Por el desmonte del paramilitarismo, la implementación del Acuerdo Final suscrito con las FARC-EP y el apoyo a los diálogos con el ELN
MOVILIZACIÓN NACIONAL
Durante los últimos años ha quedado en evidencia que el paramilitarismo y sus estructuras no han sido realmente desmontadas, por el contrario, continúan actuando contra líderes sociales, sindicales y defensores/as de derechos humanos. Las denuncias sobre la presencia de paramilitares en los territorios, amenazas, hostigamientos, atentados y homicidios son una constante en el día a día de las comunidades de ciertas zonas del país.
La paz sigue siendo un sueño y un anhelo para las regiones donde históricamente ha existido el conflicto, que se posterga por la violencia sistemática de estos grupos armados que actúan con total impunidad.
Las cifras revelan el escalofriante número de al menos 120 líderes/as y defensores/as de derechos humanos asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017, según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo. Esta violencia sociopolítica sistemática es inadmisible en un país que avanza hacia la paz y la consolidación de una democracia, en la cual todos los ciudadanos deberían poder exponer sus ideales sin temor a perder la vida por ello.
Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos vienen denunciado no sólo la presencia de grupos fuertemente armados en regiones donde las FARC-EP históricamente hacían presencia, sino la inoperancia del Estado para atacar, frenar y desmantelar estas organizaciones paramilitares y sus redes de apoyo. Todo ello, con un claro objetivo de amedrantar e impedir el trabajo que las comunidades vienen adelantando a favor de la paz y el desarrollo de las regiones.
Las garantías de no repetición ante graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario son inescindibles a la paz. Constituyen un derecho de las víctimas y de la sociedad y una obligación del Estado.
Es por ello que la implementación del Acuerdo Final suscrito con las FARC-EP, en el cual se contemplan medidas para el desmonte del paramilitarismo y la protección integral a comunidades y líderes/as, no da más espera ni dilaciones. Los congresistas tienen un mandato histórico de hacer que las medidas de protección y seguridad sean una realidad en nuestro país. Exigimos al Estado no más tergiversaciones. El paramilitarismo en Colombia existe y debe desmontarse para #QueNoSeRepita.
De igual manera, reiteramos la centralidad, la equidad y el respeto a las víctimas, que debe primar en cualquier proceso de terminación de un conflicto armado. Estos principios han de prevalecer tanto en los debates de implementación del acuerdo ya suscrito, como en los diálogos que inician con el Ejército de Liberación Nacional – ELN.
En ese sentido, expresamos un apoyo decidido al dialogo de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN y exigimos que desde sus inicios se garantice una participación real y activa en este proceso. Así mismo, exigimos de las partes el acuerdo inmediato de un cese bilateral al fuego, medidas inmediatas para desmontar el paramilitarismo y garantías a la vida e integridad de los líderes, lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia.
Por todo ello, y como cada 6 de marzo, volvemos a salir a las calles para conmemorar el Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, en una movilización nacional que se extiende a lo largo de todo el día en 11 ciudades del país, y que se alargará hasta el 11 de marzo en 3 más, bajo la consigna histórica de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. #QueLaPazNoNosCuesteLaVida
Ver comunicado completo: Comunicado 6 de marzo
