Desde la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, CCEEU, plataforma integrada por 281 organizaciones de defensoras derechos humanos, rechazamos las agresiones de las fuerzas gubernamentales a la población civil que atentan contra el legítimo derecho a la movilización social, y profundizan la grave crisis social y humanitaria que viven las comunidades, quienes se encuentran en medio de la disputa armada por el control territorial y son víctimas del histórico abandono estatal.
Comunidades campesinas del corredor Puerto Vega – Teteyé en Puerto Asís, Putumayo, se han movilizado desde el pasado 15 de febrero exigiendo el pleno cumplimiento de lo acordado en el marco del Programa PNIS, solicitando se detengan los operativos de erradicación forzada y se garanticen sus derechos ante la acción desmedida de la fuerza pública que deja varias personas gravemente lesionadas y el desplazamiento de las comunidades.
Sorprende que ante situaciones conflictivas de suma trascendencia para la paz y los derechos de la población de esta zona, como se manifiestan en las justas protestas sociales que a partir del año pasado se vienen incrementado, el gobierno Nacional no responda a los llamados a dialogar que constantemente han hecho las comunidades del Putumayo, y que no brinde soluciones estructurales en materia de implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz y en particular en lo relacionado con el PNIS.
En consecuencia, como Plataforma Nacional de Derechos Humanos,
Denunciamos:
- Las irracionales e inconstitucionales acciones violentas que emprende el ESMAD contra las reclamaciones campesinas en Puerto Asís.
- La irresponsable estigmatización y la amenaza de judicialización a la que están siendo sometidas la comunidades movilizadas.
Exigimos:
- La presencia de la Defensoría del Pueblo y demás instituciones del Estado para que el derecho a la protesta pacífica se garantice, así como los derechos fundamentales de las comunidades movilizadas.
- Garantías de protección y seguridad para las familias y líderes (as) sociales que se encuentran en Asamblea Permanente, en espera a un diálogo con el gobierno local y nacional.
- Que las autoridades civiles y la Fuerza Pública actúen en el marco del DEBER DE PREVENCION TEMPRANA Y URGENTE, tal y como ha sido exigido por la Corte Constitucional en el auto 218 de 2006 y en la sentencia T 690 de 2017, cuando se adelantan procesos de fumigación y erradicación de cultivos de usos ilícito, asumiendo la responsabilidad de evitar el desplazamiento de la población y otras vulneraciones a los derechos de las comunidades.
- Que en consecuencia con lo establecido por la sentencia T 690 de 2017 se construyan inmediatamente y de forma concertada con las comunidades:
Planes Integrales de Prevención “los cuales deberán elaborarse, validarse y actualizarse a nivel departamental, regional o local, y deben contener estrategias y actividades claras de prevención de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH”
Planes de Contingencia “Como una acción inmediata para proteger a la población civil.
Retomando las voces de campesinos y campesinas del Putumayo, demandamos de las autoridades a nivel nacional, departamental y local, abrir espacios de diálogo y concertación con las comunidades de los territorios movilizados, dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Paz y en los acuerdos firmados con las familias y comunidades.
Solicitamos, por lo tanto, que cesen los operativos de erradicación manual forzada o eventual aspersión aérea, hasta que no se dé curso al diálogo directo con las comunidades que hoy ejercen su legítimo derecho a la protesta. Sólo a través del diálogo podrán construirse los caminos para alcanzar la Paz territorial.
