cuales no se abordaron en un primer momento por los criterios de priorización empleados por la Sala.
Con el anuncio de la SRVR de la apertura de la “fase de instrucción nacional”, hay expectativa frente al análisis de esta práctica nociva a nivel nacional y la participación en ellas de funcionarios de altas instancias del gobierno. Sin embargo, con la decisión de no abrir nuevos subcasos regionales y la metodología de hechos ilustrativos anunciada por la Sala, muchos casos que no han tenido ningún avance significativo en la jurisdicción ordinaria continuarán en la impunidad, por lo que es importante analizar el rol que podría tener la Fiscalía General de la Nación para brindar respuestas en estas situaciones que no constituyan hechos ilustrativos.
Sumado a la anterior, mostramos nuestra preocupación frente al proyecto restaurativo “Siembras de Vida”, en el que, sin socializar previamente con las víctimas, se vincularon comparecientes de la fuerza pública por hechos de ejecuciones extrajudiciales, incluyendo máximos responsables. Aún más grave, es censurable la desinformación que permeó este proyecto, al que algunas víctimas fuimos convocadas como veedoras con el conocimiento de que sería desarrollado por comparecientes de la extinta guerrilla FARC-EP.
Nos inquieta que la Secretaría Ejecutiva avalara este proyecto como TOAR anticipado y es muy probable que sea reconocido por la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz como parte de la sanción propia. Una sanción sin ninguna conexión territorial ni objetivo real de reparación.
Como víctimas de casos de ejecuciones extrajudiciales sentimos defraudada la confianza depositada en la JEP, le solicitamos tomar las medidas necesarias para garantizar el principio de centralidad de las víctimas y la participación en las decisiones que nos conciernen y afectan, de manera que el Sistema Restaurativo no se ejecute a costa de las víctimas.
A su vez, instamos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDJS), como instancia que definirá la mayor parte de la situación jurídica de los comparecientes, que dé a conocer la estrategia que empleará para evaluar la responsabilidad de quienes no fueron vinculados por la SRVR y dé garantías de partición de las víctimas. Finalmente, pedimos al Tribunal para la Paz que cumpla con su mandato de manera oportuna y diligente y que emita una decisión sobre la situación de los comparecientes vinculados en la Resolución de Conclusiones 01 de 2022 en el menor tiempo posible.
Las integrantes de MAFAPO, organizaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos acompañantes reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reconciliación en Colombia y exigimos que se respeten nuestros derechos y se avance de manera decisiva en el proceso de justicia transicional en el país.
Firman:
Asociación Madres de víctimas de falsos positivos (MAFAPO)
Observatorio Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Movimiento Nacional de Crímenes de Estado (MOVICE)
Colectivo Tejiendo Memorias
Corporación Jurídica Libertad (CJL)
Asociación Para la Promoción Social Alternativa Minga (Asociación Minga)
Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC)
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Aquí el comunicado para descarga: COMUNICADO MAFAPO
