DECLARACIÓN POLÍTICA

Bogotá, 28 de enero de 2022

Durante los días 27 y 28 de enero del 2022, en el marco de la Asamblea Nacional No. 26, nos reunimos en Bogotá delegados y delegadas de las 285 ONG y Organizaciones Sociales que conformamos esta red nacional, que se articula alrededor de la defensa de los derechos humanos, la construcción de la paz, la defensa del Estado Social de Derecho y la lucha contra la impunidad.  La Asamblea Nacional de la CCEEU denuncia y rechaza:

1. La degradación del conflicto armado, la grave crisis humanitaria y la persistente violación a los derechos humanos que se ha incrementado en diversas regiones del país, con expresiones dramáticas en este comienzo de año en varias regiones y particularmente en los departamentos de Arauca, Nariño (La Tola, Olaya Herrera y el Charco), Cauca, Valle (Buenaventura), Istmina y Medio San Juan en el Departamento del Chocó, Catatumbo, Bajo Cauca y sur de Córdoba.

2. En el Departamento de Arauca, la degradación de la confrontación armada entre el ELN y grupos denominados como Disidencias y los ataques por parte de estos últimos a los líderes y organizaciones sociales del Departamento han ocasionado un saldo de más de 30 civiles asesinados, cerca de 1500 personas desplazadas, denuncias de desapariciones forzadas, reclutamiento forzado y ataques con carrobomba a bienes civiles como sedes de las organizaciones sociales y la infraestructura de servicios vitales para la población civil.

3. Grupos de las llamadas Disidencias han continuado sus acciones en el Departamento del Cauca perpetrando ataques contra las comunidades, el asesinato de 3 guardias y liderazgos indígenas, con el fin de someter a estas comunidades a las actividades económicas vinculadas a redes del narcotráfico.

4. En el Chocó, los combates entre el ELN y estructuras paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, apoyados por fuerzas militares, han ocasionado el desplazamiento de cerca de 900 personas y el confinamiento por minado de escuela y territorio de otras 1200 personas de comunidades afrodescendientes de los municipios de Istmina y Medio San Juan.

5. En Buenaventura, y en particular en las comunidades de Bajo Calima y San Isidro otras 175 familias han sido desplazadas, cerca de 1000 personas, permanecen confinadas por combates entre paramilitares de las AGC y ELN y otro sector de Disidencias, denunciándose el despojo de medios de vida, de transporte y de comunicación a los pobladores, generando situaciones de hambre e inseguridad alimentaria.

6. Iguales situaciones de terror y confinamiento enfrentan miles de pobladores en El Charco, La Tola y Olaya Herrera en Nariño, sin que el Gobierno de Iván Duque muestre el más mínimo interés de brindar garantías de seguridad a estas regiones, y por el contrario se denuncia la connivencia cada vez más abierta con estructuras paramilitares. La perpetración de 13 masacres, 14 asesinatos de líderes/as y 3 excombatientes firmantes de la paz durante el primer mes de 2022 evidencian los efectos nefastos de esta connivencia.

7. Igualmente, grupos de las denominadas Disidencias perpetraron un ataque contra del Equipo de la Misión de Verificación de la ONU en Puerto Nuevo (Guaviare), donde incineraron dos de los vehículos de dicha Misión, en momentos en que se encontraban realizando una misión conjunta con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR). Nos solidarizamos con los integrantes de la Misión y de las entidades internacionales acompañantes, y rechazamos estas graves violaciones a la normatividad humanitaria.

8. La falta de cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz y el bloqueo a la salida negociada del conflicto armado con ELN y otras insurgencias así como procesos de sometimiento con estructuras paramilitares y de narcotráfico emprendida por el Gobierno de Iván Duque y la sustitución de estos compromisos por la denominada Política de Paz con Legalidad, que ha desfinanciado, distorsionado y simulado ante la Comunidad Internacional el cumplimiento las obligaciones suscritas para la implementación de una paz estable y duradera ha profundizado la situación humanitaria, y la degradación de la confrontación armada en gran parte del país.

9. Las reformas sociales y económicas que se derivarían del cumplimiento de los puntos relacionados con la reforma rural, ampliación de la democracia, garantías a la protesta social y programas alternativos para la sustitución concertada de los cultivos de uso ilícito presenta precarios avances. El punto 3 sobre garantías de seguridad que incluía la obligación de desmontar el paramilitarismo, llevar a sus máximos determinadores y beneficiarios ante la justicia se ha incumplido, porque el Gobierno de Duque ha saboteado el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada de planear y monitorear la implementación de este compromiso.

10. La Política de Paz con Legalidad del Gobierno de Iván Duque ha profundizado la militarización de los territorios, arrinconando los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial por medio de las denominadas Zonas Futuro, que subordina al mando militar a comunidades y autoridades locales por que ha entregado la implementación de las inversiones y programas sociales del Estado a la dirección de las autoridades militares desvirtuando los compromisos con el Acuerdo de Paz.

11. La CCEEU observa con preocupación que justamente en las regiones más militarizadas, es donde más se ha agravado la situación humanitaria, se han expandido tanto los cultivos de uso ilícito y se ha incrementado la presencia de estructuras paramilitares con sus secuelas de masacres, ataques a las comunidades y asesinatos de líderes y lideresas sociales. Un ejemplo es lo que está ocurriendo en el departamento de  Arauca donde la totalidad de sus municipios están bajo el mando militar de las Zonas Futuro,  donde la situación de violencia se ha degradado y la gestión autoritaria de las necesidades sociales se han encomendado a un ex general del Ejército, cuestionado por su responsabilidad en casos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos” , en una zona que ha sido priorizada a la vez para el despliegue de la asistencia militar de los Estados Unidos.

12. Desde mediados del 2020 el Gobierno de Estados Unidos anunció la llegada a las Zonas Futuro, y especialmente en Arauca y la región del Catatumbo de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de Estados Unidos (SFAB)[1], La presencia de más de 7500 militares desplegados en  7 municipios de Arauca no ha tenido ninguna incidencia en impedir la agudización de la crisis humanitaria  que enfrentan sus poblaciones , la expansión en la región de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y  quienes están actuando bajo modalidades paramilitares que, con el pretexto de combatir las organizaciones insurgentes, están llevando a cabo ataques sistemáticos contra los liderazgos comunitarios organizaciones y movimientos sociales y los servicios básicos de la población.  Si bien los desplazamientos forzados, los reclutamientos de menores, las tomas de rehenes y otras graves infracciones a las normas humanitarias han sido perpetradas tanto por grupos denominados como Disidencias como por el ELN, cabe una responsabilidad crucial al Estado colombiano por los incumplimientos, omisiones, distorsiones y desfiguración de los compromisos con la paz que ha conducido a la reinstalación de la dinámica de guerra, por las alianzas y connivencia con las estructuras criminales paramilitares y narcotraficantes que se han enfocado en la victimización de la población y las organizaciones sociales, así como por su destinación a las estrategias encubiertas para desarrollar acciones militares y de desestabilización en contra del gobierno venezolano, utilizando para ello a estas mismas estructuras.

13. El Gobierno de Iván Duque no ha tenido voluntad genuina de brindar garantías para la vida y la labor de los líderes y lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos. La política pública de garantías y respeto a la labor de la defensa de los derechos humanos expedida por el Gobierno de Duque [2]  no contó con la participación del movimiento social y de derechos humanos y es una versión ajustada del Plan de Acción Oportuna (PAO) que no enfrenta las causas estructurales de riesgo. Denunciamos que la Defensoría del Pueblo no ha asumido  sus obligaciones  como secretaría técnica de las Mesas Nacionales y Territoriales de Garantías, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos continuará autoconvocándose junto con las demás movimientos y organizaciones sociales en las distintas regiones en el propósito de acordar medidas colectivas de protección en las distintas regiones, para lo cual extendemos la invitación a los gobiernos locales y departamentales, así como a la comunidad internacional a acompañar estos procesos.

14. Alertamos sobre la actuación de los organismos de seguridad y la fiscalía general en contra de líderes/as y participantes en las protestas del estallido social que se manifestó en las calles desde el pasado 28 de abril, a través de estigmatizaciones, judicialización y detención de cientos de jóvenes y dirigentes de organizaciones campesinas y sindicales en distintas regiones. Esto contrasta con la inactividad e impunidad en que se encuentran los procesos contra miembros de la Fuerza Pública y particulares que actuaron a su lado disparando contra los manifestantes, y que dejó como saldo el asesinato de 87 personas, más de 1900 heridos, cerca de 100 con lesiones oculares y gran cantidad de víctimas de violencia sexual. Rechazamos la promulgación de la Ley Seguridad Ciudadana que legaliza las acciones del paramilitarismo urbano encubriéndolo con la llamada legítima defensa y criminalizando con penas exorbitantes acciones relacionadas con el ejercicio de la protesta social. Adelantaremos las acciones jurídicas contra estas normas que atentan contra el derecho fundamental a la movilización y protesta social.

15. Condenamos la pretensión de sectores vinculados a la coalición gubernamental y de algunos sectores relacionados con en el entorno cercano del paramilitarismo de apropiarse de la representación de las víctimas en las curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Denunciamos las medidas del Gobierno que están obstaculizando la participación efectiva de representantes de las organizaciones de víctimas de la criminalidad estatal y de los sectores más afectados por el conflicto. La CCEEU exigirá garantías de participación y seguridad en estos comisos electorales.

16. En relación con la implementación del punto 5 del Acuerdo de paz que estableció que las víctimas eran el centro del Acuerdo, alertamos sobre la gravedad que puede significar para la verdad y la memoria de las víctimas, que el informe de la Comisión de la verdad desconozca la primordial responsabilidad de las élites que han controlado el poder del Estado y que a lo largo de más de seis décadas han impulsado practicas  genocidas contra  amplios sectores del movimiento social, popular, de derechos humanos, partidos de oposición política y firmantes de los acuerdos de paz. Esto a raíz de las palabras de Francisco de Roux, Presidente de la Comisión de la Verdad, sacerdote que hizo  expresiones elogiosas a lo que significó la trágica implementación del Plan Colombia, el supuesto rol salvador del paramilitarismo en regiones como el Magdalena Medio y Barranca y sobre todo la exculpación pública al más notorio abanderado de este proyecto de muerte al atribuirle el desmonte de un paramilitarismo que nunca ha dejado de actuar y que sigue siendo el mayor causante de los miles de asesinatos de lideres/as sociales, masacres en todo el país,  y obstaculizar los anhelos de paz integral que reclaman las comunidades de los territorios de la Colombia profunda.

Desde la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU):

1. Nos solidarizamos con las poblaciones, comunidades y organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos que han sido víctimas de ataques, estigmatizaciones y agresiones.

2. Apoyamos las demandas de desmilitarización de los territorios, el fortalecimiento de la autonomía de las organizaciones sociales y de las instancias de gobierno local y el reclamo de su derecho a vivir en paz y no ser involucrado en las disputas de los diferentes actores del conflicto armado que se agrava en distintas regiones del país.

3. Reivindicamos y defendemos el derecho fundamental a la protesta social mecanismo democrático para la exigencia de transformaciones sociales.

4. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a desistir de continuar promoviendo estrategias de desestabilización y de amenazas del uso de la fuerza con respecto al gobierno venezolano, urge restablecer y normalizar las relaciones internacionales que, den salida a la crisis migratoria, aliviar los sufrimientos que implica para la población la imposición de restricciones irracionales para el tránsito, el comercio o las relaciones familiares o sociales en la frontera entre otros aspectos.

5. Apoyamos el clamor nacional de reactivar la implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz celebrado con las FARC, retomar la vía de la solución negociada al conflicto armado con el ELN y las otras insurgencias y el sometimiento a la justicia y desmantelamiento de las estructuras paramilitares.

6. Exigimos a las autoridades militares desplegadas en el departamento de Arauca y en departamentos del Pacífico colombiano que pongan fin a las alianzas con los denominados grupos de Disidencias responsables de los ataques sistemáticos a las organizaciones civiles y persecución a los liderazgos sociales, organizaciones campesinas y pueblos indígenas, así como poner fin a cualquier utilización de estas estructuras desestabilizar al vecino gobierno venezolano.

7. Exigimos a las fuerzas militares y de seguridad un cumplimiento estricto de las normas humanitarias y de respeto por los derechos humanos de la población. A los grupos armados ilegales, tanto los aliados con los enfrentados a las fuerzas armadas estatales un acatamiento estricto de las normas del Derecho Internacional Humanitario y de respeto irrestricto a la población civil.

8. Instamos a los candidatos/as presidenciales y al Congreso pertenecientes a los distintos partidos y movimientos políticos a presentar ante la ciudadanía, una agenda de compromisos claros para la vigencia plena de los derechos humanos, incluidos los económicos y sociales, el restablecimiento del Estado de Derecho y la separación de poderes, la superación de la crisis humanitaria, que incluye medidas urgentes para reactivar la implementación del Acuerdo de Paz celebrado con las Farc,  la  salida política y negociada con ELN y otras insurgencias, la reforma estructural y depuración de las fuerzas militares y de la Policía Nacional  con participación de la sociedad civil  y la implementación de planes inmediatos para el sometimiento a la justicia y desmantelamiento de las estructuras paramilitares.

9. Llamamos a la comunidad internacional a dar seguimiento a la situación de derechos humanos en el departamento de Arauca, acompañamiento a las organizaciones y poblaciones locales, y evaluar la continuidad tanto de la asistencia militar de los Estados Unidos a las Fuerzas Militares en la región, como al apoyo a programas de la Política de Paz con Legalidad, que no han contribuido a superar la situación de vulneración de los derechos humanos y la crisis humanitaria en el Departamento de Arauca y en otras regiones del país.

COORDINACIÓN COLOMBIA – EUROPA – ESTADOS UNIDOS

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[1] (…) con el propósito de asesorar a Estados Mayores de las Fuerzas de Tarea Conjunta de distintas regiones donde hay incidencia del narcotráfico”. A pesar de que los Estados Unidos anunciaron que “la misión de SFAB en Colombia es una oportunidad de mostrar nuestro compromiso mutuo contra el narcotráfico y el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y a la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos. Ver en : Embajada de Estados Unidos en Colombia. Misión SFAB viene a Colombia. 27 de mayo de 2020. https://co.usembassy.gov/es/mision-sfab-viene-a-colombia/

[2] Ver documento CONPES 4063 del 29 de noviembre del 2021 y aprobado el 6 de diciembre del mismo año