[b]Bogotá, 24 de septiembre de 2015[/b]. La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), organización que agrupa a 265 organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, expresa su satisfacción y optimismo frente a el histórico anuncio del acuerdo de las partes sobre un marco jurídico que permita juzgar crímenes perpetrados en el marco del conflicto armado, incluidos delitos de lesa humanidad y, satisfacer los derechos de las víctimas a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La CCEEU reconoce como positiva la adopción de un enfoque de justicia restaurativa, que coloca en centro a las víctimas. La inclusión de éstas y a organizaciones defensoras de derechos humanos como actores importantes en el marco de una Jurisdicción Especial de Paz. La consagración de la verdad como principio rector para la definición de las sanciones, así como el reconocimiento amplio de los delitos políticos y conexos. La competencia para establecer responsabilidades y esclarecer la verdad acerca de los máximos organizadores y ejecutores de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Para la CCEEU esta es la base para garantizar la no repetición de tales crímenes.
La CCEEU destaca también que la Jurisdicción Especial para la Paz sea vinculante para todos los actores involucrados en el conflicto armado. Sin embargo, no deja de preocuparle que la reciente reforma a la justicia penal militar permita que agentes involucrados en graves violaciones, eludan su obligación de acudir al Tribunal para la Paz para responder por tales hechos, amparándose en el Fuero Penal Militar. Aunado a lo anterior la CCEEU desea llamar la atención sobre 4 aspectos:
1. La transparencia en el mecanismo de elección de los miembros de los Tribunales y la exigencia de criterios de idoneidad, capacidad, solvencia moral y reconocimiento que deben regirla.
2. La prevalencia de la jurisdicción especial de paz por encima de otros tipos de justicia que pueden garantizar impunidad, sin menoscabo de que crímenes cometidos por agentes estatales que no se hayan dado en relación con el conflicto armado sean juzgados e investigados en la justicia ordinaria.
3.La necesidad de que cesen las detenciones a líderes sociales y defensores de derechos humanos, y la criminalización de la protesta social y se dote de suficientes garantías su legítimo ejercicio.
4.La necesidad de avanzar de forma pronta y decidida en el desmonte de las estructuras paramilitares que representan una amenaza para la participación ciudadana, las dinámicas políticas democráticas y el éxito de los acuerdos de paz.
Finalmente, la CCEEU expresa su disposición a aportar constructivamente al desarrollo normativo desde su experiencia en derechos humanos e igualmente su voluntad de trabajar de la mano de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para lograr la refrendación de los acuerdos. El fin del conflicto armado con las FARC y el pronto inicio de diálogos con el ELN, generan una perspectiva esperanzadora de paz, cuya concreción requiere una gran dosis de voluntad política de las partes para el cumplimiento de los acuerdos, así como una sociedad civil activa y vigilante en su efectivo cumplimiento.
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