Las Plataformas de Derechos Humanos de Colombia rechazamos la agudización de las hostilidades entre el ELN y las disidencias de las FARC, que ha tenido un impacto devastador en el Catatumbo que, de acuerdo con la Defensora de Pueblo, Iris Marín, se reportan más de 30 personas muertas según información en confirmación, entre ellas cinco firmantes de paz.
Como plataformas de derechos humanos, reiteramos nuestro rechazo absoluto a todo ataque y vulneración de los derechos de la población civil. No podemos permitir que la violencia siga siendo la respuesta, ni que se ignore el sufrimiento de quienes buscan una Colombia en paz.
La paz es un derecho fundamental y consideramos que la negociación política y los espacios socio-jurídicos son caminos esenciales para avanzar en la superación del conflicto armado y enfrentar otras manifestaciones de criminalidad y violencia paramilitar. Como plataformas de derechos humanos, hemos denunciado en múltiples escenarios la expansión de los grupos criminales y la persistente amenaza a la vida e integridad de líderes y comunidades. La verdadera voluntad de los actores armados para transitar a la paz debe evaluarse por su compromiso concreto y real de respetar la vida de la población civil y sus organizaciones.
Exigimos al gobierno y su gabinete en materia de paz un compromiso auténtico y firme con la prevención y protección de los derechos humanos y la integridad de la población. La paz debe ser la única vía viable para resolver el conflicto y es crucial que tanto el gobierno como los grupos armados reconozcan la urgencia de avanzar hacia una solución pacífica.
Urgimos a los órganos de investigación y control a esclarecer las responsabilidades y garantizar justicia sin demora. Este hecho constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario, esencial para proteger a la población civil y asegurar un mínimo de humanidad en situaciones de conflicto.
Exigimos al ELN y las disidencias de las FARC un cese inmediato de estos ataques como muestra de voluntad de paz. Comprometerse con una solución negociada del conflicto, implica necesariamente el cese de las hostilidades, respetando la vida y los derechos humanos de la población civil.
Además, hacemos un llamado urgente al Presidente de la República y al Gobierno Nacional para que mantengan su compromiso con el diálogo como el único camino viable para la resolución del conflicto armado. El gobierno no debe sucumbir a la tentación de la guerra total, ya que ésta sólo exacerba la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, liderazgos, sus comunidades y territorios, quienes claman por una paz negociada y respetuosa de los derechos humanos. La paz debe ser una prioridad inquebrantable, fundamentada en el respeto a la vida y la dignidad de todos los y las colombianas.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales, en especial a la comunidad internacional, la misión de verificación de la ONU de Derechos Humanos y al sistema de Naciones Unidas, para que refuercen su apoyo al Acuerdo de Paz y ayuden a mitigar la crisis humanitaria en el Catatumbo. Su participación es crucial para que se tomen medidas concretas para proteger a la población civil y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en los territorios más afectados.
De igual forma, a las iglesias, a las organizaciones del movimiento de derechos humanos y paz, al gobierno nacional, a la Defensoría del Pueblo y a los actores armados a generar un espacio de acercamiento para que se llegue a un acuerdo humanitario en el Catatumbo, que otorgue garantías y proteja a las personas que habitan estos territorios.
Es hora de que se actúe con determinación, sin ceder ante la violencia, y que el gobierno escuche y respete las voces de la sociedad civil en su incansable lucha por la paz y la garantía de los derechos humanos.
Cordialmente,
PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO
COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS
ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y AFINES POR UNA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PAZ Y LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA
Bogotá, 17 de enero 2025
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