Señores (as):
Presidente de la República, Iván Duque Márquez
Ministro del Interior Diego Palacios
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria
Alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle
AUTORIDADES MILITARES
Comandante General de las Fuerzas Militares
Comandante del Ejército Nacional
Comandante de la VII
AUTORIDADES POLICIALES
Director de la Policía Nacional
Comandante Departamental de Policía
Director de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional
Ministerio Público
Personería Municipal
Procuraduría Antioquia
Defensoría del Pueblo
Asunto: Alerta sobre inminente peligro y posibles violaciones a los Derechos Humanos contra líderes, lideresas comunales, de organizaciones sociales, defensores, defensoras de derechos humanos, lideresas y líderes políticos y la población en general.
Ubicación Geográfica del municipio de Medellín
La ciudad de Medellín está ubicada en la subregión central del Área Metropolitana del Valle de Aburra que, haciendo parte de la integración metropolitana de los 10 municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Medellín concentra una población de 2.573.220 habitantes.
2.530.461 en el área urbana y 42.759 en la parte rural (Dane, 2021).
Mapa Cámara de Comercio de Medellín 2021
Al igual que los demás municipios del Área Metropolitana, Medellín es el mayor centro de comercio, la industria, el sistema financiero y la prestación de servicios en todo departamento de Antioquia.
El potencial económico de la ciudad de Medellín se ve reflejado en su índice de calidad de vida (ICV) que obedece a 72,68 ocupando la tercera mejor cifra del Valle de Aburrá. El índice de Pobreza y Miseria IPM es de 8,51 (Cámara de Comercio de Medellín, 2021) que equivale a decir a 218.981 personas en condiciones de pobreza y miseria que se han visto afectadas por diferentes factores sociales, políticos, económicos y evidentemente por la emergencia social producida por el Covid-19.
Pese a que en Medellín existen 97.534 empresas (Micro 83.055, Pequeña 10.597, Mediana 2.974, Grande 908) el desempleo se sigue profundizando. Las cifras pasan de 12,2% a 18,3%, lo que significa un duro golpe a las condiciones económicas de cada ciudadano con fuertes repercusiones sociales en toda la ciudad (Cámara de Comercio de Medellín, 2021).
Ubicación del riesgo.
Evidentemente la ubicación del riesgo está íntimamente relacionada a los factores que lo producen. Uno de estos, es la incidencia territorial de la presencia armada y los fenómenos de la violencia producidos que, sin lugar a dudas, dada la existencia de cerca de 300 bandas o estructuras de corte paramilitar organizadas dentro de la denominada “Oficinal del Valle de Aburrá” y la estructura de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC GC, la Oficina del Norte de Antioquia, Los Triana, La Terraza, San Pablo, Picacho, El Doce y otras subestructuras, se distribuyen el poder territorial para controlar todas las dinámicas económicas, políticas y de control territorial de la ciudad.
La ciudad de Medellín comprende 249 barrios distribuidos en 16 comunas y 5 corregimientos. Los cerca de 300 grupos armados se han ubicado en cada una de estas subdivisiones de la ciudad y mantienen un control social histórico de al menos 4 décadas. Gran parte de ellas están identificadas en AT 032-2020 de la Defensoría del Pueblo, en diferentes informes del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, de diferentes organizaciones sociales de la ciudad y en algunas denuncias realizadas por las comunidades, dan cuenta de un poder real y total de la ciudad.
Mapa Ficha Alerta Temprana 032-2020, Defensoría del Pueblo.
Escenario actual de riesgo
El escenario de riesgo es en realidad la consumación sistemática del peligro advertido de varios análisis realizados por la Defensoría del Pueblo en las alertas 018-20, 02218, 026-18, 035-19, 041-18, 059-18 y la 032-20 que coinciden con las graves denuncias realizadas por las plataformas de los derechos humanos del departamento.
La ciudad de Medellín se la han distribuido territorialmente cerca de 300 estructuras armadas que, en su mayoría, dependen de la dirección de la denominada Oficina del Valle de Aburrá. Como ya fue mencionado, esta supra estructura es la evolución del crimen municipal que desde la década de los años 80 se ha mantenido con total impunidad en la ciudad.
Entre las economías ilegales, estos grupos se lucran del narcotráfico[1], la extorción, el lavado de activos, negocios que giran alrededor del turismo, la explotación sexual, trata de personas, la fabricación de drogas en laboratorios clandestinos, la minería ilegal, las rutas del narcotráfico, y entre sus prácticas también están el uso, utilización de niños, niñas y adolescentes, entre otras.
Teniendo en cuenta que en la AT 032-20 del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo se establece la presencia de alrededor de 140 grupos armados, desde la Fundación Sumapaz se ha logrado complementar esta información y consolidar un número que duplica esta cifra pero que mantiene una característica similar a la lectura de la propia Defensoría del Pueblo:
“…En la actualidad, son más de 140 Grupos Armados de Crimen Organizado de diferente nivel que continúan realizando actividades ilícitas en el Valle de Aburrá y generando tanto riesgos como afectaciones directas a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de sus habitantes. Varios de estos grupos tienen una trayectoria que ronda los 40 años de presencia en los mismos territorios. A pesar de que las denominaciones y los propósitos de estos cambien, y de verse impactados u obligados a diferentes transformaciones, producto de varias guerras y de las capturas de muchos de sus integrantes, su control subsiste en diversos sectores de la ciudad. La presencia estructural de varios de esos grupos conlleva una base arraigada en barrios o incluso, un soporte de relevo generacional en familias, que tienen más de tres generaciones aportando personas a la ilegalidad…” (Defensoría del Pueblo, AT 032/20)
Esta tesis sobre la estrategia usada por los actores ilegales para mantener el poder por tantas décadas, permite suponer prácticas de cogobierno, posibles pactos o alianzas con amplios sectores estatales que consienten actividades ilegales en el territorio con graves efectos en los derechos fundamentales de la población.
Si bien, Medellín siendo la segunda ciudad más importante del país, cuenta con un aparato policial de 18 Estaciones de Policía, 5 Subestaciones, 31 Comandos de Atención Inmediata (CAI), 193 Cuadrantes y otros puestos de policía. No se puede pasar por alto que en Medellín también funciona la VII División, IV Brigada y, por lo menos, 5 Bases Militares (Policía Nacional y Ejército Nacional).
Desde la Fundación Sumapaz hacemos un llamado de urgencia a todas las instituciones del orden nacional, departamental y a la Alcaldía de Medellín, sobre las consecuencias ocasionadas por: vacíos del poder institucional, posibles nexos o alianzas de agentes estatales con organizaciones armadas ilegales ligadas a la criminalidad que someten constantemente de la población.
Población en situación de riesgo
De la fuerte presencia armada y las dinámicas de violencia, se desprenden varios escenarios de riesgo para poblaciones específicas. En primer lugar, las personas defensoras de los derechos humanos de los siguientes grupos significativos:
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Sectores sociales en riesgo |
Integrantes de Juntas de Acción Comunal, defensores/as de los derec hos humanos, activistas comunitarios, lideresas feministas, defensores/as de los derechos Afrodescendientes, Indígenas y Comunidades ROM, integrantes de Sindicatos, líderes de víctimas, defensores de paz, lideres/as LGTBI, activistas estudiantil y juveniles, lideres/as culturales y deportivos, lideres/as Ambientales. |
El poder estructural armado se impone de manera directa sobre el quehacer matutino de las organizaciones sociales. Por supuesto, si los resultados finales de la labor social están relacionados con la denuncia o cualquier otra intención que afecten los intereses de las estructuras y su orden establecido, pueden traer consecuencias de más alto riesgo para estos sectores mencionados.
Las consecuencia de este poder armado afectan también a niños, niñas, adolescentes, campesinos, comerciantes, personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales, líderes y lideresas estudiantiles, lideresas y líderes políticos, mujeres, población migrante, transportadores, habitantes en condición de calle, personas en proceso de reincorporación, personas con orientación sexual e identidad de Género Diversas, hacen parte de la población sobre el cual se concentra gran parte del riesgo (Defensoría del Pueblo, 2020).
Entre los sectores que también se presentan niveles de riesgo, están sectores económicos como los comerciantes, transportadores que permanentemente son constreñidos, extorsionados y amenazados por las estructuras armadas que hemos identificado.
No se descartan acciones armadas contra personas firmantes de paz y en procesos de reincorporación.
Rutas del Narcotráfico
Mientras el occidente del Valle de Aburrá es una ruta internacional del narcotráfico, el oriente es una ruta nacional que busca salida a la subregión del Oriente antioqueño y de allí hacía el centro del país. Durante los dos últimos años, los conflictos más fuertes entre estructuras armadas ilegales en Medellín se han presentado en comunas y corregimientos del occidente, mientras el oriente se ha caracterizado por ser un escenario más estable en los pactos de control territorial entre actores armados. Como se verá más adelante, hay una relación directa entre conflictos armados, entre estructuras locales en el occidente de la ciudad, por ser zonas de interés de rutas internacionales del narcotráfico.
Mapa Rutas del Narcotráfico en Antioquia
Otras características que hacen de Medellín un territorio destacado para los actores armados ilegales es la ubicación geoestratégica que facilita con su infraestructura vial la intercomunicación con las subregiones del Suroeste, Occidente, Urabá, además de permitir tránsito hacia el sur del país. Sumado a eso, el flujo del comercio y el músculo financiero que ofrece la ciudad concede capacidades para el lavado de activos y otras formas de comercio legal e ilegal.
Tener el control de algunos escenarios estatales permite maniobrar con mejor facilidad centros de acopio de las sustancias ilícitas que llegan desde el Bajo Cauca y otras regiones para ser llevadas por tierra o por las zonas rurales del occidente y centro oriente de la ciudad hacia otras subregiones del departamento o del país.
Según la AT 032, cerca de la ciudad, en varios de los municipios del norte de la ciudad, se abren paso laboratorios para el procesamiento de base de coca que solo pueden ser usados en la medida que se tenga el suficiente respaldo del poder territorial.
Homicidios 2016-2021 en la ciudad de Medellín
Tabla Propia con cifras tomadas de Policía Nacional y del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia SISC, 2022.
En la ciudad de Medellín se concentra el 38% de la población del departamento de Antioquia y una serie de complejidades por la presencia de estructuras armadas que irradian fenómenos de violencia contra la población de ciudades.
Si bien es cierto, el comportamiento en las cifras de muertes violentas presenta una leve reducción al compararse con el año 2018 (626 homicidios), no deja de vislumbrar la preocupación por el aumento de un 9,2% de los casos entre el 2020- 2021 con una constante de 34 homicidios a mujeres en cada año siendo el mes de junio el más violento.
Homicidios por comuna 2020-2021
Tabla Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, Alcaldía de Medellín 2022
Las comunas que más presentaron aumento en los homicidios fueron El Poblado (400%), Guayabal (100%), Laureles (78%), Manrique (54%), Aranjuez (36%). En cuanto a los corregimientos, la cantidad de homicidios roba la tranquilidad de estas poblaciones. En el corregimiento Palmitas ocurrió 1 homicidio, San Cristóbal 29, Altavista 10, Santa Elena 5.
Las autoridades señalan que durante el 2021, al menos el 35% de los homicidios fueron cometidos por los grupos armados ilegales de la ciudad, en el 32% no se ha logrado establecer el determinador, en el 8,5% estrían relacionados a hurtos, el 17,4% a casos de intolerancia, el 4% a violencia de género y el 3% a violencia intrafamiliar.
En cuanto a los homicidios, se tiene registro de que 8 casos fueron contra personas dela población LGTBI, estos crímenes vienen en aumento que ha generado preocupación[2].
En cuanto a los feminicidios, durante el 2020 ocurrieron 27 casos. Este año la personería municipal tiene un registro de 5 casos que dan cuenta de una vulneración sistemática del derecho a la vida de las mujeres en la ciudad.
La lectura indica que aumentarán los homicidios en la ciudad.
Desapariciones Cifras Medicina Legal
De acuerdo con Medicina Legal, en la ciudad de Medellín ocurrieron 374 casos de personas dadas por desaparecidas, de ellas, 234 aparecieron vivas, 31 muertas y 109 continúan desaparecidas.
Estas desapariciones podrían estar relacionadas con la presencia de cerca de 350 subestructuras armadas, gran parte de ellas articuladas a las AGC y a la Oficina del Valle de Aburrá, quienes son conocidas por las estrategias de desaparición de población juvenil o se dedican a la trata de personas con fines de explotación sexual.
En cifras de la Personería de Medellín, durante el año 2020 en 32 de estos casos de desaparición fueron forzadas, mientras en el 2021 fueron 78, cifra que nos da un aumento comparativo de cerca del 140%.
Podría presentarse un aumento de este fenómeno de violencia.
Desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad de Medellín
Desplazamiento Forzado Intraurbano en Medellín años 2020/2021, Cifras tomadas de la Personería Municipal.
El desplazamiento forzado intraurbano en Medellín aumentó un 15% en un análisis realizado para los años 2020 y 2021. Las comunas en las que más se presenta esta situación siguen siendo los lugares periféricos y los barrios San Javier, Popular, Villa Hermosa, Manrique, Robledo y el Corregimiento de San Cristóbal.
La Personería de Medellín registró 761 declaraciones en la que fueron afectadas por el desplazamiento forzado intraurbano 1.694 personas durante el año 2020, mientras que para el 2021 fueron cerca de 1.950.
Los principales motivos que llevan a las familias a tomar la decisión son las amenazas realizadas en su mayoría por los actores armados descritos en esta alerta.
Agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos en Medellín 2020-2021
Como ya se ha mencionado, las agresiones contra el movimiento de los derechos humanos ocurren principalmente por esa labor incómoda que se aleja de los intereses particulares de diversos sectores de poder.
En el informe “LA GUERRA NO PARA EN ANTIOQUIA” elaborado por el Observatorio Sobre el Nivel de Riesgo para la Labor de Lideresas, Líderes, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Corporación Jurídica Libertad –CJL y Fundación Sumapaz, 2022, se registraron 126 casos de agresiones a líderes y lideresas en el valle de Aburrá. Una de las características de estas agresiones es que ocurren en el marco de la protesta social realizada en los últimos años, producto de la agudización de la situación socioeconómica, la violencia y el retroceso en los derechos de la ciudadanía.
Amenazas y desplazamiento forzado de personas defensoras de derechos humanos en Medellín 2020-2021, Cifras tomadas de la Personería Municipal.
La Personería Municipal de la ciudad de Medellín reporta dentro de sus registros que durante el año 2020 ocurrieron 29 casos de amenazas-desplazamientos forzados de personas defensoras de los derechos humanos. Ya en el año 2021 la cifra pasó a 48 casos.
En cuanto a los homicidios a defensores/as de los derechos humanos identificamos 16 casos desde el 2016. Dos (2) casos ocurrieron en el 2020 y un caso (1) en el 2021[3].
Las agresiones más comunes son la amenaza y el desplazamiento forzado que aquejan la cotidianidad de los liderazgos en la ciudad de Medellín, el efecto que han tenido sobre la labor son, el aumento en la autocensura y la reducción de perfiles participativos, que en algunos casos, restringen las labores propias de la defensa de los derechos humanos y a su vez, repercuten negativamente en las comunidades u organizaciones sociales.
Se deja constancia de que se requieren acciones de prevención y protección para estas poblaciones especiales debido a posibles aumentos en las violencias que reciben constantemente.
Posibles conductas vulneratorias de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario
Las acciones propias de los diferentes actores armados podrían desencadenar en más acciones violentas contra la población como: el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes[4], desaparición forzada, desplazamiento forzado, extorsión, homicidios, violencia sexual, amenazas, trata de personas, homicidio selectivo, enfrentamientos con interposición de la población civil, feminicidio, constreñimiento de la población y masacres.
Dada la capacidad militar y la extradición del máximo cabecilla Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, Dairo Antonio Úsuga Alias “Otoniel” se ha desencadenado en el país un paro armado ordenado por parte de este grupo para los días 6, 7, 8 y 9 de mayo, que además se ha extendido a cerca de 11 departamentos del país.
En la ciudad de Medellín las AGC tienen una fuerte presencia en la comuna 8, el corregimiento de Palmitas, Santa Elena y Altavista. La huella del paro armado fue padecida por las y los habitantes de la comuna 8 que fueron afectados en el transporte y el comercio.
La fuerte ubicación de las estructuras armadas deja clara la imposición de sus intereses sobre las comunidades y los diferentes liderazgos, el aumento de las violencias estructurales es notorio bajo dinámicas de poder en contextos políticos por los que está atravesando el país.
Con la presencia de actores armados con alta influencia en el control del territorio y en un contexto pre electoral, aumentan todas las expresiones de riesgos descritas en el presente texto. Las amenazas contra la vida y la integridad personal; atentados contra líderes o lideresas políticos, sedes políticas o instituciones de gobierno, actos de constreñimiento a comunidades, acciones de control territorial y poblacional (Defensoría del Pueblo, AT 004-22).
Estas particularidades traerían como consecuencia casos por desplazamientos forzados, confinamientos o restricciones a la circulación, y afectar el normal desarrollo del debate político local o regional. Tal es el caso de municipios donde las autoridades locales registran restricciones que afectan la cotidianidad de los habitantes de la zona rural o urbana, o que impiden a los servidores públicos adelantar con normalidad sus funciones, en parte o en la totalidad del territorio.
La misma alerta temprana 004-22 menciona que, en este contexto electoral y, dadas las condiciones de orden público tan complejas por las que atraviesa el país, se podrían presentar acciones de terror en otras ciudades capitales de la misma manera como han ocurrido en los últimos años en la capital de Bogotá5.
Las condiciones de tensión política hacen pensar que existe el recurso de las acciones violentas para generar miedo a través de atentados contra la infraestructura, homicidios políticos en la ciudad, amenazas contra personas o movimientos políticos, ataque indiscriminado, confinamientos, perturbación del certamen democrático, restricciones a la movilidad, retenciones ilegales, uso de métodos para generar terror en la ciudad de Medellín (Defensoría del Pueblo, 2022).
Estas acciones violentas podrían ser realizadas por estructuras armadas que hacen el control territorial, pero también por la conformación grupos delincuenciales con la suficiente capacidad militar y de inteligencia para realizarlos.
A manera de conclusión. El poder armado y organizado de las estructuras y subestructuras en la ciudad de Medellín se ha profesionalizado y prologado por cerca de 4 décadas y, en su devenir, han suplantado las funciones del Estado para instaurar un orden social completamente diferente a lo contemplado en los pilares de la democracia.
Esa presencia pugna de manera directa con el oficio constante de las personas que defienden los derechos colectivos de sus comunidades, con quienes buscan cambios y transformaciones sociales necesarias en una ciudad con tantas brechas socioeconómicas y políticas, por lo tanto, esas acciones tienen efectos muy graves en el disfrute de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La persistencia del fenómeno de control armado ha estado marcado, en algunos casos, por una serie de vacíos institucionales, la incapacidad del poder del Estado para consolidar la soberanía territorial, pero en otros casos los posibles nexos, alianzas y connivencias entre agentes de Estado y las estructuras armadas.
Recomendaciones
El Estado colombiano, las autoridades departamentales y locales, deben implementar de manera urgente planes fuertes de prevención con enfoques especiales para las poblaciones sobre las cuales se establecen niveles de riesgo.
De manera estructural deben fortalecerse las rutas de prevención y protección hacia las personas defensoras de derechos humanos y las poblaciones en riesgo descritas en esta alerta.
Todas las instituciones del Estado a quienes competen las labores de inteligencia y contrainteligencia, deben detectar y contrarrestar cualquier situación riesgo que ocurra en la ciudad.
El Estado colombiano y las demás autoridades, deben brindar todas las garantías a la labor de las y los defensores de los derechos humanos y otros sectores sociales y políticos sobre los cuales se concentran los diferentes riesgos.
El Estado colombiano debe establecer suficientes mecanismos para la detección y depuración interna por agentes estatales que pudieran generar cualquier riesgo para las personas y las instituciones por posibles nexos, alianzas u otras.
Los espacios de diálogo entre el Estado colombiano y las organizaciones de la sociedad civil deben fortalecer el diálogo y la toma de decisiones estructurales en la Mesa Territorial de Garantías MTG sobre las recomendaciones realizadas hacia la protección y prevención de hechos violentos a personas que defienden los derechos humanos.
Las acciones de prevención y de protección deben mantener características estipuladas con los enfoques diferenciales para que las medidas sean más efectivas.
Se exhorta a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo para que en el marco de las funciones constitucionales refuercen las respuestas institucionales en materia de lucha contra la impunidad, la no estigmatización y el control público.
Siguen siendo vigentes las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo en las Alertas 032-20 y 004-22, recordamos a las instituciones acatar estas recomendaciones y avanzar en su cumplimiento.
Las y los funcionarios de las dependencias del Estado de Colombia tienen la obligación de respetar la constitución y la ley, por lo tanto, el respeto por los derechos humanos, la no estigmatización, la lucha contra la impunidad de crímenes ocurridos contra defensores y defensoras de los derechos humanos.
El Gobierno colombiano debe avanzar en una política pública efectiva el desmantelamiento de las estructuras armadas.
Es una necesidad inaplazable que el Estado colombiano fortalezca sus instituciones y hacer más efectiva las respuestas a las necesidades de la seguridad humana en términos del disfrute de los derechos de toda la ciudadanía.
Solicitamos respetuosamente a los organismos internacionales y a la comunidad internacional estar atentos a la situación y hacer los llamados al gobierno colombiano sobre evitar la exacerbación de la violencia en el país.
[1] Viaje al Corazón de la Oficina. https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/como–funciona–la–oficinahttps://www.eltiempo.com/colombia/medellin/como-funciona-la-oficina-de-envigado-heredera-del-cartel-de-medellin-261046de–envigado–heredera–del–cartel–de–medellin–261046
[2] Denuncian el que sería el octavo asesinato de un hombre gay en Medellín
https://www.elespectador.com/colombia/medellin/denuncian–el–que–seria–el–octavo–asesinato–de–un–hombre–gay–en–medellin/
[3] Observatorio Sobre el Nivel de Riesgo para la Labor de Lideresas, Líderes, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Corporación Jurídica Libertad –CJL y Fundación Sumapaz, 2022.
[4] Personería de Medellín confirma reclutamiento de menores en las comunas.
https://www.elespectador.com/colombia/personeria–de–medellin–confirma–reclutamiento–de–menores–enhttps://www.elespectador.com/colombia/personeria-de-medellin-confirma-reclutamiento-de-menores-en-las-comunas/las–comunas/
5 Los candidatos presidenciales y el atentado terrorista en Bogotá https://www.elespectador.com/politica/elecciones–colombia–
2022/la–campana–presidencial–y–el–atentado–terrorista–en–bogota/
Alerta de riesgo de defensores y lideresas sociales para la ciudad de Medellin.
