Bogotá D.C., 19 de junio de 2018
Señores,
Juan Manuel Santos Calderón Presidente de la República de Colombia
Efraín José Cepeda Sarabia Presidente del Congreso de la República de Colombia
Iván Duque Márquez Presidente Electo de la República de Colombia
Alejandro Linares Cantillo Presidente de la Corte Constitucional de Colombia
Ciudad.
Ref. Carta sobre las Reglas de Procedimiento de la JEP e implementación del Punto 5 de Víctimas en el Congreso de la República.
El Estado que firmó la paz es el mismo que hoy le da la espalda
Las organizaciones sociales, de DD.HH. y de víctimas, y los defensores y las defensoras de Derechos Humanos abajo firmantes solicitamos al Congreso de la República y al Gobierno Nacional que cumplan con todo lo pactado, discutan y aprueben las Reglas de Procedimiento de la JEP dentro del actual periodo legislativo.
El mismo Congreso que hace unos meses votó mayoritariamente para refrendar el Acuerdo Final de paz, ahora está retrasando su implementación. El día de ayer, 18 de junio, fueron presentadas proposiciones en las plenarias de la Cámara de Representantes y Senado de la República para aplazar el trámite de las Reglas de Procedimiento de la JEP hasta que la Corte Constitucional decida sobre la exequibilidad del Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP y haya pronunciamiento del Presidente electo. Esto fue aprobado parcialmente en la Cámara, donde se acordó crear una subcomisión de estudio de todas las proposiciones, y hoy 19 de junio fue aplazada la discusión del Proyecto de Ley en la plenaria del Senado.
Dicha norma es de vital importancia para el funcionamiento de la JEP que, no sólo es un pilar esencial del Acuerdo Final de Paz, sino también es el mecanismo judicial que materializa el principio de la centralidad de las víctimas, permitiéndoles satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Por esta razón, la decisión del Congreso de aplazar la discusión y posterior votación del proyecto de Reglas de Procedimiento de la JEP les da nuevamente la espalda a las víctimas del conflicto y de la violencia sociopolítica, constituyendo además un incumplimiento del Estado en la implementación del Acuerdo Final.
Se demuestra que, por cálculos políticos, luego de la elección presidencial, se está abandonando la obligación de implementar de buena fe el Acuerdo Final, la cual sólo alcanzaba el 19,8% a principios de año y, especialmente, está dejando a un lado la implementación del Punto 5 que busca la materialización de los derechos de las víctimas con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR), la cual va en un 9,3%.
Adicionalmente, es un hecho que prende las alarmas de las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas, ya que nos encontramos ante la materialización anticipada de la propuesta del Centro Democrático, partido del Presidente electo, realizada durante la campaña: “El primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las Farc”.
Insistimos en que la paz es una política de Estado y sus instituciones deben cumplir de buena fe lo establecido en el Acuerdo Final de Paz de conformidad con el Acto Legislativo 02 de 2017 y la como lo señaló la Sentencia C 630 de 2017 sin importar quién se posesione como Presidente.
En consecuencia, primero, hacemos un llamado al Congreso de la República, especialmente al Senado, para que retome de inmediato el trámite legislativo de las Reglas de Procedimiento de la JEP, pues de esta actuación depende una adecuada y oportuna puesta en marcha de dicha Jurisdicción. Consideramos que no es necesaria la existencia de una decisión de la Corte Constitucional sobre el proyecto de ley estatutaria de la JEP en la medida que este no tiene como propósito reglamentarla, sino fijar los derechos de las víctimas y demás partes dentro de los procedimientos adelantados, lo cual se puede establecer con las normas hasta ahora promulgadas y revisadas por la Corte Constitucional.
Segundo, hacemos un llamado al Señor Iván Duque Márquez para que sea coherente con su primer discurso como presidente electo en el que anunció que gobernaría para todo un país y no sólo para los 10 millones de personas que votaron por él. Asumir el liderazgo de una Nación que transita hacia la paz luego de décadas de violencia implica la responsabilidad de conducir la implementación del Acuerdo Final de Paz, la célere puesta en marcha de la JEP, así como las demás instancias y medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas, quienes no merecen los desplantes de la bancada de su partido.
Tercero, exhortamos respetuosamente a la Corte Constitucional para que, según su reglamento, publique en el menor tiempo posible los textos de las sentencias C-630 y C-674 de 2017 referentes a los actos legislativos 01 y 02 de 2017 pendientes hace 9 meses. Además de reiterar el llamado a priorizar y adelantar con prontitud el control previo de constitucionalidad de todas las normas de implementación del Acuerdo Final de paz y, especialmente, las relacionadas con el Sistema Integral.
Finalmente, respaldamos el mensaje de urgencia emitido por el Sr Presidente Juan Manuel Santos y el anuncio de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso de la República con el propósito de dar trámite al proyecto de ley de reglas de procedimiento de la JEP, esperando que el Congreso de la República cumpla con el mandato que le ha sido otorgado por la Constitución y la Ley, y apruebe dichas Reglas de Procedimiento que benefician, en últimas, los derechos de las víctimas.
Notificaciones: Calle 16 #6 – 66, piso 25. Edificio Avianca. Bogotá D.C.
C.C. A garantes del Punto 5 del Acuerdo Final de Paz.
Alberto Brunori Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia
Yves Daccord Representante General Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Maria Camila Moreno Directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ)
Filippo Grandi Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Tommy Strömberg Embajador de Suecia en Colombia
Suscriben las siguientes:
Plataformas de DD.HH.
1. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo PCDHDD
2. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE
3. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU
Organizaciones sociales, de DD.HH. y de víctimas:
4. Asociación Carrers del Món de la ciudad de Elche en España
5. Asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS
6. Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – CAJAR
7. Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
8. Comisión Claretiana de Justicia, Paz e Integridad de la Creación Colombiana Oriental y Ecuador.
9. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP
10. Comité de Memoria y Veeduría a los procesos de Reparación Integral de El Castillo – Meta.
11. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH
12. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES
13. Coordinación Social y Política Marcha Patriótica
14. Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño – Cahucopana
15. Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
16. Corporación Jurídica Libertad – CJL
17. Corporación para la Defensa y promoción de los derechos humanos – Reiniciar
18. Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial- EQUITAS
19. Humanidad Vigente Corporación Jurídica
20. Misión Claretiana Medellín del Ariari
