Miércoles 20 de agosto de 2025. Por medio del presente documento, ciudadanos, líderes comunitarios y miembros de la población afectada del sector de La Raya, ubicado en la desembocadura del río Caribona, jurisdicción del municipio de Montescristo, departamento de Bolívar, hacemos denuncia pública de graves hechos que vulneran los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ocurridos el día 20 de agosto del año en curso alrededor de las 6:00 a.m, a manos de miembros de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina No. 1, de la Armada Nacional de Colombia que operan en la zona.
HECHOS DENUNCIADOS:
1. Detonación de granadas de mano cerca de población civil:
Miembros de la Infantería de Marina, que habitualmente se desplazan por los ríos Cauca, Nechi y Caribona, detonaron varias granadas de mano en inmediaciones de una vivienda habitada por una familia campesina en el sector conocido como La Raya. Este acto se realizó sin previo aviso, sin medidas de seguridad ni evacuación de civiles, poniendo en grave riesgo la vida, integridad y salud de la comunidad.
2. Heridos civiles:
Como consecuencia directa de estas detonaciones, dos personas resultaron heridas: un hombre y una mujer, quienes fueron trasladados de emergencia para recibir atención médica. Los heridos son miembros de la comunidad campesina que reside en la zona y no estaban involucrados en ninguna actividad armada.
3. Uso desmedido de la fuerza y abuso de autoridad:
La presencia de la fuerza pública en la región ha sido caracterizada por un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, así como por actos de intimidación y trato arbitrario hacia la población civil. Este comportamiento vulnera principios fundamentales del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, especialmente el principio de distinción entre combatientes y civiles.
4. Extorsión a mineros informales:
Además, se denuncia que miembros de la Infantería de Marina están ejerciendo presión económica y extorsión contra trabajadores de la minería informal que operan en la zona. Se les exige dinero o recursos a cambio de permitirles continuar con sus labores de subsistencia, lo cual constituye un acto de corrupción y violación a sus derechos económicos y laborales.
IMPACTO EN LA COMUNIDAD:
Estos hechos han generado miedo, desplazamiento forzado y desconfianza hacia las instituciones del Estado. La población civil, mayoritariamente campesina y de bajos recursos, se siente abandonada y amenazada por quienes deberían protegerla. La detonación de artefactos explosivos en zonas habitadas constituye un riesgo inminente para la vida y la integridad física de los habitantes, especialmente de niños, mujeres y adultos mayores.
SOLICITUDES:
Por lo anterior, exigimos a las entidades competentes:
1. Realizar una investigación inmediata e imparcial sobre los hechos denunciados, identificando a los responsables y garantizando justicia para las víctimas.
2. Brindar atención médica, psicosocial y jurídica las personas heridas y a sus familias.
3. Garantizar la protección inmediata de la comunidad de La Raya y demás población civil del sector.
4. Impedir el uso desmedido de la fuerza en zonas habitadas y exigir el cumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de las Fuerzas Militares.
5. Investigar y sancionar los presuntos actos de extorsión y corrupción por parte de miembros de la Infantería de Marina.
6. Realizar un monitoreo permanente de la situación en la región por parte de la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Colombiana.
CONCLUSIÓN:
Rechazamos cualquier acción estatal que ponga en riesgo la vida y dignidad de la población civil. Exigimos que el Estado colombiano cumpla con su deber de proteger, no de atemorizar. Confiamos en que esta denuncia será atendida con la urgencia y seriedad que merece.
