Sácama, Casanare.
25 de octubre
Denuncia pública
Paramilitares de los frentes 28 y 45 del EMC desplazan, amenazan y roban a comunidades del
Tablón, límites entre Arauca y Casanare
Antecedentes
Desde el año 2022 se ha recrudecido la confrontación entre los grupos armados al margen de la ley
en el centro oriente de Colombia, los grupos de actuar paramilitar que se hacen llamar farc EMC, han
declarado una guerra contra las organizaciones y liderazgos sociales en el territorio, es así que han
atacado con carro bomba la sede de organizaciones sociales en Saravena, Arauca, el 19 de enero de
2022, en noviembre de 2022, el cabecilla de la estructura 28 anuncia la sentencia de muerte contra
300 líderes sociales y abril de 2024 alias pescado de la estructura 10 anuncia el asesinato de líderes
sociales en el territorio. Estos hechos se enmarcan en una estrategia de estigmatización, asesinato y
persecución contra el movimiento social en la región que coincide con las declaraciones de mandos
militares del Ejército.
Hechos
El día 23 de octubre de 2024 según información de la comunidad, se presentan enfrentamientos entre
guerrilla y grupos de actuar paramilitar en inmediaciones de la vereda Aguablanca de Tame, Arauca,
en límites con el municipio de Sácama, Casanare.
Luego de los enfrentamiento, los miembros del autodenominado EMC Farc, amenazan a la
comunidad de la vereda, los obligan a desplazarse, les leen una lista con nombres de la comunidad
de Sácama que deben salir del territorio y les manifiestan que no pueden continuar viviendo en las
inmediaciones de Tame o Sácama.
Estas actuaciones de despojo, desplazamiento e intimidación descargadas contra la población civil
constituyen una grave infracción al derecho internacional humanitario, además de violaciones a los
derechos humanos.
Exigimos:
Al Estado Colombiano en cabeza del presidente Gustavo Petro, a los gobernadores Renson Martínez
y Cesar Ortíz Zorro, impulsar una política de desmonte del paramilitarismo, atender a las comunidades afectadas por este desplazamiento; garantizar el retorno y sus condiciones de vida
digna.
Al gobierno nacional que cumpla con su obligación de proteger a las personas en su vida e integridad,
principalmente a los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
A los aparatos de justicia y control, los exhortamos a que las investigaciones por estos casos,
principalmente en los hechos contra líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos,
se adelanten con la prontitud, rigurosidad y responsabilidad que amerita, para no seguir con la
impunidad estimulando este genocidio.
A la defensoría del pueblo a activar los mecanismos de alertas tempranas frente al desplazamiento.
A la comunidad internacional, una vez más los llamamos a acompañar con su solidaridad política y
monitoreo permanente a esta grave crisis social y humanitaria que vive la región.
¡POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL
TERRITORIO!
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA
¡NUESTRA ACCIÓN SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA!
Denuncia pública 21024
