Bogotá, 21 de abril de 2023,
Los días 20 y 21 de abril de 2023 tuvo lugar en la ciudad de Bogotá el Foro “Tejiendo la Paz Total: Aportes desde las organizaciones sociales”, en el cual participaron cerca de 100 líderes, lideresas sociales y defensores/as de los derechos humanos del país, incluyendo víctimas del conflicto armado, provenientes de los departamentos de Atlántico, Magdalena, Córdoba, Cesar, Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Casanare, Antioquia, Pacífico Nariñense, Putumayo, Arauca y Chocó.
Este foro, convocado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Alianza de Organizaciones sociales y afines, con el apoyo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado nos reunimos para escuchar a distintos sectores sociales, con la finalidad de discutir las propuestas que el Gobierno Nacional presentó sobre la política de Paz Total y definir un conjunto de exigencias frente a la participación de la sociedad civil en esta nueva estrategia.
En el marco de los acercamientos y negociaciones del Gobierno con algunos grupos armados ilegales y el desarrollo legislativo que hasta el momento tiene la política de Paz Total, vemos con preocupación tanto la falta de claridad sobre la complementariedad de esta política con el Acuerdo de Paz del 2016, como la ausencia de espacios de participación e interlocución con las víctimas, comunidades y organizaciones en los territorios, quienes principalmente sufren el flagelo del conflicto armado y el recrudecimiento de la violencia sociopolítica.
En este sentido, presentamos nuestras exigencias como víctimas, comunidades y organizaciones sociales, las cuales están dirigidas al Gobierno Nacional para que las atienda y a la sociedad civil para que las respalde:
En cuanto a garantías de seguridad, exigimos:
1. Ser incluidos e incluidas en la construcción de los protocolos de ceses bilaterales al fuego y en los escenarios de verificación para los mismos, no solo como observadores, sino como actores políticos. Estos ceses deben implicar la suspensión de los ataques y la estigmatización a la población civil, así como deben dar lugar a la suspensión de enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el control territorial, dando paso a un acuerdo nacional de ceses multilaterales al fuego. La participación de la sociedad civil en la formulación de estos protocolos y en la verificación de los acuerdos totales y parciales con grupos armados ilegales debe contar con plenas garantías de seguridad, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales para evitar procesos de judicialización y estigmatización a futuro.
2. Debe darse un respeto a los espacios existentes actualmente de sociedad civil sobre garantías de seguridad. Para la Paz Total se requiere el reconocimiento de los espacios de garantías de seguridad en los que participa la sociedad civil en los territorios, como es el caso de las Mesas Humanitarias y de Paz Departamentales, las Mesas Territoriales de garantías, los Consejos de Paz, y el fortalecimiento pleno de los mismos como espacios de interlocución en los procesos de diálogo con grupos armados ilegales.
3. Exigimos el desmantelamiento real y efectivo de los grupos armados ilegales a partir del reconocimiento de las causas estructurales que han dado lugar al surgimiento de estas organizaciones armadas y a las relaciones políticas y económicas que históricamente las han sostenido. Para ello, exigimos que todo el andamiaje normativo de la Paz Total garantice la desarticulación de dichas relaciones y la develación de la verdad sobre su consolidación, financiación, redes de apoyo, entre otras. Por esto, exigimos que el Gobierno Nacional reconozca y cumpla con sus funciones en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, ente creado por el Acuerdo de Paz del 2016 que tiene dentro de sus funciones la construcción de la política pública de desmantelamiento.
4. No deben existir más acciones cívico-militares. Se deben revelar y perseguir las relaciones de connivencia entre Fuerza Pública y grupos armados ilegales. También se deben desmilitarizar los territorios en que su presencia sea un factor de riesgo advertido por la sociedad civil. Así mismo, deben realizarse acciones inmediatas para la transformación de la doctrina militar, garantizando el no empadronamiento y sancionando la persecución judicial contra personas defensoras y comunidades.
Además, se deben adelantar acciones complementarias a las ya emprendidas para lograr la depuración de la Fuerza Pública.
5. Respetar formas propias de protección y justicia de comunidades y organizaciones sociales en los territorios. Exigimos una implementación real, con presupuesto y voluntad política del Decreto 660 de 2018. La Paz Total debe impulsar y garantizar el buen vivir comunitario.
Reconociendo que la violencia sociopolítico ha afectado de manera diferencial a las mujeres y diversidades sexuales, exigimos:
1. Garantías para la participación de las mujeres en el marco de la Política Paz Total que: 1. involucre un espacio en los procesos de negociación; 2. considere enfoques diferenciales de género, étnico, campesino, territorial, entre otros; 3. considere las experiencias particulares de las mujeres en temas como: la resolución de conflictos, el cuidado de recursos naturales; 4. brinde claridad a las mujeres sobre los espacios de participación, sus alcances y objetivos; 5. permita canales de comunicación directa entre las mujeres, sus organizaciones y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; 5. permita un conocimiento sobre la Paz Total hacia las mujeres.
2. El fortalecimiento de la Resolución sobre Mujeres, Paz y Seguridad 1325/2000 a partir de: 1. mayor difusión y conocimiento de la resolución 1325 desde el Gobierno hacia la sociedad civil; 2. participación amplia de las mujeres y sus organizaciones sociales en los Planes de Acción de la resolución a través de foros, planes regionales, entre otros; 3. realización de veedurías sobre su implementación; 4.garantías presupuestales para su implementación desde el Gobierno.
3. Transformar la visión de la seguridad teniendo en cuenta un enfoque de género y territorial que permita cambiar la visión basada en la seguridad armada, el militarismo y la eliminación del otro. En este sentido, exigimos; 1. la desmilitarización progresiva de los territorios y desarme de civiles; 2. la reforma de la Fuerza Pública; 3. el fortalecimiento de un enfoque territorial que permita tener en cuenta los arraigos territoriales y ancestrales, y que permita la permanencia del territorio, 5. el reconocimiento y fortalecimiento de mecanismos de autoprotección comunitarios (guardias indígenas, campesinas, redes de mujeres).
4. Garantías para una vida libre de Violencias Basadas en Género -VBG- a partir de 1. desescalamiento del conflicto que mitigue las afectaciones particulares hacia las mujeres (reclutamiento de hijos, violencia sexual, entre otras); 2. la implementación de enfoques de género en la atención a VBG por parte del Estado, que elimine la revictimización en las denuncias y la falta de protección y acceso a la justicia; 3. garantías de derechos integrales para una vida digna, que permita el acceso a salud, educación, transporte, alimento con presencia del territorial del Estado; y 4. la implementación de las medidas de género del Acuerdo Final de Paz.
En lo referente a nuestra participación y a nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación, y las garantías de no repetición, pero también frente al tratamiento penal y penitenciario:
1. Exigimos la construcción e implementación de las cátedras de paz con enfoque de memoria y cultura dentro de los espacios penitenciarios, de carácter obligatorio para las personas que se someten en el marco de la paz total. Asimismo, a otros actores integrantes de las instituciones del Estado, de forma que exista una sensibilización sobre los daños, las afectaciones y las condiciones de vida que se desprenden de la violencia y el conflicto armado. Solo así se garantizará la no repetición de estos hechos de violencia.
2. Exigimos que se conserve la posibilidad de extradición para quienes incumplan (total y parcialmente) las condiciones de acogimiento que sean planteadas en el marco de la Paz Total, en aras de que contribuyan a la materialización del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas y de la sociedad.
3. Que se fortalezcan los incentivos para la entrega de bienes ilegales por parte de grupos armados con los cuáles se negocia y se dialoga, de forma que se favorezca la reparación de las víctimas y sus territorios. Es importante aclarar que, si bien el derecho a la reparación se debe satisfacer por parte del Estado, esta medida podría contribuir a la garantía efectiva de sus derechos.
4. Garantizar que las víctimas y las organizaciones de derechos humanos tengan una participación directa y vinculante durante todas las etapas que materialicen la estrategia de paz total, durante las cuáles nuestras propuestas no sólo sean escuchadas, sino tenidas en cuenta efectivamente por la institucionalidad y los actores armados, obteniendo respuestas claras sobre su inclusión.
5. Diseñar un espacio autónomo, amplio, y con enfoque territorial, etáreo, étnico, de género, intergeneracional y por la naturaleza del actor en donde se abra la discusión sobre nuestras demandas y propuestas en relación con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, así como sobre nuestra representación como víctimas en los espacios de paz total.
6. Se esclarezca la verdad sobre la victimización que hoy sufren los líderes y lideresas sociales en los territorios a través de la estigmatización, la persecución y la judicialización. Esa verdad implica reconocer la responsabilidad de Fuerza Pública, actores políticos y económicos (petroleras, bananeras y palmicultores) en estas formas de victimización.
7. Implementar una propuesta de reparación integral que recoja medidas diferenciadas, colectivas y autónomas en las que participen las personas directamente afectadas y que sean medidas vinculadas al acceso a los servicios públicos, a salud, educación, vivienda, al reconocimiento y saneamiento de los territorios ancestrales, partiendo de la necesidad de que los victimarios contribuyan con sus bienes a la reparación. En concordancia con ello, la reparación integral debe tener en cuenta la reestructuración de la UARIV y darle cumplimiento a los preceptos normativos que previamente se han previsto en punto al derecho a la reparación en todas sus dimensiones.
8. Garantizar nuestro derecho a la verdad plena que cumpla con los estándares nacionales e internacionales, y satisfaga a las víctimas, especialmente, superando lo esclarecido por la justicia ordinaria.
Finalmente, desde el movimiento social reiteramos la necesidad de promover y fomentar espacios de participación efectivos y oportunos de la sociedad civil en cada una de las etapas de la política de paz total y para ello, exigimos al gobierno nacional y a las autoridades implicadas en el desarrollo de esta que:
1. Incluir dentro de las agendas de negociación a las comunidades, organizaciones sociales y víctimas como actores fundamentales para la construcción de una política de paz para la consolidación y priorización de territorios para la paz total, que tengan en cuenta la necesidad de implementar los acuerdos logrados en cada uno de estos.
2. Garantizar el establecimiento de escenarios de participación deliberada que incluya la realización de diálogos territoriales y regionales vinculantes, además de un “encuentro nacional de movimientos sociales por la paz total” con todo lo que esto implica para que se puedan formular propuestas concretas frente a las agendas de negociación con enfoque territorial, étnico, campesino y de género.
3. Reactivar los espacios y mecanismos de participación de la sociedad civil creados por el Acuerdo Final de Paz y crear otros escenarios que puedan ser útiles para el desarrollo de la Paz Total.
4. Garantizar la implementación de una política de acompañamiento psicosocial integral a los miembros de la sociedad civil y a las organizaciones de víctimas que hagan parte de los escenarios de participación habilitados en el marco de la concertación de la política de paz, que incluya el fortalecimiento de redes comunitarias y de contención emocional con enfoque diferencial. Asimismo, que se generen espacios para el fortalecimiento del acompañamiento espiritual y la medicina tradicional atendiendo al enfoque diferencial.
5. Crear estrategias de interlocución y comunicación efectivas, dinámicas, oportunas, y asertivas y de socialización de los avances en materia de la política de paz, así como fomentar la creación de una red de medios de comunicación comunitarios que puedan crear espacios autónomos de participación.
Todas estas propuestas pretenden fortalecer las iniciativas del Gobierno en materia de construcción de paz como parte de un anhelo de víctimas, líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos por la cesación de la violencia en los territorios y la construcción de un país con condiciones para una vida digna.
Esperamos que estas propuestas sean acogidas por parte del Gobierno Nacional; asimismo, que se habiliten escenarios en los que podamos ampliar lo aquí anunciado y construir conjuntamente.
Descargue aquí el documento: DOCUMENTO RUEDA DE PRENSA PAZ TOTAL.docx (1)
